En abril de 2015 Berta Cáceres, indígena lenca (grupo étnico de Honduras y El Salvador), recibió uno de los premios ambientales más importantes a nivel internacional, el premio Goldman, por oponerse junto con su comunidad a un proyecto hidroeléctrico que tenía una inversión de una compañía estatal china. A partir de ahí Berta Cáceres vivió el acoso usual de los defensores de derechos humanos o líderes comunales que se oponen a los grandes intereses empresariales. Se le amenazó con lincharla y violarla o con secuestrar a sus familiares. Nada de eso amedrentó a la líder ecologista, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). No es poca cosa considerando que en Honduras se han cometido (oficialmente) 111 asesinatos de activistas ambientales entre 2002 y 2014, según los reportes de Global Witness, mientras que la fundación Heinrich Böll habla de más de cien asesinatos cometidos desde el 2009, sin que se haya esclarecido ninguno.
Este acoso contra ambientalistas es una constante en Latinoamérica. Las comunidades indígenas de Brasil, Perú, México, Ecuador, Bolivia, Chile se han tenido que enfrentar en múltiples ocasiones con megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, mineros, que atentan contra sus derechos comunales y que a larga escala atentan contra los derechos ambientales de todos. Pero son las comunidades indígenas las que suelen poner la cara. Y los muertos.
A partir del golpe de Estado de 2009 en Honduras, hubo una escalada de megaproyectos en torno a las actividades extractivas, muchas de las cuales requieren energía barata para su funcionamiento. Ahí es donde entraría la hidroeléctrica de Agua Zarca, con una concesión de treinta años. Las protestas no se hicieron esperar por parte de la comunidad lenca que veía como se vulneraban sus territorios y se pretendía la privatización de sus ríos. Durante más de cuatro años de resistencia se enfrentaron con el gobierno y la empresa, lo que trajo como resultado tres líderes indígenas lencas asesinados.
Ante la vorágine de problemas, la compañía china decidió retirarse del proyecto. No obstante había otro proyecto similar en la que estaban involucradas empresas canadienses y estadounidenses llamado Blue Energy. Pero ya en este momento Berta Cáceres había comenzado a tomar relevancia internacional. Además de recibir el premio Goldman, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió del peligro que corría la vida de Berta y recomendaba su protección. El día de su asesinato estaba acompañada del mexicano Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos/Amigos de la Tierra, una asociación civil que se dedica a combatir y prevenir sobre los daños que las compañías mineras realizan en sus propiedades extractivas en México. Gustavo Castro fue herido en la cabeza y dado por muerto. Quince días después de la muerte de Berta Cáceres, otro miembro de la COPINH, Nelson García, fue asesinado.
¿Cómo es posible que una activista premiada internacionalmente, que ya ha advertido sobre amenazas en contra suya a lo largo de los años y que la propia CIDH señaló que había que proteger puede ser asesinada en su casa? La respuesta es sencilla, desafortunadamente. Impunidad y corrupción. La corrupción que liga a empresas y gobiernos con la finalidad de imponer proyectos que muchas veces van en perjuicio de las mayorías con la única finalidad que ciertos grupos o minorías puedan beneficiarse económicamente. Cuando las cosas se ponen feas el autoritarismo de nuestros gobiernos sale a relucir haciendo el trabajo sucio para las empresas o bien hacer caso omiso de la violencia que estas llevan a cabo en contra de los opositores.
Apenas hace unos días atrás, el periódico estadounidense The New York Times contó la historia de un grupo de guatemaltecos que han demandado a la compañía minera canadiense Hudbay Mineral Inc. a quienes acusan de haber asesinado a un líder local, disparado a otro y violado a una decena de mujeres con el objetivo de intimidar y provocar que dejaran sus tierras. En Nicaragua hay un proyecto para crear un canal que conecte el Atlántico con el Pacífico por la empresa china HKND, que para hacerlo debe desalojar a las comunidades indígenas rama y kriol que habitan ese lugar, sin mencionar el desorden ecológico y daño a la biodiversidad que traerá consigo el proyecto.
En Bolivia los conflictos entre comunidades indígenas y el gobierno por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han develado diferencias más profundas que la disputa por una carretera, son las disputas por un desarrollo económico del gobierno boliviano basado en políticas extractivistas que se contradicen con su discurso de respeto de la naturaleza. Hace un par de semanas el ambientalista Walter Manfredo Méndez Barrios fue asesinado en Guatemala y en Colombia el líder comunitario Henry Pérez lleva más de dos meses desaparecido a pesar que incluso la OEA ha pedido al gobierno que haga lo posible por encontrarlo.
Al momento de escribir estas líneas, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, más de 700 policías ayudaron a que la empresa constructora denominada HIGA derrumbara casas de la comunidad otomí de este pueblo que se encuentran en el trazo de una carretera de cuota. Cabe destacar que la empresa constructora es famosa en México por estar involucrada en la adquisición de casas del presidente Enrique Peña Nieto así como del secretario de Hacienda y ahora que han salido los “Panama Papers” se sabe que triangula dinero en los paraísos fiscales.
Si la corrupción y la impunidad son una característica de nuestro continente, también lo es algo que se genera de estos dos lastres: la violencia. Según la ONG mexicana Seguridad Pública y Justicia Penal, de las 50 ciudades más violentas del mundo (de acuerdo a las tasas de homicidios) 41 están en América Latina: 21 de ellas en Brasil, ocho en Venezuela, cinco en México, tres en Colombia, dos en Honduras, una en El Salvador y una en Guatemala. Corrupción e impunidad generan violencia, mucha dirigida contra ambientalistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas que luchan contra megaproyectos de corporaciones trasnacionales que atentan contra el bienestar de todos.
En abril de 2015 Berta Cáceres, indígena lenca (grupo étnico de Honduras y El Salvador), recibió uno de los premios ambientales más importantes a nivel internacional, el premio Goldman, por oponerse junto con su comunidad a un proyecto hidroeléctrico que tenía una inversión de una compañía estatal china. A partir de ahí Berta Cáceres vivió el acoso usual de los defensores de derechos humanos o líderes comunales que se oponen a los grandes intereses empresariales. Se le amenazó con lincharla y violarla o con secuestrar a sus familiares. Nada de eso amedrentó a la líder ecologista, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). No es poca cosa considerando que en Honduras se han cometido (oficialmente) 111 asesinatos de activistas ambientales entre 2002 y 2014, según los reportes de Global Witness, mientras que la fundación Heinrich Böll habla de más de cien asesinatos cometidos desde el 2009, sin que se haya esclarecido ninguno.
Este acoso contra ambientalistas es una constante en Latinoamérica. Las comunidades indígenas de Brasil, Perú, México, Ecuador, Bolivia, Chile se han tenido que enfrentar en múltiples ocasiones con megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, mineros, que atentan contra sus derechos comunales y que a larga escala atentan contra los derechos ambientales de todos. Pero son las comunidades indígenas las que suelen poner la cara. Y los muertos.
A partir del golpe de Estado de 2009 en Honduras, hubo una escalada de megaproyectos en torno a las actividades extractivas, muchas de las cuales requieren energía barata para su funcionamiento. Ahí es donde entraría la hidroeléctrica de Agua Zarca, con una concesión de treinta años. Las protestas no se hicieron esperar por parte de la comunidad lenca que veía como se vulneraban sus territorios y se pretendía la privatización de sus ríos. Durante más de cuatro años de resistencia se enfrentaron con el gobierno y la empresa, lo que trajo como resultado tres líderes indígenas lencas asesinados.
Ante la vorágine de problemas, la compañía china decidió retirarse del proyecto. No obstante había otro proyecto similar en la que estaban involucradas empresas canadienses y estadounidenses llamado Blue Energy. Pero ya en este momento Berta Cáceres había comenzado a tomar relevancia internacional. Además de recibir el premio Goldman, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió del peligro que corría la vida de Berta y recomendaba su protección. El día de su asesinato estaba acompañada del mexicano Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos/Amigos de la Tierra, una asociación civil que se dedica a combatir y prevenir sobre los daños que las compañías mineras realizan en sus propiedades extractivas en México. Gustavo Castro fue herido en la cabeza y dado por muerto. Quince días después de la muerte de Berta Cáceres, otro miembro de la COPINH, Nelson García, fue asesinado.
¿Cómo es posible que una activista premiada internacionalmente, que ya ha advertido sobre amenazas en contra suya a lo largo de los años y que la propia CIDH señaló que había que proteger puede ser asesinada en su casa? La respuesta es sencilla, desafortunadamente. Impunidad y corrupción. La corrupción que liga a empresas y gobiernos con la finalidad de imponer proyectos que muchas veces van en perjuicio de las mayorías con la única finalidad que ciertos grupos o minorías puedan beneficiarse económicamente. Cuando las cosas se ponen feas el autoritarismo de nuestros gobiernos sale a relucir haciendo el trabajo sucio para las empresas o bien hacer caso omiso de la violencia que estas llevan a cabo en contra de los opositores.
Apenas hace unos días atrás, el periódico estadounidense The New York Times contó la historia de un grupo de guatemaltecos que han demandado a la compañía minera canadiense Hudbay Mineral Inc. a quienes acusan de haber asesinado a un líder local, disparado a otro y violado a una decena de mujeres con el objetivo de intimidar y provocar que dejaran sus tierras. En Nicaragua hay un proyecto para crear un canal que conecte el Atlántico con el Pacífico por la empresa china HKND, que para hacerlo debe desalojar a las comunidades indígenas rama y kriol que habitan ese lugar, sin mencionar el desorden ecológico y daño a la biodiversidad que traerá consigo el proyecto.
En Bolivia los conflictos entre comunidades indígenas y el gobierno por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han develado diferencias más profundas que la disputa por una carretera, son las disputas por un desarrollo económico del gobierno boliviano basado en políticas extractivistas que se contradicen con su discurso de respeto de la naturaleza. Hace un par de semanas el ambientalista Walter Manfredo Méndez Barrios fue asesinado en Guatemala y en Colombia el líder comunitario Henry Pérez lleva más de dos meses desaparecido a pesar que incluso la OEA ha pedido al gobierno que haga lo posible por encontrarlo.
Al momento de escribir estas líneas, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, más de 700 policías ayudaron a que la empresa constructora denominada HIGA derrumbara casas de la comunidad otomí de este pueblo que se encuentran en el trazo de una carretera de cuota. Cabe destacar que la empresa constructora es famosa en México por estar involucrada en la adquisición de casas del presidente Enrique Peña Nieto así como del secretario de Hacienda y ahora que han salido los “Panama Papers” se sabe que triangula dinero en los paraísos fiscales.
Si la corrupción y la impunidad son una característica de nuestro continente, también lo es algo que se genera de estos dos lastres: la violencia. Según la ONG mexicana Seguridad Pública y Justicia Penal, de las 50 ciudades más violentas del mundo (de acuerdo a las tasas de homicidios) 41 están en América Latina: 21 de ellas en Brasil, ocho en Venezuela, cinco en México, tres en Colombia, dos en Honduras, una en El Salvador y una en Guatemala. Corrupción e impunidad generan violencia, mucha dirigida contra ambientalistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas que luchan contra megaproyectos de corporaciones trasnacionales que atentan contra el bienestar de todos.
En abril de 2015 Berta Cáceres, indígena lenca (grupo étnico de Honduras y El Salvador), recibió uno de los premios ambientales más importantes a nivel internacional, el premio Goldman, por oponerse junto con su comunidad a un proyecto hidroeléctrico que tenía una inversión de una compañía estatal china. A partir de ahí Berta Cáceres vivió el acoso usual de los defensores de derechos humanos o líderes comunales que se oponen a los grandes intereses empresariales. Se le amenazó con lincharla y violarla o con secuestrar a sus familiares. Nada de eso amedrentó a la líder ecologista, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). No es poca cosa considerando que en Honduras se han cometido (oficialmente) 111 asesinatos de activistas ambientales entre 2002 y 2014, según los reportes de Global Witness, mientras que la fundación Heinrich Böll habla de más de cien asesinatos cometidos desde el 2009, sin que se haya esclarecido ninguno.
Este acoso contra ambientalistas es una constante en Latinoamérica. Las comunidades indígenas de Brasil, Perú, México, Ecuador, Bolivia, Chile se han tenido que enfrentar en múltiples ocasiones con megaproyectos hidroeléctricos, carreteros, mineros, que atentan contra sus derechos comunales y que a larga escala atentan contra los derechos ambientales de todos. Pero son las comunidades indígenas las que suelen poner la cara. Y los muertos.
A partir del golpe de Estado de 2009 en Honduras, hubo una escalada de megaproyectos en torno a las actividades extractivas, muchas de las cuales requieren energía barata para su funcionamiento. Ahí es donde entraría la hidroeléctrica de Agua Zarca, con una concesión de treinta años. Las protestas no se hicieron esperar por parte de la comunidad lenca que veía como se vulneraban sus territorios y se pretendía la privatización de sus ríos. Durante más de cuatro años de resistencia se enfrentaron con el gobierno y la empresa, lo que trajo como resultado tres líderes indígenas lencas asesinados.
Ante la vorágine de problemas, la compañía china decidió retirarse del proyecto. No obstante había otro proyecto similar en la que estaban involucradas empresas canadienses y estadounidenses llamado Blue Energy. Pero ya en este momento Berta Cáceres había comenzado a tomar relevancia internacional. Además de recibir el premio Goldman, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió del peligro que corría la vida de Berta y recomendaba su protección. El día de su asesinato estaba acompañada del mexicano Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos/Amigos de la Tierra, una asociación civil que se dedica a combatir y prevenir sobre los daños que las compañías mineras realizan en sus propiedades extractivas en México. Gustavo Castro fue herido en la cabeza y dado por muerto. Quince días después de la muerte de Berta Cáceres, otro miembro de la COPINH, Nelson García, fue asesinado.
¿Cómo es posible que una activista premiada internacionalmente, que ya ha advertido sobre amenazas en contra suya a lo largo de los años y que la propia CIDH señaló que había que proteger puede ser asesinada en su casa? La respuesta es sencilla, desafortunadamente. Impunidad y corrupción. La corrupción que liga a empresas y gobiernos con la finalidad de imponer proyectos que muchas veces van en perjuicio de las mayorías con la única finalidad que ciertos grupos o minorías puedan beneficiarse económicamente. Cuando las cosas se ponen feas el autoritarismo de nuestros gobiernos sale a relucir haciendo el trabajo sucio para las empresas o bien hacer caso omiso de la violencia que estas llevan a cabo en contra de los opositores.
Apenas hace unos días atrás, el periódico estadounidense The New York Times contó la historia de un grupo de guatemaltecos que han demandado a la compañía minera canadiense Hudbay Mineral Inc. a quienes acusan de haber asesinado a un líder local, disparado a otro y violado a una decena de mujeres con el objetivo de intimidar y provocar que dejaran sus tierras. En Nicaragua hay un proyecto para crear un canal que conecte el Atlántico con el Pacífico por la empresa china HKND, que para hacerlo debe desalojar a las comunidades indígenas rama y kriol que habitan ese lugar, sin mencionar el desorden ecológico y daño a la biodiversidad que traerá consigo el proyecto.
En Bolivia los conflictos entre comunidades indígenas y el gobierno por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han develado diferencias más profundas que la disputa por una carretera, son las disputas por un desarrollo económico del gobierno boliviano basado en políticas extractivistas que se contradicen con su discurso de respeto de la naturaleza. Hace un par de semanas el ambientalista Walter Manfredo Méndez Barrios fue asesinado en Guatemala y en Colombia el líder comunitario Henry Pérez lleva más de dos meses desaparecido a pesar que incluso la OEA ha pedido al gobierno que haga lo posible por encontrarlo.
Al momento de escribir estas líneas, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el estado de México, más de 700 policías ayudaron a que la empresa constructora denominada HIGA derrumbara casas de la comunidad otomí de este pueblo que se encuentran en el trazo de una carretera de cuota. Cabe destacar que la empresa constructora es famosa en México por estar involucrada en la adquisición de casas del presidente Enrique Peña Nieto así como del secretario de Hacienda y ahora que han salido los “Panama Papers” se sabe que triangula dinero en los paraísos fiscales.
Si la corrupción y la impunidad son una característica de nuestro continente, también lo es algo que se genera de estos dos lastres: la violencia. Según la ONG mexicana Seguridad Pública y Justicia Penal, de las 50 ciudades más violentas del mundo (de acuerdo a las tasas de homicidios) 41 están en América Latina: 21 de ellas en Brasil, ocho en Venezuela, cinco en México, tres en Colombia, dos en Honduras, una en El Salvador y una en Guatemala. Corrupción e impunidad generan violencia, mucha dirigida contra ambientalistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas que luchan contra megaproyectos de corporaciones trasnacionales que atentan contra el bienestar de todos.
