La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, llamó a que la Cámara de Diputados rechace el articulado de la Agenda Corta Antidelincuencia que contiene la polémica norma que sanciona las filtraciones de antecedentes de causas judiciales en curso, y que ha sido llamada “Ley Mordaza”, por las eventuales sanciones a periodistas que informen sobre procesos judiciales.
Esto, a pesar que más temprano el Senado aprobó por 29 votos a favor y tres abstenciones, una nueva redacción del controversial artículo, que de acuerdo a la Cámara Alta, excluye a los periodistas de las sanciones a quienes no respeten el secreto de la investigación.
“Los funcionarios públicos que hubieren participado en una actuación de la investigación, los peritos, y las personas que accedan a la investigación en virtud de una diligencia ordenada por el Ministerio Público, o una orden de un tribunal, estarán obligados a guardar secreto de las mismas”, reza la norma aprobada este martes por el Senado.
Además, las modificaciones al artículo incluyen multas a “las personas indicadas que infrinjan el deber de guardar secreto serán sancionadas con la pena de multa de 20 a 200 Unidades Tributarias Mensuales, o presidio menor en su grado mínimo”.
Javiera Olivares sostuvo que “nos reunimos con los senadores, los escuchamos, de su propia versión que aquí había una vocación por no censurar a la prensa y más bien proteger derechos como la presunción de inocencia. Sin embargo, consideramos y se lo planteamos también, que son penas desproporcionadas las que se sancionan en esta ley”.
Por esta razón, la dirigenta emplazó a que los diputados rechacen esta ley cuando tengan que revisar en tercer trámite la iniciativa “para que se vaya a comisión mixta o definitivamente no sea materia de ley”.
La nueva redacción fue realizada por la comisión de Constitución del Senado, y contó con el aporte en la discusión de la ministra de Justicia, Javiera Blanco y el fiscal nacional Jorge Abbott, en donde se decidió acotar las categorías de personas que se verían afectadas por las eventuales sanciones de esta norma.
Jorge Burgos: “Nunca estuvo en el espíritu afectar al derecho a informar”
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que la nueva redacción del articulado “soluciona los eventuales problemas interpretativos que algunos creían tenía al primera norma”.
“Respecto del texto original que aprobó la comisión a juicio del gobierno nunca estuvo ni en la letra ni en el espíritu de quienes participaron en la redacción afectar a terceros ni al derecho de informar de la prensa”, destacó el jefe de Gabinete.
No obstante, durante la discusión en Sala, los senadores independientes Alejandro Guillier y Antonio Horvath, y Lily Pérez de Amplitud, manifestaron su desacuerdo con la norma aprobada, ya que la consideraron “ambigua”, al no limitar de manera clara quiénes estarán afectos a la norma: “Ampliar esto a muchos funcionarios va contra el sentido de lo que muchos creemos que es necesario en el minuto que estamos viviendo en el país”, sostuvo Lily Pérez.
En tanto, el senador integrante de la comisión de Constitución, Pedro Araya, defendió la modificación hecha en la instancia, y señaló que “entendemos y que con justa razón algún periodista pudo haber interpretado que esta norma alcanzaba a la prensa, cosa que no es así porque nunca fue motivo de discusión en la comisión”.