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Año XIII, 13 de abril de 2021

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Camila Vallejo: “Que no primen las cortapisas del M. de Hacienda para invertir en derechos”

La diputada del PC se refirió a los problemas en la entrega de la gratuidad a estudiantes de educación superior, al mismo tiempo que lamentó que decisiones sustantivas de política pública pasen por el Ministerio de Hacienda que “no necesariamente representa las necesidades políticas de estos tiempos”.

Gonzalo Castillo

  Sábado 9 de abril 2016 11:25 hrs. 
Camila Vallejo3


La diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, en conversación con Radio Universidad de Chile, se refirió al retraso en el envío de la Reforma a la Educación Superior comprometida por el Gobierno, y a los problemas en la entrega del beneficio de la gratuidad a los estudiantes universitarios considerados más vulnerables.

Además, la parlamentaria lamentó las palabras del fiscal Carlos Gajardo, quien señaló que a pesar de haber constatado el traspaso de dinero desde universidades a inmobiliarias, en el marco de la investigación de lucro en la educación superior, no existe una figura penal para sancionarlo.

En este sentido, Camila Vallejo aseguró que en la futura tramitación del proyecto de Reforma a la Educación Superior espera que se pueda legislar penas y sanciones efectivas en contra de “todas las formas de lucren que hoy día existen”

El fiscal Carlos Gajardo señaló en relación con la investigación sobre el lucro en universidades, que a pesar de constatar esta práctica, no podría imponer sanciones por no existir una figura penal que aplicar. ¿Qué le parece esta especie de resignación de parte del fiscal?

Nosotros desde el 2011 venimos constatando que el problema de la legislación en materia de educación superior es que prohíbe el lucro, pero no lo tipifica como delito, por lo tanto más allá de que incluso la Fiscalía pueda detectar acciones que son entendidas abiertamente como un negocio, una extracción de utilidades a costa del derecho a la educación en muchas instituciones, lamentablemente nuestra legislación no cuenta con esa tipificación como delito para el lucro, y por lo tanto nosotros cuando con el diputado (Giorgio) Jackson nos acercamos a la Fiscalía, particularmente para hablar con el fiscal Gajardo, señalamos que estaríamos disponibles a colaborar no solamente con esta investigación, sino que en todos aquellos elementos que nos permitan tener una legislación que pueda abordar todas las formas de lucro que hoy día existen, que se dan en la práctica, pero que no están tipificadas en la ley, y por lo tanto queremos establecerlas en la reforma a la educación superior.

Sin embargo, tenemos también pendiente una reunión con el Servicio de Impuestos Internos para ver otras formas de acciones ilegales que cometen las instituciones a través de tipo tributario, de delitos tributarios.

La vocera de los estudiantes de la U. del Mar señaló que con esto se comprueba que “las personas con dinero nunca van a pisar la cárcel”.

Lo que pasa es que la desigualdad brutal que hay en Chile también se expresa en materia penal, y lamentablemente tenemos todo un tratamiento penal que es más drástico para los sectores más pobres de nuestro país, y para delitos que tienen que ver con el robo a la propiedad privada, y no así para el caso de los ladrones de cuello y corbata, o aquellas acciones que están en el marco de la ilegalidad, pero que se comete por agentes poderosos. Por lo tanto, aquí hay una desigualdad brutal que hay que abordar y cada vez se hace más evidente, con la discusión de la Ley Mordaza, con esta misma situación donde un delincuente común puede estar cinco años en la cárcel, y sin embargo en el caso de hacer un robo a escala mayor a miles de ciudadanos a través del negocio de la educación, no hay ningún tipo de sanción penal. Entonces, lo que señalan los estudiantes es sustentado en la realidad y cada vez está más evidente producto de nuestra legislación.

Desde la Confech han criticado la poca claridad en la entrega del beneficio de la gratuidad, e incluso han asegurado que el Mineduc les pidió ayuda para implementar esta política.

Ciertamente es un proceso nuevo, desde una perspectiva distinta de distribución de los recursos, de lo que se ha venido haciendo con la legislación anterior en materia de becas o financiamiento de las instituciones, por lo tanto sí ha tenido problemas, y lo hemos visto y esperamos que haya un plazo final para que esto se normalice y se regularice para que tengamos claridad realmente de quiénes son los estudiantes que por este año están sujetos a este derecho de gratuidad, quiénes no, aquellos que puedan renunciar a aquello por una cuestión de que están a dos años de terminar y prefieren que la gratuidad sea para otra carrera que quieran estudiar, etc. Necesitamos resolver esto, obviamente es una etapa para poder aprender por parte del Mineduc cómo va a ser mejor el procedimiento, y sobre todo en el entendido que por una cuestión de realidad temporal, lamentablemente como la reforma a la educación superior todavía no ha ingresado es muy difícil que la gratuidad para el próximo año avance acompañado de la reforma y no vía Ley de Presupuesto, entonces si vamos a seguir un año más con la lógica de la Ley de Presupuesto en materia de gratuidad al menos, como mínimo, tenemos que revisar el proceso de implementación de la ley aprobada el año pasado.

Se ha planteado que por esta demora en ingresar el proyecto de reforma a la educación superior, nuevamente la gratuidad para 2017 se haría a través de una glosa presupuestaria

Estamos en una situación bien compleja, porque si no se avanza por Ley de Presupuesto entonces queda un vacío, un congelamiento en el quinto decil, y si se avanza, se avanza sin la reforma a la educación superior, y el problema es que porque no ha ingresado esta reforma, y porque el debate prelegislativo todavía no está bien resuelto, como lo han pedido los mismos estudiantes y rectores, que ojalá no ingrese a la reforma a la educación superior, entonces que no podemos tener una gratuidad acompañada de la reforma a la educación superior porque todavía no ingresa. Aquí, más bien, se está constatando una realidad en función de los tiempos legislativos que existen, pero insisto yo espero que, al menos, si hay avances en materia de gratuidad mediante Ley de Presupuesto esto sea revisando rigurosamente el procedimiento de implementación.

Desde la Confech sostienen que las políticas públicas educacionales las deciden entre los ministerios de Hacienda y Segpres, y que el Mineduc no tiene peso específico real en ellas.

Hay decisiones sustantivas que pasan por, sobre todo el Ministerio de Hacienda, ellos tienen que ver los recursos y esa es una forma de funcionamiento del poder Ejecutivo, que se ha desarrollado durante décadas, y que también considero lamentable. Entiendo que siempre hay limitaciones presupuestarias, pero la mirada de Hacienda no necesariamente, por su tecnicismo, su abordaje de distinta perspectiva, representa las necesidades políticas de los períodos, y cuando hablamos de un Ministerio de Educación que tiene que llevar a cabo una reforma que entiende la educación como un derecho, entonces ahí hay una mirada política que también tenemos que saber resguardar, independientemente de los vaivenes económicos. Por lo tanto, que no primen las cortapisas del Ministerio de Hacienda para poder gastar lo menos posible, o invertir lo menos posible en derechos o en inversión pública, y prime la mirada de las necesidades políticas del período.

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