Personas damnificadas, muertas y desaparecidas, suspensión de clases, pérdidas millonarias por anegamiento de viviendas, edificios y comercio, reunión de gabinete y un pronunciamiento presidencial por la emergencia, es el resultado de un sistema de prevención y seguridad civil sobrepasado, luego de un núcleo frio en altura que afecto a la zona central del país, durante el fin de semana recién pasado. Un frente de mal tiempo advertido y con proyecciones mucho más críticas de lo acontecido, que sin embargo, por falta de previsión en infraestructura pública y privada, hoy es una gran tragedia.
Así ocurrió en el alud del estero Las Cucas en el sector de Melocotón en la comuna de San José de Maipo, donde algo similar -sin muertos- ya había acontecido hace tres años en el estero San Alfonso, y cuyas quebradas sin mantención adecuada arrastraron rocas, arboles, basura y cachureos. En contraste esta comuna de 15mil habitantes, no tiene problemas en su dotación de agua potable ya que se abastecen de un sistema rural con pozos profundos, mientras en la cuenca de Santiago más de 4 millones de habitantes, no tiene agua producto de los cortes previstos por la Empresa Aguas Andinas, debido a la turbiedad, el arrastre y remoción de tierra y roca en la pre cordillera santiaguina. Algo que no es nuevo y que sin duda se repetirá.
Así como el cauce del rio Mapocho fue intervenido por una empresa contratista desviando su flujo hacia la costanera Andrés Bello, providencia y los túneles de la autopista subterránea. La Empresa Aguas Andinas, lleva décadas desviando millonarios recursos económicos e inundando la política nacional con gratificaciones, que le permiten mantener su estatus y negocio a un mínimo costo financiero, social y político.
Recordemos que el SII tiene evidencias de pagos de la sanitaria a sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Laurence Golborne, al yerno de Eduardo Frei, Pedro Yaconi y a una corporación ligada a la UDI, como consigna un estudio de CIPER. Su contabilidad arroja además pagos por $422 millones a think tanks de todos los sectores políticos.
Esta investigación periodística también da luces de cómo Aguas Andinas registra pagos por asesorías a tres ex subsecretarios de Obras Públicas -cuando ya no estaban en el ejercicio de su cargo- ministerio del que depende el ente estatal que regula a las sanitarias: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Sin duda, resulta llamativo por ser pagos cuyos destinatarios han ocupado cargos clave en el sistema de regulación al cual deben someterse las sanitarias. Esta estrategia es común en la industria internacional sanitaria, sobre todo cuando la infraestructura, los derechos de agua y las concesiones han sido obtenidos a muy bajo precio, y dónde las exigencias de inversión, son mínimas. En el caso chileno esto ocurrió con la implementación del código de aguas de 1981 y perfeccionado en 1998, bajo la presidencia del Eduardo Frei (DC) quien aprobó la LEY que consagro la inclusión de privados en este “servicio público”.
Sin ser hincha de las teorías conspirativas, lo anterior podría explicar porque en los espacios oficialistas, se le ha dado poca importancia al informe del colegio médico sobre las aguas del Cajón de Maipo, dónde se endosa responsabilidades al proyecto Alto Maipo, dando cuenta de la existencia de elementos tóxicos en el agua de diferentes zonas del Cajón del Maipo que contienen arsénico, níquel, plomo, molibdeno, hierro, manganeso, entre otros, y que surten el agua potable de la capital. En este sentido el Director del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile, Andrei Tchernitchin y las organizaciones ciudadanas vinculadas a esta causa, han solicitado a las autoridades paralizar el proyecto “hasta que nos aseguren que las aguas son de calidad y no atentan contra la salud pública”.
En una lógica distinta y bajo las luces de la prensa que monta cada tanto un show con este tipo de desgracias, el triunvirato de gobierno constituido por los Demócratas Cristianos (DC), Jorge Burgos en el Ministerio del Interior, Alberto Undurraga en OOPP y Claudio Orrego desde la Intendencia, se suman al espectáculo y al desvío del foco y la atención que debería constituir la crisis hídrica, la falta de protección y resguardo de la cuenca alta de Santiago, o los inminente efectos del cambio climático en la zona central del país. Que cada tanto muestra su peor cara.
Así, las pertenencias mineras y derechos de agua en la cuenca alta de Santiago están todos requeridos y en manos privadas, lo que proyecta el incremento de faenas industriales en la alta cordillera de la zona central, y el deterioro de la cantidad y calidad del agua para los habitantes de la cuenca de Santiago. Una zona destinada a seguir creciendo, según lo dispuesto en la modificación del Plan regulador en 10 mil hectáreas de la RMS, que no ha estado fuera de polémicas ya que de paso ha beneficiado a conspicuos políticos, y que fue resuelto por Fernando Echeverría Vial, un empresario del mundo inmobiliario, ex presidente de la cámara de la construcción, ex intendente de Santiago y fallido ministro de energía en el gobierno de Piñera que “luego de hacer la pega inmobiliaria” -para lo que fue nombrado- , no pudo seguir escalando en el Ministerio de Energía por conflictos de interés.
De este modo y al alero de la clase política se desarrollan los negocios en Chile. Así es el caso de la Empresa Aguas Andinas, de propiedad de la trasnacional Sociedad Aguas Barcelona (AGBAR), que posee negocios en España, Reino Unido, México, Colombia, Argelia, Perú, Brasil, Turquía y EEUU. Rubro que brega por maximizar sus ingresos incumpliendo normas legales que en otros países les ha significado la pérdida de concesiones y la expulsión. Proceso social que parte cuando la clase política y la ciudadanía se ponen firmes y reclaman las inversiones necesarias para un mayor y mejor servicio, con mejor calidad y precios justos.
Hace unos meses la contraloría ordeno revisar el contrato entre la empresa y AES GENER propietaria de ALTO MAIPO, el que fue firmado hace 5 años y permitió dar viabilidad a la construcción del proyecto eléctrico en el cajón del Maipo. Esta revisión busca descartar que la empresa de servicios sanitarios modifique su rol fundacional y amplié su giro (de facto) a la producción eléctrica.
De este modo, una empresa nos corta el agua ante la acción indolente de la autoridad, y su socio -LUKSIC- propietario de Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. y Embotelladoras Chilenas Unidas S.A, interesado cada vez más en el negocio del agua, hoy nos la venden en los supermercados.
Sin ser un fanático de la estatización, creo que hay materias en que el estado debe ser garante e implacable protector, ya que ante el absurdo de que las calles estén anegadas y miles de viviendas sin agua para el consumo humano, pierde sentido el dicho popular “cuando llueve, todos nos mojamos” ya que en el Chile actual no es así. Sin embargo cobra valor señalar que, cuando estornudan los privados nos resfriamos todos… o por lo menos eso quieren que creamos.
