La última encuesta Cadem reveló que más del 70 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con el control preventivo de identidad. Al respecto, la diputada RN integrante de la Comisión de Seguridad Marcela Sabat indicó que el proyecto de “Ley Agenda Corta Antidelincuencia”, que se tramita en el Congreso, contiene una medida respaldada por las personas y por Carabineros. Así, añadió que “quizás es impopular al interior de la Nueva Mayoría, pero la ciudadanía no puede estar pagando con su temor”.
En tanto, representantes de organizaciones sociales, académicos y el senador socialista Alfonso de Urresti, fueron al Instituto de Derechos Humanos para hacer entrega de una carta pública con reflexiones en contra de dicho proyecto de ley, en el que ven incluso un sesgo de clase.
En la misiva aseguran que las modificaciones se limitan a incrementar la represión en el caso de delitos contra la propiedad, mediante un doble endurecimiento de las penas.
Asimismo, se cuestionó el llamado “control preventivo de identidad”, con el argumento de que se prestará para la consolidación de prácticas abusivas. “Que trabaje mejor la policía con el Ministerio Público, ahí es donde creemos que hay contradicción, conflicto donde tenemos que apuntar. Sin perjuicio de eso, hay que avanzar en el país a tener un nuevo Código Penal”, recalcó el senador Alfonso de Urresti.
El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, se detuvo en los cambios al cuerpo normativo, que para él deberían apuntar a generar parámetros de proporcionalidad traducidos también, en persecuciones de delitos de “cuello blanco” y en general, de criminalidad empresarial.
“Es modificar de modo ad hoc un conjunto de definiciones que tienen impacto directo en qué penas se imponen, con qué envergadura, de qué extensión, con qué modalidad, sin que ello esté siendo sistemáticamente estudiado desde un punto de vista más global. Es precisamente este último punto el que tendría que ser objeto de un ejercicio de voluntad política rigurosa y seria, el actual Gobierno tiene a su disposición un anteproyecto de nuevo Código Penal”, dijo.
En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, advirtió que el sesgo de discriminación que tiene la sociedad y los carabineros será determinante.“La seguridad es un derecho humano, pero no se resuelve masificando las medidas y no importando a quien le caigan. La inseguridad tiene que combatirse con las herramientas del Estado de Derecho, con las herramientas de la democracia y eso pasa, por el respeto a los derechos humanos”, comentó.
Esta semana se espera que el proyecto sea votado en la Sala de la Cámara Alta para luego, pasar a Comisión Mixta, donde los parlamentarios en contra de la iniciativa intentarán reponer algunas indicaciones.
La última encuesta Cadem reveló que más del 70 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con el control preventivo de identidad. Al respecto, la diputada RN integrante de la Comisión de Seguridad Marcela Sabat indicó que el proyecto de “Ley Agenda Corta Antidelincuencia”, que se tramita en el Congreso, contiene una medida respaldada por las personas y por Carabineros. Así, añadió que “quizás es impopular al interior de la Nueva Mayoría, pero la ciudadanía no puede estar pagando con su temor”.
En tanto, representantes de organizaciones sociales, académicos y el senador socialista Alfonso de Urresti, fueron al Instituto de Derechos Humanos para hacer entrega de una carta pública con reflexiones en contra de dicho proyecto de ley, en el que ven incluso un sesgo de clase.
En la misiva aseguran que las modificaciones se limitan a incrementar la represión en el caso de delitos contra la propiedad, mediante un doble endurecimiento de las penas.
Asimismo, se cuestionó el llamado “control preventivo de identidad”, con el argumento de que se prestará para la consolidación de prácticas abusivas. “Que trabaje mejor la policía con el Ministerio Público, ahí es donde creemos que hay contradicción, conflicto donde tenemos que apuntar. Sin perjuicio de eso, hay que avanzar en el país a tener un nuevo Código Penal”, recalcó el senador Alfonso de Urresti.
El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, se detuvo en los cambios al cuerpo normativo, que para él deberían apuntar a generar parámetros de proporcionalidad traducidos también, en persecuciones de delitos de “cuello blanco” y en general, de criminalidad empresarial.
“Es modificar de modo ad hoc un conjunto de definiciones que tienen impacto directo en qué penas se imponen, con qué envergadura, de qué extensión, con qué modalidad, sin que ello esté siendo sistemáticamente estudiado desde un punto de vista más global. Es precisamente este último punto el que tendría que ser objeto de un ejercicio de voluntad política rigurosa y seria, el actual Gobierno tiene a su disposición un anteproyecto de nuevo Código Penal”, dijo.
En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, advirtió que el sesgo de discriminación que tiene la sociedad y los carabineros será determinante.“La seguridad es un derecho humano, pero no se resuelve masificando las medidas y no importando a quien le caigan. La inseguridad tiene que combatirse con las herramientas del Estado de Derecho, con las herramientas de la democracia y eso pasa, por el respeto a los derechos humanos”, comentó.
Esta semana se espera que el proyecto sea votado en la Sala de la Cámara Alta para luego, pasar a Comisión Mixta, donde los parlamentarios en contra de la iniciativa intentarán reponer algunas indicaciones.
La última encuesta Cadem reveló que más del 70 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con el control preventivo de identidad. Al respecto, la diputada RN integrante de la Comisión de Seguridad Marcela Sabat indicó que el proyecto de “Ley Agenda Corta Antidelincuencia”, que se tramita en el Congreso, contiene una medida respaldada por las personas y por Carabineros. Así, añadió que “quizás es impopular al interior de la Nueva Mayoría, pero la ciudadanía no puede estar pagando con su temor”.
En tanto, representantes de organizaciones sociales, académicos y el senador socialista Alfonso de Urresti, fueron al Instituto de Derechos Humanos para hacer entrega de una carta pública con reflexiones en contra de dicho proyecto de ley, en el que ven incluso un sesgo de clase.
En la misiva aseguran que las modificaciones se limitan a incrementar la represión en el caso de delitos contra la propiedad, mediante un doble endurecimiento de las penas.
Asimismo, se cuestionó el llamado “control preventivo de identidad”, con el argumento de que se prestará para la consolidación de prácticas abusivas. “Que trabaje mejor la policía con el Ministerio Público, ahí es donde creemos que hay contradicción, conflicto donde tenemos que apuntar. Sin perjuicio de eso, hay que avanzar en el país a tener un nuevo Código Penal”, recalcó el senador Alfonso de Urresti.
El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, se detuvo en los cambios al cuerpo normativo, que para él deberían apuntar a generar parámetros de proporcionalidad traducidos también, en persecuciones de delitos de “cuello blanco” y en general, de criminalidad empresarial.
“Es modificar de modo ad hoc un conjunto de definiciones que tienen impacto directo en qué penas se imponen, con qué envergadura, de qué extensión, con qué modalidad, sin que ello esté siendo sistemáticamente estudiado desde un punto de vista más global. Es precisamente este último punto el que tendría que ser objeto de un ejercicio de voluntad política rigurosa y seria, el actual Gobierno tiene a su disposición un anteproyecto de nuevo Código Penal”, dijo.
En tanto, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, advirtió que el sesgo de discriminación que tiene la sociedad y los carabineros será determinante.“La seguridad es un derecho humano, pero no se resuelve masificando las medidas y no importando a quien le caigan. La inseguridad tiene que combatirse con las herramientas del Estado de Derecho, con las herramientas de la democracia y eso pasa, por el respeto a los derechos humanos”, comentó.
Esta semana se espera que el proyecto sea votado en la Sala de la Cámara Alta para luego, pasar a Comisión Mixta, donde los parlamentarios en contra de la iniciativa intentarán reponer algunas indicaciones.
