Desde las 9:00 horas, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, comenzó a desarrollarse la audiencia de preparación de juicio oral del caso Maremoto, a propósito del desastre natural que afectó a la zona centro-sur del país el 27 de febrero de 2010.

Una instancia en la que la jueza Carolina Gajardo tendría que pronunciarse respecto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados el pasado 7 de marzo, luego de seis años de investigaciones para determinar la responsabilidad de las autoridades de ese entonces, considerando la muerte de 104 personas luego de la fallida alerta de maremoto.

Un acuerdo que en los últimos días ha sido criticado y cuestionado por los abogados querellantes en la causa y que considera la suspensión condicional del procedimiento para los seis imputados, lo que incluye un pago de 245 millones de pesos como indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

A la audiencia también llegaron Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior;  Carmen Fernández, ex directora de la ONEMI; Johaziel Jammet, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI; Mariano Rojas, ex director del SHOA; Andrés Enríquez, ex jefe de operaciones del SHOA; y Mario Andina, ex oficial de guardia del SHOA, quienes participaron en su calidad de imputados como autores de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio.

Con el fiscal Metropolitano Occidente, José Luis Pérez, encabezando al equipo de persecutores, se instalaba la idea de la suspensión condicional del procedimiento, a pesar de que entre los abogados querellantes, así como entre los familiares de las víctimas, surgía con insistencia la necesidad de desarrollar un juicio oral.

Uno de los abogados querellantes, Alfredo Morgado, en representación de víctimas del tsunami, anunciaba el rechazo a la salida alternativa acordada entre la Fiscalía y los imputados.

El mismo que en la antesala de la audiencia cuestionaba que no solo han cambiado las autoridades, como el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez. También los criterios.

Mientras quien dirigiera la causa desde el principio, la fiscal Solange Huerta, aseguró en ese entonces que de todas maneras habría juicio oral, su reemplazante, el fiscal Pérez, optó por un camino diferente, materializando el acuerdo que de concretarse liberaría a los imputados de cualquier tipo de condena.

Un acuerdo a espaldas de las víctimas, insistían otros querellantes. Incluso consideraban necesario que la Presidenta Michelle Bachelet hubiese declarado como testigo, así como otras autoridades de la época, tal como lo planteaba el abogado Raúl Meza. “Las víctimas de este acuerdo no han sido escuchadas. No habrá culpables por la muerte de 104 chilenos”, agregaba el jurista.

Finalmente, la jueza Carolina Gajardo tomaba la decisión de fijar una nueva audiencia para el próximo 4 de abril a las 9:00 horas, en el mismo tribunal, con el objetivo de notificar a todos los representantes de las víctimas. Es decir, tres semanas más para tomar una decisión respecto del acuerdo entre la Fiscalía y los abogados de los imputados.

“Efectivamente estando aquí presente el fiscal regional -explicaba la jueza-, que va a proponer esta suspensión condicional, al principio de esta audiencia se refirió expresamente por el tribunal que el encargado de las víctimas antes de solicitar la suspensión es precisamente el Ministerio Público y la responsabilidad que a él le compete. Al tribunal solo le corresponde oír a las víctimas, pero en el contexto del ofrecimiento de la suspensión condicional. Por ello, en la nueva audiencia se escuchará a las víctimas”.

La molestia de los familiares de las víctimas igualmente quedó de manifiesto. Mientras el abogado Meza solicitaba la autorización para que algunos de los presentes pudieran expresarse, lo que era denegado, pues sería en la nueva instancia dentro de tres semanas el momento para ello, algunos de los familiares igualmente se expresaron e increparon a los imputados por su responsabilidad en los acontecimientos.

Al mismo tiempo que le exigían a los imputados pedir disculpas públicas y reconocer los errores, abogados defensores, por su parte, solicitaban el desalojo de los manifestantes, por considerar que se trataba de ataques infundados.

Entre quienes reaccionaron luego de la audiencia, el abogado Raúl Meza apuntó a “una absoluta improvisación por parte del Ministerio Público, por cuanto efectivamente aquí hay una serie de víctimas que no están debidamente emplazadas. Me quiero quedar con la última parte de la audiencia. En Chile se expresaron las víctimas, quienes en seis años no han sido escuchadas. Hoy esta audiencia dio cuenta de que un fiscal, que lleva no más de 50 días en el ejercicio de su cargo, ha tomado la decisión de darle muerte a esta causa, sin consultarle a los querellantes y a espaldas de las víctimas”.

Otro de los querellantes, el abogado Alfredo Morgado, junto con advertir que rechazará la salida alternativa, recordó que “siempre se planteó, y así lo dijo la fiscal regional Solange Huerta en aquella época, que esto terminaba en juicio oral. Y que tres o cuatro días antes se haya requerido que se habilitara esta audiencia para suspensión condicional, además de una serie de errores, ciertamente involuntarios, que complicaron la audiencia, nos dice que aquí se han precipitado, que es una decisión de última hora”.

De esta manera se daba por terminada la audiencia en un caso en el que, por ahora, solo existe un condenado. Se trata del ex jefe de turno de la Onemi Osvaldo Malfanti, quien optó por acogerse a un juicio abreviado, lo que implicó reconocer su culpa en los hechos. Algo a lo que los seis imputados mencionados no están dispuestos.