Organizaciones de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por el lento avance del Gobierno en la materia y, en especial, sobre la poca prioridad en la aprobación de convenios y protocolos que ponen a Chile en línea con los estándares internacionales.
Es el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que figuran derechos tan relevantes como, por ejemplo, al trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, a un nivel de vida adecuado y a participar en la vida cultural, entre otros.
Así lo sostuvo la coordinadora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer, para quien este es otro pendiente más del Estado. La representante explicó que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene lo que se llama un protocolo facultativo, que permite reclamar incumplimientos del tratado por casos individuales, ante un comité de Naciones Unidas.
“Chile ratificó el convenio, pero no ha ratificado el protocolo facultativo, por lo que no tenemos ese mecanismo vigente. Esa es otra deuda en materia de DD.HH., sumamente importante y que no se ha visibilizado lo suficiente”, afirmó.
Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), sostuvo que a esto se suman otros convenios que se comprometieron y que no hay sido ratificados.
En esa línea, la dirigenta dijo que no se ha tocado el programa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, el que se realizó con el apoyo de las organizaciones sociales, salvo por la aprobación de la subsecretaría del ramo, donde “no hay nada claro”.
En el caso de este protocolo, corresponde que el Gobierno, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, envíe el proyecto al Congreso. Sin embargo, en años no se ha visto la intención de hacerlo.
Para el diputado comunista Hugo Gutiérrez, integrante de la comisión de DD.HH., la actitud del Ejecutivo es coherente con su postura y buscaría evitar que los chilenos tengan donde recurrir: “La conducta de Chile es totalmente compatible con el tipo de Estado que tenemos. Si este Estado no garantiza ninguno de estos derechos, malamente puede darles las facultades a sus ciudadanos para que reclamen internacionalmente un derecho que no se ve obligado a garantizar. Por eso no va a aprobarlo, porque lo pondría en la palestra pública”, afirmó el parlamentario.
Como abogado, Gutiérrez añadió que la metodología del convenio permite esta ambigüedad, ya que tiene una forma de consagración internacional relativizante, cuando en su redacción se condiciona la vigencia de los derechos a la existencia de una estabilidad nacional y un desarrollo económico.
Por lo mismo, el tema ha estado “en regla”, pasando inadvertido. Tanto es así, que consultados diversos senadores, entre ellos ex presidentes de la Cámara Alta desde 1972, fecha en que se aprobó el convenio de los DESC, ninguno de ellos tenía información sobre un intento de ingreso de su protocolo facultativo.
Por lo mismo, Radio Universidad de Chile se comunicó con la Cancillería para conocer su postura y si el ingreso de esta herramienta está considerado en el cronograma de los próximos dos años de Gobierno, pero la cartera no respondió a la solicitud.
En ese sentido, el diputado PPD Tucapel Jiménez, nuevo presidente de la comisión de DD.HH., comprometió la presentación de un proyecto de acuerdo de los diputados para pedir que se ingrese este protocolo y otros documentos relevantes en la materia: “No es primera vez que nos toma tanto tiempo ingresar un proyecto al Congreso en relación a derechos fundamentales de las personas, pero no por eso deja de ser preocupante. A mí, por lo menos, me toca asumir la presidencia de esta comisión, por lo que vamos a hacer todos los esfuerzos para que estos proyectos y los pendientes en materia de DD.HH. sean ingresados y podamos aprobarlos lo antes posible”, aseguró.
Entre los temas pendientes, el parlamentario apuntó también al avance en materia de normas internas, donde destacan dos promesas de la Presidenta Michelle Bachelet: la tipificación del delito de tortura y el fin al decreto de Ley de Amnistía.