“Estamos muy inquietos y preocupados por cómo se da esta discusión y por el contenido de la medida que viene a recrudecer una normativa que existía, pero con sanciones más fuertes”, afirmó la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, respecto de la norma que sanciona las filtraciones de investigaciones judiciales.
La dirigenta agregó que “no hay que ser profundamente suspicaz para hipotetizar que si tienes un contexto con investigaciones periodísticas, que buscan develar estos casos que afectan a políticos y empresarios, y que miembros de sus propios partidos aprueben rápidamente esta medida, obviamente no hay que ser muy suspicaz para tener dudas”.
Además, respecto de la motivación que existe detrás del impulso de esta norma, cuestionó que “hay que definir si acá existe una vocación por la transparencia o si hay un interés por amedrentar a quienes a través del ejercicio periodístico han denunciado este tipo de casos”.
Javiera Olivares también criticó a los parlamentarios que promovieron la norma: “Si ellos tenían conciencia de lo que se estaba aprobando me parece que es un error político”.
“Esta legislación abre una puerta para perjudicar el derecho a la libertad de expresión”, afirmó la dirigente, junto con agregar que se trata de “un error jurídico y también político”.
Incluso apuntó que “acá hay una coalición que tiene un programa de reformas importantes, pero también tiene integrantes que son críticos a estos cambios con planteamientos conservadores y el Ministro del Interior ha sido uno de ellos”.
Por su parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, afirmó que “hay mucho de ingenuidad en no ver quiénes podrían beneficiarse de esta norma”.
El fiscal comentó que “esta norma no tiene nada que hacer en la Agenda Corta Antidelincuencia”, la que calificó de “absurda”.
“Las penas que se establecen son más altas que algunos delitos. Más alto, por ejemplo, que casi todos los delitos de violencia intrafamiliar (…) No puede ser que por dar una entrevista se arriesgue una pena más alta que el que cometió el delito”, explicó el fiscal.
En tanto que el jefe de bancada del PPD, Ramón Farías, planteó que “éste es un tema ampliamente debatible ya que no existe claridad respecto a quiénes podrían ser sancionados, dando pie a que las penas puedan recaer sobre fiscales, actuarios, abogados e incluso medios de comunicación”.
Asimismo, el diputado añadió que “nosotros estamos dispuestos a corregirla para resguardar la libertad de prensa y que se establezca claramente que los periodistas no sean sancionados”.
Desde el Gobierno, el ministro vocero Marcelo Díaz expresó que espera que la polémica indicación que sanciona penalmente a quienes violen el secreto de una investigación judicial, no se pueda usar “para generar un manto de protección para nadie”.
“Estamos muy inquietos y preocupados por cómo se da esta discusión y por el contenido de la medida que viene a recrudecer una normativa que existía, pero con sanciones más fuertes”, afirmó la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, respecto de la norma que sanciona las filtraciones de investigaciones judiciales.
La dirigenta agregó que “no hay que ser profundamente suspicaz para hipotetizar que si tienes un contexto con investigaciones periodísticas, que buscan develar estos casos que afectan a políticos y empresarios, y que miembros de sus propios partidos aprueben rápidamente esta medida, obviamente no hay que ser muy suspicaz para tener dudas”.
Además, respecto de la motivación que existe detrás del impulso de esta norma, cuestionó que “hay que definir si acá existe una vocación por la transparencia o si hay un interés por amedrentar a quienes a través del ejercicio periodístico han denunciado este tipo de casos”.
Javiera Olivares también criticó a los parlamentarios que promovieron la norma: “Si ellos tenían conciencia de lo que se estaba aprobando me parece que es un error político”.
“Esta legislación abre una puerta para perjudicar el derecho a la libertad de expresión”, afirmó la dirigente, junto con agregar que se trata de “un error jurídico y también político”.
Incluso apuntó que “acá hay una coalición que tiene un programa de reformas importantes, pero también tiene integrantes que son críticos a estos cambios con planteamientos conservadores y el Ministro del Interior ha sido uno de ellos”.
Por su parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, afirmó que “hay mucho de ingenuidad en no ver quiénes podrían beneficiarse de esta norma”.
El fiscal comentó que “esta norma no tiene nada que hacer en la Agenda Corta Antidelincuencia”, la que calificó de “absurda”.
“Las penas que se establecen son más altas que algunos delitos. Más alto, por ejemplo, que casi todos los delitos de violencia intrafamiliar (…) No puede ser que por dar una entrevista se arriesgue una pena más alta que el que cometió el delito”, explicó el fiscal.
En tanto que el jefe de bancada del PPD, Ramón Farías, planteó que “éste es un tema ampliamente debatible ya que no existe claridad respecto a quiénes podrían ser sancionados, dando pie a que las penas puedan recaer sobre fiscales, actuarios, abogados e incluso medios de comunicación”.
Asimismo, el diputado añadió que “nosotros estamos dispuestos a corregirla para resguardar la libertad de prensa y que se establezca claramente que los periodistas no sean sancionados”.
Desde el Gobierno, el ministro vocero Marcelo Díaz expresó que espera que la polémica indicación que sanciona penalmente a quienes violen el secreto de una investigación judicial, no se pueda usar “para generar un manto de protección para nadie”.
“Estamos muy inquietos y preocupados por cómo se da esta discusión y por el contenido de la medida que viene a recrudecer una normativa que existía, pero con sanciones más fuertes”, afirmó la presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, respecto de la norma que sanciona las filtraciones de investigaciones judiciales.
La dirigenta agregó que “no hay que ser profundamente suspicaz para hipotetizar que si tienes un contexto con investigaciones periodísticas, que buscan develar estos casos que afectan a políticos y empresarios, y que miembros de sus propios partidos aprueben rápidamente esta medida, obviamente no hay que ser muy suspicaz para tener dudas”.
Además, respecto de la motivación que existe detrás del impulso de esta norma, cuestionó que “hay que definir si acá existe una vocación por la transparencia o si hay un interés por amedrentar a quienes a través del ejercicio periodístico han denunciado este tipo de casos”.
Javiera Olivares también criticó a los parlamentarios que promovieron la norma: “Si ellos tenían conciencia de lo que se estaba aprobando me parece que es un error político”.
“Esta legislación abre una puerta para perjudicar el derecho a la libertad de expresión”, afirmó la dirigente, junto con agregar que se trata de “un error jurídico y también político”.
Incluso apuntó que “acá hay una coalición que tiene un programa de reformas importantes, pero también tiene integrantes que son críticos a estos cambios con planteamientos conservadores y el Ministro del Interior ha sido uno de ellos”.
Por su parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, afirmó que “hay mucho de ingenuidad en no ver quiénes podrían beneficiarse de esta norma”.
El fiscal comentó que “esta norma no tiene nada que hacer en la Agenda Corta Antidelincuencia”, la que calificó de “absurda”.
“Las penas que se establecen son más altas que algunos delitos. Más alto, por ejemplo, que casi todos los delitos de violencia intrafamiliar (…) No puede ser que por dar una entrevista se arriesgue una pena más alta que el que cometió el delito”, explicó el fiscal.
En tanto que el jefe de bancada del PPD, Ramón Farías, planteó que “éste es un tema ampliamente debatible ya que no existe claridad respecto a quiénes podrían ser sancionados, dando pie a que las penas puedan recaer sobre fiscales, actuarios, abogados e incluso medios de comunicación”.
Asimismo, el diputado añadió que “nosotros estamos dispuestos a corregirla para resguardar la libertad de prensa y que se establezca claramente que los periodistas no sean sancionados”.
Desde el Gobierno, el ministro vocero Marcelo Díaz expresó que espera que la polémica indicación que sanciona penalmente a quienes violen el secreto de una investigación judicial, no se pueda usar “para generar un manto de protección para nadie”.
