Al cumplirse el segundo año de gobierno de Michelle Bachelet, la Fundación Ciudadano Inteligente presentó una nueva versión del estudio “Del Dicho al Hecho” que busca analizar en detalle las promesas legislativas de gobierno y revisar su cumplimiento.
A estas alturas, la presidenta alcanza exactamente un 24,9 por ciento de avance en las promesas contenidas del programa, cifra similar a la que mostraba el ex Presidente Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato; un 24 por ciento. La diferencia está en que éste realizó 156 promesas legislativas y el programa de la actual administración contiene cerca de 200 compromisos.
Las áreas en las que hay más avances son Energía con un 66 por ciento, Salud con un 57 por ciento y Educación con un 55 por ciento. Sin embargo, los tres ámbitos donde se registran las bajas muestran un avance de un cero por ciento.
Así lo sostuvo Rodrigo Echecopar, sub director de Fundación Ciudadano Inteligente: “Al otro extremo, donde no hay ningún avance uno ve Defensa, Municipios, Cultura y Discapacidad. En Defensa habían promesas que nosotros creíamos que eran muy relevantes para la ciudadanía, como modificar la Ley Reservada del Cobre o hacer una reforma a la Justicia Militar y allí no hay ninguna iniciativa legal para hacer las modificaciones correspondientes”.
Bajos niveles de cumplimiento muestran también las áreas de Minería con un tres por ciento y Vivienda y Urbanismo con un 2,5 por ciento, cifra cuestionada por organizaciones de deudores habitacionales y organismos dedicados a la reconstrucción.
El especialista añadió que es importante considerar que se han presentado varias iniciativas que no estaban relacionadas con el programa y que están al margen de la metodología, como la Agenda de Probidad y Transparencia, impulsada en el contexto del surgimiento de casos de corrupción y una crisis de credibilidad de la clase política, lo que motivó al formación de una comisión avocada al tema. De las iniciativas presentadas, afirmó, se ha cumplido un 50 por ciento.
No obstante hay quienes presentan sus reparos cuando una instancia similar, la Comisión para la Descentralización, creada en medio de un auge de las movilizaciones regionales a lo largo de todo el país, no ha sido priorizada, alcanzando un 11 por ciento de avance.
En ese sentido, Echecopar afirmó que las autoridades deben acelerar el tranco, para llegar a un nivel de cumplimiento total similar al del anterior gobierno, que alcanzó un 70 por ciento.
“Si estamos al segundo año de gobierno y llevamos sólo un 25 por ciento de avance uno puede pensar que: o hay demasiadas promesas o no hay una voluntad o capacidad para llevar adelante todo lo que se va planteando. Uno esperaría que estos últimos años se empiecen a tomar en cuenta las promesas que se hicieron y se alcance un cumplimiento similar al del gobierno anterior”, afirmó.
Esto cuando hay llamados de acción a los sectores intermedios altos como son, por nombrar algunos: Derechos Humanos, donde destaca como pendiente el fin de la Amnistía a los delitos de lesa humanidad; Democracia, donde figura el proceso constitucional y la creación del Defensor del Pueblo; y, curiosamente, Equidad de Género donde está ausente la prometida Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
Con más fuerza se expresan los sectores con menos avance como, por ejemplo: Medio Ambiente, donde sigue pendiente la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); Pesca, donde la anulación o revisión de la legislación sigue haciendo polémica; o Pueblos Indígenas, a la espera de la conformación de un ministerio y con fuertes críticas a la institucionalidad presente.
Al cumplirse el segundo año de gobierno de Michelle Bachelet, la Fundación Ciudadano Inteligente presentó una nueva versión del estudio “Del Dicho al Hecho” que busca analizar en detalle las promesas legislativas de gobierno y revisar su cumplimiento.
A estas alturas, la presidenta alcanza exactamente un 24,9 por ciento de avance en las promesas contenidas del programa, cifra similar a la que mostraba el ex Presidente Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato; un 24 por ciento. La diferencia está en que éste realizó 156 promesas legislativas y el programa de la actual administración contiene cerca de 200 compromisos.
Las áreas en las que hay más avances son Energía con un 66 por ciento, Salud con un 57 por ciento y Educación con un 55 por ciento. Sin embargo, los tres ámbitos donde se registran las bajas muestran un avance de un cero por ciento.
Así lo sostuvo Rodrigo Echecopar, sub director de Fundación Ciudadano Inteligente: “Al otro extremo, donde no hay ningún avance uno ve Defensa, Municipios, Cultura y Discapacidad. En Defensa habían promesas que nosotros creíamos que eran muy relevantes para la ciudadanía, como modificar la Ley Reservada del Cobre o hacer una reforma a la Justicia Militar y allí no hay ninguna iniciativa legal para hacer las modificaciones correspondientes”.
Bajos niveles de cumplimiento muestran también las áreas de Minería con un tres por ciento y Vivienda y Urbanismo con un 2,5 por ciento, cifra cuestionada por organizaciones de deudores habitacionales y organismos dedicados a la reconstrucción.
El especialista añadió que es importante considerar que se han presentado varias iniciativas que no estaban relacionadas con el programa y que están al margen de la metodología, como la Agenda de Probidad y Transparencia, impulsada en el contexto del surgimiento de casos de corrupción y una crisis de credibilidad de la clase política, lo que motivó al formación de una comisión avocada al tema. De las iniciativas presentadas, afirmó, se ha cumplido un 50 por ciento.
No obstante hay quienes presentan sus reparos cuando una instancia similar, la Comisión para la Descentralización, creada en medio de un auge de las movilizaciones regionales a lo largo de todo el país, no ha sido priorizada, alcanzando un 11 por ciento de avance.
En ese sentido, Echecopar afirmó que las autoridades deben acelerar el tranco, para llegar a un nivel de cumplimiento total similar al del anterior gobierno, que alcanzó un 70 por ciento.
“Si estamos al segundo año de gobierno y llevamos sólo un 25 por ciento de avance uno puede pensar que: o hay demasiadas promesas o no hay una voluntad o capacidad para llevar adelante todo lo que se va planteando. Uno esperaría que estos últimos años se empiecen a tomar en cuenta las promesas que se hicieron y se alcance un cumplimiento similar al del gobierno anterior”, afirmó.
Esto cuando hay llamados de acción a los sectores intermedios altos como son, por nombrar algunos: Derechos Humanos, donde destaca como pendiente el fin de la Amnistía a los delitos de lesa humanidad; Democracia, donde figura el proceso constitucional y la creación del Defensor del Pueblo; y, curiosamente, Equidad de Género donde está ausente la prometida Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
Con más fuerza se expresan los sectores con menos avance como, por ejemplo: Medio Ambiente, donde sigue pendiente la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); Pesca, donde la anulación o revisión de la legislación sigue haciendo polémica; o Pueblos Indígenas, a la espera de la conformación de un ministerio y con fuertes críticas a la institucionalidad presente.
Al cumplirse el segundo año de gobierno de Michelle Bachelet, la Fundación Ciudadano Inteligente presentó una nueva versión del estudio “Del Dicho al Hecho” que busca analizar en detalle las promesas legislativas de gobierno y revisar su cumplimiento.
A estas alturas, la presidenta alcanza exactamente un 24,9 por ciento de avance en las promesas contenidas del programa, cifra similar a la que mostraba el ex Presidente Sebastián Piñera en la misma etapa de su mandato; un 24 por ciento. La diferencia está en que éste realizó 156 promesas legislativas y el programa de la actual administración contiene cerca de 200 compromisos.
Las áreas en las que hay más avances son Energía con un 66 por ciento, Salud con un 57 por ciento y Educación con un 55 por ciento. Sin embargo, los tres ámbitos donde se registran las bajas muestran un avance de un cero por ciento.
Así lo sostuvo Rodrigo Echecopar, sub director de Fundación Ciudadano Inteligente: “Al otro extremo, donde no hay ningún avance uno ve Defensa, Municipios, Cultura y Discapacidad. En Defensa habían promesas que nosotros creíamos que eran muy relevantes para la ciudadanía, como modificar la Ley Reservada del Cobre o hacer una reforma a la Justicia Militar y allí no hay ninguna iniciativa legal para hacer las modificaciones correspondientes”.
Bajos niveles de cumplimiento muestran también las áreas de Minería con un tres por ciento y Vivienda y Urbanismo con un 2,5 por ciento, cifra cuestionada por organizaciones de deudores habitacionales y organismos dedicados a la reconstrucción.
El especialista añadió que es importante considerar que se han presentado varias iniciativas que no estaban relacionadas con el programa y que están al margen de la metodología, como la Agenda de Probidad y Transparencia, impulsada en el contexto del surgimiento de casos de corrupción y una crisis de credibilidad de la clase política, lo que motivó al formación de una comisión avocada al tema. De las iniciativas presentadas, afirmó, se ha cumplido un 50 por ciento.
No obstante hay quienes presentan sus reparos cuando una instancia similar, la Comisión para la Descentralización, creada en medio de un auge de las movilizaciones regionales a lo largo de todo el país, no ha sido priorizada, alcanzando un 11 por ciento de avance.
En ese sentido, Echecopar afirmó que las autoridades deben acelerar el tranco, para llegar a un nivel de cumplimiento total similar al del anterior gobierno, que alcanzó un 70 por ciento.
“Si estamos al segundo año de gobierno y llevamos sólo un 25 por ciento de avance uno puede pensar que: o hay demasiadas promesas o no hay una voluntad o capacidad para llevar adelante todo lo que se va planteando. Uno esperaría que estos últimos años se empiecen a tomar en cuenta las promesas que se hicieron y se alcance un cumplimiento similar al del gobierno anterior”, afirmó.
Esto cuando hay llamados de acción a los sectores intermedios altos como son, por nombrar algunos: Derechos Humanos, donde destaca como pendiente el fin de la Amnistía a los delitos de lesa humanidad; Democracia, donde figura el proceso constitucional y la creación del Defensor del Pueblo; y, curiosamente, Equidad de Género donde está ausente la prometida Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
Con más fuerza se expresan los sectores con menos avance como, por ejemplo: Medio Ambiente, donde sigue pendiente la esperada reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); Pesca, donde la anulación o revisión de la legislación sigue haciendo polémica; o Pueblos Indígenas, a la espera de la conformación de un ministerio y con fuertes críticas a la institucionalidad presente.
