Este lunes, al cumplirse 50 días de movilización, los empleados públicos se reunirán para definir qué ocurrirá con el paro para exigir el cumplimiento por parte del Gobierno del llamado “bono Atacama”.
Esto, después de que rechazaran bajar el paro ante la desconfianza hacia el Ejecutivo, que el jueves pasado retiró la urgencia al proyecto que busca consolidar su propuesta, entregando un bono único de 200 mil pesos, lo que fue leído como un triunfo de los funcionarios.
Sin embargo, el Gobierno exigió el fin del movimiento para sentarse a conversar. En ese sentido, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Atacama, Javier Castillo, sostuvo que no pueden deponer la medida, porque quieren instalar algunos puntos específicos: ¿Cómo vamos a bajar el paro, si cuando nos sentemos a negociar, quién va a decir qué se va a negociar? Nosotros tenemos mucha claridad sobre lo que queremos discutir, que es lo punitivo del conflicto, para que los trabajadores no tengan represalias, y los artículos 1 y 2 del proyecto que se envió”, dijo.
Este domingo, la Confederación Nacional de Funcionarios Movilizados (Confusam) lamentó que la autoridad ponga condiciones como éstas.
Su presidente, Esteban Maturana, sostuvo que “el Gobierno ha hecho gala de un autoritarismo inaceptable” y emplazó a las autoridades a sentarse en la mesa de negociaciones, poniendo como punto base del proceso, el protocolo ya suscrito con antelación y cuyo desconocimiento motivó el conflicto.
“En Atacama, el Gobierno está implementando una nueva forma de enfrentar conflictos, cuya primera muestra fue el conflicto del Registro Civil. La lógica es desgastar al movimiento de los trabajadores hasta que, finalmente, no tengan más opción que recibir lo que el Gobierno quiera dar. Es una estrategia que, al menos, en Atacama no está funcionando y esperemos que no se adopte como sistema, porque claramente eso significaría un problema de proporciones en los próximos conflictos que el Gobierno deba enfrentar”, señaló el dirigente.
El proyecto que entregará el bono único de 200 mil pesos debe ser votado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el próximo martes.
Este lunes, al cumplirse 50 días de movilización, los empleados públicos se reunirán para definir qué ocurrirá con el paro para exigir el cumplimiento por parte del Gobierno del llamado “bono Atacama”.
Esto, después de que rechazaran bajar el paro ante la desconfianza hacia el Ejecutivo, que el jueves pasado retiró la urgencia al proyecto que busca consolidar su propuesta, entregando un bono único de 200 mil pesos, lo que fue leído como un triunfo de los funcionarios.
Sin embargo, el Gobierno exigió el fin del movimiento para sentarse a conversar. En ese sentido, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Atacama, Javier Castillo, sostuvo que no pueden deponer la medida, porque quieren instalar algunos puntos específicos: ¿Cómo vamos a bajar el paro, si cuando nos sentemos a negociar, quién va a decir qué se va a negociar? Nosotros tenemos mucha claridad sobre lo que queremos discutir, que es lo punitivo del conflicto, para que los trabajadores no tengan represalias, y los artículos 1 y 2 del proyecto que se envió”, dijo.
Este domingo, la Confederación Nacional de Funcionarios Movilizados (Confusam) lamentó que la autoridad ponga condiciones como éstas.
Su presidente, Esteban Maturana, sostuvo que “el Gobierno ha hecho gala de un autoritarismo inaceptable” y emplazó a las autoridades a sentarse en la mesa de negociaciones, poniendo como punto base del proceso, el protocolo ya suscrito con antelación y cuyo desconocimiento motivó el conflicto.
“En Atacama, el Gobierno está implementando una nueva forma de enfrentar conflictos, cuya primera muestra fue el conflicto del Registro Civil. La lógica es desgastar al movimiento de los trabajadores hasta que, finalmente, no tengan más opción que recibir lo que el Gobierno quiera dar. Es una estrategia que, al menos, en Atacama no está funcionando y esperemos que no se adopte como sistema, porque claramente eso significaría un problema de proporciones en los próximos conflictos que el Gobierno deba enfrentar”, señaló el dirigente.
El proyecto que entregará el bono único de 200 mil pesos debe ser votado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el próximo martes.
Este lunes, al cumplirse 50 días de movilización, los empleados públicos se reunirán para definir qué ocurrirá con el paro para exigir el cumplimiento por parte del Gobierno del llamado “bono Atacama”.
Esto, después de que rechazaran bajar el paro ante la desconfianza hacia el Ejecutivo, que el jueves pasado retiró la urgencia al proyecto que busca consolidar su propuesta, entregando un bono único de 200 mil pesos, lo que fue leído como un triunfo de los funcionarios.
Sin embargo, el Gobierno exigió el fin del movimiento para sentarse a conversar. En ese sentido, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Atacama, Javier Castillo, sostuvo que no pueden deponer la medida, porque quieren instalar algunos puntos específicos: ¿Cómo vamos a bajar el paro, si cuando nos sentemos a negociar, quién va a decir qué se va a negociar? Nosotros tenemos mucha claridad sobre lo que queremos discutir, que es lo punitivo del conflicto, para que los trabajadores no tengan represalias, y los artículos 1 y 2 del proyecto que se envió”, dijo.
Este domingo, la Confederación Nacional de Funcionarios Movilizados (Confusam) lamentó que la autoridad ponga condiciones como éstas.
Su presidente, Esteban Maturana, sostuvo que “el Gobierno ha hecho gala de un autoritarismo inaceptable” y emplazó a las autoridades a sentarse en la mesa de negociaciones, poniendo como punto base del proceso, el protocolo ya suscrito con antelación y cuyo desconocimiento motivó el conflicto.
“En Atacama, el Gobierno está implementando una nueva forma de enfrentar conflictos, cuya primera muestra fue el conflicto del Registro Civil. La lógica es desgastar al movimiento de los trabajadores hasta que, finalmente, no tengan más opción que recibir lo que el Gobierno quiera dar. Es una estrategia que, al menos, en Atacama no está funcionando y esperemos que no se adopte como sistema, porque claramente eso significaría un problema de proporciones en los próximos conflictos que el Gobierno deba enfrentar”, señaló el dirigente.
El proyecto que entregará el bono único de 200 mil pesos debe ser votado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el próximo martes.
