Por estos días la ministra en visita Mireya López continúa con la indagatoria que, según el pre informe que entregó a la Corte Suprema a finales del año pasado, incluye las declaraciones de 212 personas.
De ellos hay nueve senadores y 16 diputados en ejercicio, además de ex parlamentarios, ex funcionarios del Ministerio del Interior, el ex ministro de Hacienda Eduardo Aninat, el ex intendente de la Novena Región, Francisco Huenchumilla, gobernadores, seremis, alcaldes, concejales, funcionarios de servicios públicos, embajadores y varios dirigentes de partidos políticos.
El informe presentado en 2015 constató que 2 mil 951 beneficiados no cumplen con los requisitos para recibir una pensión mensual de cerca de 100 mil pesos, que es otorgada desde la publicación de la Ley de Exonerados Políticos en 1993. En ese sentido, la jueza investiga el delito de entrega de certificación falsa, entendiendo por “falsa” el que los políticos no habrían constatado la veracidad de los documentos.
En ese contexto, Renovación Nacional ha realizado una serie de gestiones. Este martes una comisión del partido acudió a una cita con el Contralor General de La República, Jorge Bermúdez.
El diputado Alejandro Santana, quien estuvo presente en este encuentro, afirmó que “calculando, potencialmente podría haber un sobrepago que no se justifica dar, de alrededor de 40 millones de dólares al año y eso es mucha plata”.
Para Santana corresponde que quienes tienen el legítimo derecho mantengan el beneficio, pero que todo excedente sea devuelto. “Para ello se requiere hacer un buen trabajo con el Instituto de Previsión Social (INP), que son los pagadores, la Contraloría, Tribunales y si hay un tema de carácter legislativo, obviamente, con el Congreso”, dijo.
Este caso lleva varios años en investigación y ahora corresponde a la magistrada continuar con el proceso analizando los certificados que quedaron pendientes, ya que hace poco se detectaron 144 nuevos documentos. También se sumarán interrogatorios aplazados y que buscan verificar la efectividad de los antecedentes presentados por presuntos exonerados.
La última arista descubierta por la ministra, recientemente en enero, fue la falsificación de las firmas de los diputados de la Democracia Cristiana, Sergio Ojeda y Roberto León, y los ex parlamentarios socialistas Camilo Escalona y Francisco Encina, además de la PPD, Laura Soto, que fueron utilizadas para que los postulantes acreditaran que trabajaron en partidos políticos y pudieran adquirir los beneficios.
Desde la Nueva Mayoría mostraron una total disposición a colaborar. Así lo hizo en conversación con nuestra emisora la Senadora, Isabel Allende, quien ya declaró en la causa.
Otro de los apuntados en este caso es el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, quien sostuvo que a él también se le ha acusado de extender certificados falsos, pese a que hizo una autodenuncia ante la Fiscalía de Concepción, la que determinó que, en caso de que existiera alguna ilegalidad, de todas maneras estaría prescrita.
“Hemos dado la cara y vamos a responder ante todos los certificados que firmaron porque no hay nada ilegal. Los exonerados existieron y si alguno faltó a la verdad y presentó antecedentes falsos, tiene que ser perseguido penalmente y debe devolver el beneficio”, remató el parlamentario.
Por estos días la ministra en visita Mireya López continúa con la indagatoria que, según el pre informe que entregó a la Corte Suprema a finales del año pasado, incluye las declaraciones de 212 personas.
De ellos hay nueve senadores y 16 diputados en ejercicio, además de ex parlamentarios, ex funcionarios del Ministerio del Interior, el ex ministro de Hacienda Eduardo Aninat, el ex intendente de la Novena Región, Francisco Huenchumilla, gobernadores, seremis, alcaldes, concejales, funcionarios de servicios públicos, embajadores y varios dirigentes de partidos políticos.
El informe presentado en 2015 constató que 2 mil 951 beneficiados no cumplen con los requisitos para recibir una pensión mensual de cerca de 100 mil pesos, que es otorgada desde la publicación de la Ley de Exonerados Políticos en 1993. En ese sentido, la jueza investiga el delito de entrega de certificación falsa, entendiendo por “falsa” el que los políticos no habrían constatado la veracidad de los documentos.
En ese contexto, Renovación Nacional ha realizado una serie de gestiones. Este martes una comisión del partido acudió a una cita con el Contralor General de La República, Jorge Bermúdez.
El diputado Alejandro Santana, quien estuvo presente en este encuentro, afirmó que “calculando, potencialmente podría haber un sobrepago que no se justifica dar, de alrededor de 40 millones de dólares al año y eso es mucha plata”.
Para Santana corresponde que quienes tienen el legítimo derecho mantengan el beneficio, pero que todo excedente sea devuelto. “Para ello se requiere hacer un buen trabajo con el Instituto de Previsión Social (INP), que son los pagadores, la Contraloría, Tribunales y si hay un tema de carácter legislativo, obviamente, con el Congreso”, dijo.
Este caso lleva varios años en investigación y ahora corresponde a la magistrada continuar con el proceso analizando los certificados que quedaron pendientes, ya que hace poco se detectaron 144 nuevos documentos. También se sumarán interrogatorios aplazados y que buscan verificar la efectividad de los antecedentes presentados por presuntos exonerados.
La última arista descubierta por la ministra, recientemente en enero, fue la falsificación de las firmas de los diputados de la Democracia Cristiana, Sergio Ojeda y Roberto León, y los ex parlamentarios socialistas Camilo Escalona y Francisco Encina, además de la PPD, Laura Soto, que fueron utilizadas para que los postulantes acreditaran que trabajaron en partidos políticos y pudieran adquirir los beneficios.
Desde la Nueva Mayoría mostraron una total disposición a colaborar. Así lo hizo en conversación con nuestra emisora la Senadora, Isabel Allende, quien ya declaró en la causa.
Otro de los apuntados en este caso es el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, quien sostuvo que a él también se le ha acusado de extender certificados falsos, pese a que hizo una autodenuncia ante la Fiscalía de Concepción, la que determinó que, en caso de que existiera alguna ilegalidad, de todas maneras estaría prescrita.
“Hemos dado la cara y vamos a responder ante todos los certificados que firmaron porque no hay nada ilegal. Los exonerados existieron y si alguno faltó a la verdad y presentó antecedentes falsos, tiene que ser perseguido penalmente y debe devolver el beneficio”, remató el parlamentario.
Por estos días la ministra en visita Mireya López continúa con la indagatoria que, según el pre informe que entregó a la Corte Suprema a finales del año pasado, incluye las declaraciones de 212 personas.
De ellos hay nueve senadores y 16 diputados en ejercicio, además de ex parlamentarios, ex funcionarios del Ministerio del Interior, el ex ministro de Hacienda Eduardo Aninat, el ex intendente de la Novena Región, Francisco Huenchumilla, gobernadores, seremis, alcaldes, concejales, funcionarios de servicios públicos, embajadores y varios dirigentes de partidos políticos.
El informe presentado en 2015 constató que 2 mil 951 beneficiados no cumplen con los requisitos para recibir una pensión mensual de cerca de 100 mil pesos, que es otorgada desde la publicación de la Ley de Exonerados Políticos en 1993. En ese sentido, la jueza investiga el delito de entrega de certificación falsa, entendiendo por “falsa” el que los políticos no habrían constatado la veracidad de los documentos.
En ese contexto, Renovación Nacional ha realizado una serie de gestiones. Este martes una comisión del partido acudió a una cita con el Contralor General de La República, Jorge Bermúdez.
El diputado Alejandro Santana, quien estuvo presente en este encuentro, afirmó que “calculando, potencialmente podría haber un sobrepago que no se justifica dar, de alrededor de 40 millones de dólares al año y eso es mucha plata”.
Para Santana corresponde que quienes tienen el legítimo derecho mantengan el beneficio, pero que todo excedente sea devuelto. “Para ello se requiere hacer un buen trabajo con el Instituto de Previsión Social (INP), que son los pagadores, la Contraloría, Tribunales y si hay un tema de carácter legislativo, obviamente, con el Congreso”, dijo.
Este caso lleva varios años en investigación y ahora corresponde a la magistrada continuar con el proceso analizando los certificados que quedaron pendientes, ya que hace poco se detectaron 144 nuevos documentos. También se sumarán interrogatorios aplazados y que buscan verificar la efectividad de los antecedentes presentados por presuntos exonerados.
La última arista descubierta por la ministra, recientemente en enero, fue la falsificación de las firmas de los diputados de la Democracia Cristiana, Sergio Ojeda y Roberto León, y los ex parlamentarios socialistas Camilo Escalona y Francisco Encina, además de la PPD, Laura Soto, que fueron utilizadas para que los postulantes acreditaran que trabajaron en partidos políticos y pudieran adquirir los beneficios.
Desde la Nueva Mayoría mostraron una total disposición a colaborar. Así lo hizo en conversación con nuestra emisora la Senadora, Isabel Allende, quien ya declaró en la causa.
Otro de los apuntados en este caso es el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, quien sostuvo que a él también se le ha acusado de extender certificados falsos, pese a que hizo una autodenuncia ante la Fiscalía de Concepción, la que determinó que, en caso de que existiera alguna ilegalidad, de todas maneras estaría prescrita.
“Hemos dado la cara y vamos a responder ante todos los certificados que firmaron porque no hay nada ilegal. Los exonerados existieron y si alguno faltó a la verdad y presentó antecedentes falsos, tiene que ser perseguido penalmente y debe devolver el beneficio”, remató el parlamentario.
