El ministro de Economía Luis Felipe Céspedes explicó que se logró consensuar que sólo una vez que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) emita una sentencia final, por ejemplo, una multa, y esta sea ejecutoriada, el Ministerio Público podrá abrir el caso en su arista penal para perseguir responsabilidades.
La medida busca evitar los juicios paralelos y “asegurar que haya un trabajo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público” en los casos. Esto con la finalidad de poder sancionar a los ejecutivos que participen en acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado con penas de entre cinco y diez años cárcel.
Sin embargo, pese al acuerdo, surgió una nueva dificultad relacionada con la efectividad de las pruebas, es decir, que éstas realmente permitan la persecución del delito. “Entones, desde la colusión pueden pasar tres años hasta que la Fiscalía recién pueda iniciar la investigación penal”, explicó Pedro Araya, senador independiente, integrante de la instancia en la Cámara Alta.
El parlamentario añadió que eso es más o menos lo que demora el proceso de la FNE. El problema es cómo cautelar que las pruebas que levantan después sirvan en el proceso penal, porque en tres años podría ocurrir, por ejemplo, que el gerente a cargo de una colusión se haya ido del país. Eso sin contar la posibilidad de que las pruebas sean alteradas o la información borrada.
Una de las mayores dificultades que existe es el roce de competencias ente la FNE y el Ministerio Público. Así lo puso en evidencia la disputa por la entrega de antecedentes en el caso de colusión de las papeleras CMPC y la firma sueca SCA, que enfrentó a la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre competencia (TDLC) con el Ministerio Público.
En ese sentido, los consumidores miran con preocupación el proceso, toda vez que la contienda de atribuciones deja rezagada la postura de una de las partes más relevantes del proceso: los afectados.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), señaló que “esta contienda de atribuciones, ya lo dijimos cuando expusimos ante el Senado, trae un costo enorme para los consumidores, porque paraliza el proceso, se desvía el tema de procedimientos y todo se hace una demora eterna”.
El especialista afirmó que no se ha podido revisar en el Congreso el resarcimiento del consumidor. En esa línea sostuvo que el proyecto “no puede salir del Parlamento sin un acápite que asegure la necesidad de compensar de comprobarse que existe colusión”.
La próxima sesión de la Comisión de Constitución que revisa el proyecto es el próximo lunes a las 16 horas. Según señalan los parlamentarios la iniciativa podría estar allí unas dos o tres semanas más, para luego pasar a la Sala del Senado durante la primera semana de abril. A eso le sigue su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, con lo que es probable que la discusión pase de mediados de abril, fecha tentativa del Gobierno para su aprobación.
El ministro de Economía Luis Felipe Céspedes explicó que se logró consensuar que sólo una vez que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) emita una sentencia final, por ejemplo, una multa, y esta sea ejecutoriada, el Ministerio Público podrá abrir el caso en su arista penal para perseguir responsabilidades.
La medida busca evitar los juicios paralelos y “asegurar que haya un trabajo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público” en los casos. Esto con la finalidad de poder sancionar a los ejecutivos que participen en acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado con penas de entre cinco y diez años cárcel.
Sin embargo, pese al acuerdo, surgió una nueva dificultad relacionada con la efectividad de las pruebas, es decir, que éstas realmente permitan la persecución del delito. “Entones, desde la colusión pueden pasar tres años hasta que la Fiscalía recién pueda iniciar la investigación penal”, explicó Pedro Araya, senador independiente, integrante de la instancia en la Cámara Alta.
El parlamentario añadió que eso es más o menos lo que demora el proceso de la FNE. El problema es cómo cautelar que las pruebas que levantan después sirvan en el proceso penal, porque en tres años podría ocurrir, por ejemplo, que el gerente a cargo de una colusión se haya ido del país. Eso sin contar la posibilidad de que las pruebas sean alteradas o la información borrada.
Una de las mayores dificultades que existe es el roce de competencias ente la FNE y el Ministerio Público. Así lo puso en evidencia la disputa por la entrega de antecedentes en el caso de colusión de las papeleras CMPC y la firma sueca SCA, que enfrentó a la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre competencia (TDLC) con el Ministerio Público.
En ese sentido, los consumidores miran con preocupación el proceso, toda vez que la contienda de atribuciones deja rezagada la postura de una de las partes más relevantes del proceso: los afectados.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), señaló que “esta contienda de atribuciones, ya lo dijimos cuando expusimos ante el Senado, trae un costo enorme para los consumidores, porque paraliza el proceso, se desvía el tema de procedimientos y todo se hace una demora eterna”.
El especialista afirmó que no se ha podido revisar en el Congreso el resarcimiento del consumidor. En esa línea sostuvo que el proyecto “no puede salir del Parlamento sin un acápite que asegure la necesidad de compensar de comprobarse que existe colusión”.
La próxima sesión de la Comisión de Constitución que revisa el proyecto es el próximo lunes a las 16 horas. Según señalan los parlamentarios la iniciativa podría estar allí unas dos o tres semanas más, para luego pasar a la Sala del Senado durante la primera semana de abril. A eso le sigue su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, con lo que es probable que la discusión pase de mediados de abril, fecha tentativa del Gobierno para su aprobación.
El ministro de Economía Luis Felipe Céspedes explicó que se logró consensuar que sólo una vez que el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) emita una sentencia final, por ejemplo, una multa, y esta sea ejecutoriada, el Ministerio Público podrá abrir el caso en su arista penal para perseguir responsabilidades.
La medida busca evitar los juicios paralelos y “asegurar que haya un trabajo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público” en los casos. Esto con la finalidad de poder sancionar a los ejecutivos que participen en acuerdos para fijar precios o repartirse el mercado con penas de entre cinco y diez años cárcel.
Sin embargo, pese al acuerdo, surgió una nueva dificultad relacionada con la efectividad de las pruebas, es decir, que éstas realmente permitan la persecución del delito. “Entones, desde la colusión pueden pasar tres años hasta que la Fiscalía recién pueda iniciar la investigación penal”, explicó Pedro Araya, senador independiente, integrante de la instancia en la Cámara Alta.
El parlamentario añadió que eso es más o menos lo que demora el proceso de la FNE. El problema es cómo cautelar que las pruebas que levantan después sirvan en el proceso penal, porque en tres años podría ocurrir, por ejemplo, que el gerente a cargo de una colusión se haya ido del país. Eso sin contar la posibilidad de que las pruebas sean alteradas o la información borrada.
Una de las mayores dificultades que existe es el roce de competencias ente la FNE y el Ministerio Público. Así lo puso en evidencia la disputa por la entrega de antecedentes en el caso de colusión de las papeleras CMPC y la firma sueca SCA, que enfrentó a la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre competencia (TDLC) con el Ministerio Público.
En ese sentido, los consumidores miran con preocupación el proceso, toda vez que la contienda de atribuciones deja rezagada la postura de una de las partes más relevantes del proceso: los afectados.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), señaló que “esta contienda de atribuciones, ya lo dijimos cuando expusimos ante el Senado, trae un costo enorme para los consumidores, porque paraliza el proceso, se desvía el tema de procedimientos y todo se hace una demora eterna”.
El especialista afirmó que no se ha podido revisar en el Congreso el resarcimiento del consumidor. En esa línea sostuvo que el proyecto “no puede salir del Parlamento sin un acápite que asegure la necesidad de compensar de comprobarse que existe colusión”.
La próxima sesión de la Comisión de Constitución que revisa el proyecto es el próximo lunes a las 16 horas. Según señalan los parlamentarios la iniciativa podría estar allí unas dos o tres semanas más, para luego pasar a la Sala del Senado durante la primera semana de abril. A eso le sigue su tercer trámite constitucional en la Cámara Baja, con lo que es probable que la discusión pase de mediados de abril, fecha tentativa del Gobierno para su aprobación.
