Organizaciones sindicales y de salud se mostraron en contra de la decisión del nuevo superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en relación con los casos de fusiones de AFP. Esto luego de que el martes recién pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la comisión investigadora parlamentaria, considerara que se entregó una solución en concordancia con lo expuesto por la Contraloría.
“Los potenciales defectos observados tanto por Contraloría como por la Superintendencia, no justifican una invalidación de las decisiones ya adoptadas, atendiendo que las AFP habrían logrado los mismos objetivos a través de otras vías también legales”, señaló el secretario de Estado.
Recordemos que la Contraloría en su informe advierte que para prevenir situaciones como las hoy cuestionadas, se debería emprender un estudio de reforma legislativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial y que considere la participación de AFP.
No obstante, para los representantes de la Coordinadora No + AFP, esta elusión tributaria ocasiona un grave daño a las arcas fiscales, así lo aseguró el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Esteban Maturana.
“Aquí se producen unas ‘fusiones truchas’ y que van a significar que con un mecanismo de evasión o elusión sancionados por Contraloría como ilegales e inadecuados, se van a dejar de pagar 300 millones de dólares de impuestos al fisco. Es decir, hay un daño patrimonial, un daño contundente al erario”.
Maturana espera que la Superintendencia de Pensiones realice una investigación a fondo en la que se involucre la Fiscalía Nacional Económica.
En tanto, el Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, Luis Mesina, reprochó la conducta del Ministro de Hacienda.
“Los superintendentes finalmente son un instrumento de esta gran política. Nos preocupa que la autoridad máxima (ministro de Hacienda) haya tenido reuniones en Nueva York con los mayores accionistas de Provida. Estamos frente a un tema que merece el más rotundo rechazo y sin embargo, quienes debieran estar llenando las declaraciones públicas respecto de esta conducta espuria de un funcionario público, no lo están haciendo porque las AFP abiertamente están financiando a esta casta política”.
Mesina sostuvo que ya no hay confianza en la ciudadanía, menos cuando el superintendente recién llegado, validó la decisión de su antecesora, Tamara Agnic, quien según los trabajadores autorizó las creaciones de las “empresas de papel” y por este hecho, debió renunciar a su cargo.
En consecuencia, exigen la inmediata renuncia del actual superintendente, que en su opinión, se revela contra la autoridad de la Contraloría y la Ministra del Trabajo.
Organizaciones sindicales y de salud se mostraron en contra de la decisión del nuevo superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en relación con los casos de fusiones de AFP. Esto luego de que el martes recién pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la comisión investigadora parlamentaria, considerara que se entregó una solución en concordancia con lo expuesto por la Contraloría.
“Los potenciales defectos observados tanto por Contraloría como por la Superintendencia, no justifican una invalidación de las decisiones ya adoptadas, atendiendo que las AFP habrían logrado los mismos objetivos a través de otras vías también legales”, señaló el secretario de Estado.
Recordemos que la Contraloría en su informe advierte que para prevenir situaciones como las hoy cuestionadas, se debería emprender un estudio de reforma legislativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial y que considere la participación de AFP.
No obstante, para los representantes de la Coordinadora No + AFP, esta elusión tributaria ocasiona un grave daño a las arcas fiscales, así lo aseguró el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Esteban Maturana.
“Aquí se producen unas ‘fusiones truchas’ y que van a significar que con un mecanismo de evasión o elusión sancionados por Contraloría como ilegales e inadecuados, se van a dejar de pagar 300 millones de dólares de impuestos al fisco. Es decir, hay un daño patrimonial, un daño contundente al erario”.
Maturana espera que la Superintendencia de Pensiones realice una investigación a fondo en la que se involucre la Fiscalía Nacional Económica.
En tanto, el Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, Luis Mesina, reprochó la conducta del Ministro de Hacienda.
“Los superintendentes finalmente son un instrumento de esta gran política. Nos preocupa que la autoridad máxima (ministro de Hacienda) haya tenido reuniones en Nueva York con los mayores accionistas de Provida. Estamos frente a un tema que merece el más rotundo rechazo y sin embargo, quienes debieran estar llenando las declaraciones públicas respecto de esta conducta espuria de un funcionario público, no lo están haciendo porque las AFP abiertamente están financiando a esta casta política”.
Mesina sostuvo que ya no hay confianza en la ciudadanía, menos cuando el superintendente recién llegado, validó la decisión de su antecesora, Tamara Agnic, quien según los trabajadores autorizó las creaciones de las “empresas de papel” y por este hecho, debió renunciar a su cargo.
En consecuencia, exigen la inmediata renuncia del actual superintendente, que en su opinión, se revela contra la autoridad de la Contraloría y la Ministra del Trabajo.
Organizaciones sindicales y de salud se mostraron en contra de la decisión del nuevo superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en relación con los casos de fusiones de AFP. Esto luego de que el martes recién pasado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la comisión investigadora parlamentaria, considerara que se entregó una solución en concordancia con lo expuesto por la Contraloría.
“Los potenciales defectos observados tanto por Contraloría como por la Superintendencia, no justifican una invalidación de las decisiones ya adoptadas, atendiendo que las AFP habrían logrado los mismos objetivos a través de otras vías también legales”, señaló el secretario de Estado.
Recordemos que la Contraloría en su informe advierte que para prevenir situaciones como las hoy cuestionadas, se debería emprender un estudio de reforma legislativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial y que considere la participación de AFP.
No obstante, para los representantes de la Coordinadora No + AFP, esta elusión tributaria ocasiona un grave daño a las arcas fiscales, así lo aseguró el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, Esteban Maturana.
“Aquí se producen unas ‘fusiones truchas’ y que van a significar que con un mecanismo de evasión o elusión sancionados por Contraloría como ilegales e inadecuados, se van a dejar de pagar 300 millones de dólares de impuestos al fisco. Es decir, hay un daño patrimonial, un daño contundente al erario”.
Maturana espera que la Superintendencia de Pensiones realice una investigación a fondo en la que se involucre la Fiscalía Nacional Económica.
En tanto, el Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, Luis Mesina, reprochó la conducta del Ministro de Hacienda.
“Los superintendentes finalmente son un instrumento de esta gran política. Nos preocupa que la autoridad máxima (ministro de Hacienda) haya tenido reuniones en Nueva York con los mayores accionistas de Provida. Estamos frente a un tema que merece el más rotundo rechazo y sin embargo, quienes debieran estar llenando las declaraciones públicas respecto de esta conducta espuria de un funcionario público, no lo están haciendo porque las AFP abiertamente están financiando a esta casta política”.
Mesina sostuvo que ya no hay confianza en la ciudadanía, menos cuando el superintendente recién llegado, validó la decisión de su antecesora, Tamara Agnic, quien según los trabajadores autorizó las creaciones de las “empresas de papel” y por este hecho, debió renunciar a su cargo.
En consecuencia, exigen la inmediata renuncia del actual superintendente, que en su opinión, se revela contra la autoridad de la Contraloría y la Ministra del Trabajo.
