Este domingo, tres millones y medio de personas salieron a las calles en una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Dilma Rousseff. Si bien las movilizaciones fueron las más masivas desde su inicio, a mediados de 2015, estas continúan siendo protagonizadas casi exclusivamente por la clase media alta brasileña: una encuesta aplicada en la Avenida Paulista, en São Paulo, reveló que un 63 por ciento de los manifestantes recibe salarios superiores a los 5.200 reales, equivalentes a poco más de un millón de pesos chilenos.

El vicepresidente de finanzas del club deportivo Flamengo, Claudio Pracownick, asiste a las protestas en Rio de Janeiro junto a su esposa y sus dos hijos, cargados en el coche por una niñera.

Las movilizaciones coinciden con la investigación de la Policía Federal sobre el rol del ex Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva en el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras. El pasado viernes 4 de marzo, el ex jefe de Estado fue trasladado hacia la comisaría del aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, e interrogado durante más de tres horas.

En sus declaraciones, dadas a conocer este lunes por el Ministerio Público, el ex Mandatario negó estar vinculado a cualquier ilícito y señaló ser víctima de una situación en la que se está condenando a personas incluso antes de ser juzgadas: “Yo que estoy viejito, que estaba queriendo descansar, voy a ser candidato a la presidencia en 2018 porque creo que muchas personas que me faltaron el respeto van a tener que aguantar mi descaro de ahora en adelante, van a tener que tener el coraje de tornarme inelegible. (…) Estoy muy enojado porque la falta de respeto y la ineptitud conmigo sobrepasó todos los límites. Y mira que me he comportado, he tratado de mantener la línea y voy a cumplir todo lo que creo debe ser cumplido, porque en este país nadie se encargó tanto de hacer leyes para combatir la corrupción como nosotros, nadie”.

Para Maurício Santoro, cientista político y profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ), los cuestionamientos hacia el ex Presidente Lula son muy graves para el Partido de los Trabajadores (PT) pero no para el gobierno, porque hasta el momento no hay informaciones que vinculen directamente a la Presidenta con algún caso de corrupción. Sin embargo, “Dilma es una protegida política del ex presidente Lula, es vista como una persona muy cercana y si él estuviese implicado en el escándalo de corrupción, si él fuese condenado, eso de alguna forma acabaría desgastando su imagen”.

A su juicio, la principal dificultad que actualmente enfrenta la Mandataria es la supuesta delación premiada del ex líder del gobierno en el Senado, Delcídio Amaral (PT), quien según publicaciones de la prensa, habría revelado que tanto la Presidenta como su antecesor estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación al interior de la petrolera y habrían intentado obstruir a la justicia.

“Si esas delaciones fuesen realmente verdaderas significaría problemas muy graves para el gobierno de Dilma, que podrían llevar inclusive a su impeachment o la casación de su mandato”, advierte.

“Yo tengo mucha cautela, porque la única prueba que se tiene hasta el momento son noticias publicadas por algunas revistas en Brasil sobre que el senador Delcídio habría hecho esas declaraciones. Él mismo todavía no lo confirmó y la justicia tampoco, entonces queda todo en condicional”, agrega.

En ese sentido, el Doctor en comunicación social y profesor de la de la Universidad Federal do Pampa (Unipampa), Marco Bonito, apunta al rol de la prensa hegemónica en la construcción de un discurso que ha instalado la destitución de la Presidenta como un asunto de primera necesidad. “Sabemos que para que ocurra un impeachment debe haber algo criminal comprobado y hasta ahora no existe nada contra la persona de Dilma, solo rumores. La prensa se encarga de eso, a cuenta gotas, todos los días, de pasar la impresión de que hay un problema con Dilma. Ese discurso se inflama y genera lo que vemos en las manifestaciones”, señala.

La Policía Federal continuará investigando al ex Presidente y a otra decena de políticos y empresarios supuestamente involucrados en escándalo de lavado y desvío de dinero. El Ministerio Público de São Paulo ya emitió una orden de prisión preventiva contra el ex Mandatario, que está siendo analizada para determinar su validez.

Es en este contexto que la Presidenta Dilma Rousseff ofreció a Lula ocupar un cargo ministerial, con lo cual se acogería a un fuero privilegiado que, en caso de ser declarado culpable, le impediría ser llevado ante la justicia común.

Esa decisión pretende proteger el trabajo del gobierno de eventuales presiones políticas de la oposición. “Ahora, eso no puede convertirse en un pasaporte para la impunidad”, advierte Maurício Santoro, para quien nombrar a Lula ministro con investigaciones abiertas en su contra tendría un impacto muy negativo en la opinión pública, inclusive en sus simpatizantes. “Muchos electores que admiran a Lula por lo que hizo como Presidente, por su legado en términos de políticas sociales, están preocupados por las investigaciones. En términos de la imagen del ex Presidente, una nominación para un ministerio traería más problemas que soluciones”, explica.

El gobierno prepara un acto masivo con la presencia de Lula para este viernes 18 de marzo. “Tenemos el enorme desafío de llenar las calles en todo el país, en defensa de la democracia, de los presidentes Lula y Dilma, contra el golpe y por cambios en la economía”, expresó el presidente Nacional del PT, Rui Falcão.