Antes de que termine el primer semestre, la papelera del Grupo Matte pretende entregar al Sernac y a las organizaciones de consumidores con las que participa en una mediación colectiva, una propuesta para realizar indemnizaciones por la colusión del papel. Para ello contrató a dos expertos en libre competencia: uno chileno y otro extranjero.
De momento, la empresa manifestó a través de los medios de comunicación que estaba dispuesta a realizar el pago a través de obras sociales, como colegios o instituciones sociales. Sin embargo, los consumidores rechazaron la posibilidad, afirmando que cualquier compensación debe tener impacto en todo el país, lo que, bajo este modelo, es complicado de lograr.
Así lo señaló Stefan Larenas, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile: “Si se repara a través de una obra social tiene demasiados límites ya que no todos van a ser beneficiados como fueron defraudados. Por ejemplo, si hago una obra social el Santiago, o un hospital en Antofagasta, qué pasa con el resto de los chilenos que fueron estafados en su patrimonio”, dijo.
“Lo más viable es entregar una compensación económica”, sostuvo y adelantó algunos cálculos reiterando que al cruzar la información que existe, tanto los datos de prensa como el requerimiento de la Fiscalía, se concluye que habría que compensar entre 20 a 25 mil pesos a todos los habitantes del país.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), también expresó su rechazo a la compensación con obras sociales al afirmar que “la obra social no tiene relación con los consumidores y acá lo que se busca es que se compense a los consumidores perjudicados”. En ese sentido, el diputado DC Gabriel Silber, quien ha estado siguiendo el caso, sostuvo que esta propuesta no soluciona ni genera una real reparación.
“Yo estoy muy de acuerdo con las organizaciones. Aquí hubo un daño patrimonial efectivo a los bolsillos de cada uno de los chilenos. Estas obras de beneficencia no son la bala de plata que va a saldar la deuda que existe con los millones de chilenos afectados”, afirmó el diputado quien llamó al Sernac a cambiar su política.
“El Sernac debe entender que trabaja para los Chilenos y no para cubrir la imagen de las grandes empresas que negocian”, sostuvo el parlamentario, y solicitó que esta negociación proponga como condición la compensación directa a cada uno de los afectados.
Recordemos que las organizaciones han evidenciado varias veces los problemas que existen para generar demandas colectivas. En ese sentido, este tipo de mediaciones podrían ser una alternativa para lograr avances mientras no exista un fortalecimiento de las leyes que deje las reglas claras en procesos masivos.
Así lo indicó también el abogado de la Universidad de Chile, Jaime Lorenzini: “Un juicio colectivo es el camino más largo y es muy costoso siempre para todas las partes, para la autoridad, los consumidores, son juicios largos que le implican gastos al poder judicial y al Estado en definitiva, y entonces parece muy razonable, conveniente la opción que se está llevando en esta instancia de mediación colectiva”, dijo.
El especialista en derechos del consumidor sostuvo que, hasta ahora, el problema pasa por contar con una tercera parte en la mediación que sea cien por ciento independiente y advirtió que el proyecto de ley en trámite en el Congreso tampoco se hace cargo de esto y añadió: “Sigue siendo una ley débil, coja, que necesita una nueva mirada”.
Antes de que termine el primer semestre, la papelera del Grupo Matte pretende entregar al Sernac y a las organizaciones de consumidores con las que participa en una mediación colectiva, una propuesta para realizar indemnizaciones por la colusión del papel. Para ello contrató a dos expertos en libre competencia: uno chileno y otro extranjero.
De momento, la empresa manifestó a través de los medios de comunicación que estaba dispuesta a realizar el pago a través de obras sociales, como colegios o instituciones sociales. Sin embargo, los consumidores rechazaron la posibilidad, afirmando que cualquier compensación debe tener impacto en todo el país, lo que, bajo este modelo, es complicado de lograr.
Así lo señaló Stefan Larenas, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile: “Si se repara a través de una obra social tiene demasiados límites ya que no todos van a ser beneficiados como fueron defraudados. Por ejemplo, si hago una obra social el Santiago, o un hospital en Antofagasta, qué pasa con el resto de los chilenos que fueron estafados en su patrimonio”, dijo.
“Lo más viable es entregar una compensación económica”, sostuvo y adelantó algunos cálculos reiterando que al cruzar la información que existe, tanto los datos de prensa como el requerimiento de la Fiscalía, se concluye que habría que compensar entre 20 a 25 mil pesos a todos los habitantes del país.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), también expresó su rechazo a la compensación con obras sociales al afirmar que “la obra social no tiene relación con los consumidores y acá lo que se busca es que se compense a los consumidores perjudicados”. En ese sentido, el diputado DC Gabriel Silber, quien ha estado siguiendo el caso, sostuvo que esta propuesta no soluciona ni genera una real reparación.
“Yo estoy muy de acuerdo con las organizaciones. Aquí hubo un daño patrimonial efectivo a los bolsillos de cada uno de los chilenos. Estas obras de beneficencia no son la bala de plata que va a saldar la deuda que existe con los millones de chilenos afectados”, afirmó el diputado quien llamó al Sernac a cambiar su política.
“El Sernac debe entender que trabaja para los Chilenos y no para cubrir la imagen de las grandes empresas que negocian”, sostuvo el parlamentario, y solicitó que esta negociación proponga como condición la compensación directa a cada uno de los afectados.
Recordemos que las organizaciones han evidenciado varias veces los problemas que existen para generar demandas colectivas. En ese sentido, este tipo de mediaciones podrían ser una alternativa para lograr avances mientras no exista un fortalecimiento de las leyes que deje las reglas claras en procesos masivos.
Así lo indicó también el abogado de la Universidad de Chile, Jaime Lorenzini: “Un juicio colectivo es el camino más largo y es muy costoso siempre para todas las partes, para la autoridad, los consumidores, son juicios largos que le implican gastos al poder judicial y al Estado en definitiva, y entonces parece muy razonable, conveniente la opción que se está llevando en esta instancia de mediación colectiva”, dijo.
El especialista en derechos del consumidor sostuvo que, hasta ahora, el problema pasa por contar con una tercera parte en la mediación que sea cien por ciento independiente y advirtió que el proyecto de ley en trámite en el Congreso tampoco se hace cargo de esto y añadió: “Sigue siendo una ley débil, coja, que necesita una nueva mirada”.
Antes de que termine el primer semestre, la papelera del Grupo Matte pretende entregar al Sernac y a las organizaciones de consumidores con las que participa en una mediación colectiva, una propuesta para realizar indemnizaciones por la colusión del papel. Para ello contrató a dos expertos en libre competencia: uno chileno y otro extranjero.
De momento, la empresa manifestó a través de los medios de comunicación que estaba dispuesta a realizar el pago a través de obras sociales, como colegios o instituciones sociales. Sin embargo, los consumidores rechazaron la posibilidad, afirmando que cualquier compensación debe tener impacto en todo el país, lo que, bajo este modelo, es complicado de lograr.
Así lo señaló Stefan Larenas, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile: “Si se repara a través de una obra social tiene demasiados límites ya que no todos van a ser beneficiados como fueron defraudados. Por ejemplo, si hago una obra social el Santiago, o un hospital en Antofagasta, qué pasa con el resto de los chilenos que fueron estafados en su patrimonio”, dijo.
“Lo más viable es entregar una compensación económica”, sostuvo y adelantó algunos cálculos reiterando que al cruzar la información que existe, tanto los datos de prensa como el requerimiento de la Fiscalía, se concluye que habría que compensar entre 20 a 25 mil pesos a todos los habitantes del país.
Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), también expresó su rechazo a la compensación con obras sociales al afirmar que “la obra social no tiene relación con los consumidores y acá lo que se busca es que se compense a los consumidores perjudicados”. En ese sentido, el diputado DC Gabriel Silber, quien ha estado siguiendo el caso, sostuvo que esta propuesta no soluciona ni genera una real reparación.
“Yo estoy muy de acuerdo con las organizaciones. Aquí hubo un daño patrimonial efectivo a los bolsillos de cada uno de los chilenos. Estas obras de beneficencia no son la bala de plata que va a saldar la deuda que existe con los millones de chilenos afectados”, afirmó el diputado quien llamó al Sernac a cambiar su política.
“El Sernac debe entender que trabaja para los Chilenos y no para cubrir la imagen de las grandes empresas que negocian”, sostuvo el parlamentario, y solicitó que esta negociación proponga como condición la compensación directa a cada uno de los afectados.
Recordemos que las organizaciones han evidenciado varias veces los problemas que existen para generar demandas colectivas. En ese sentido, este tipo de mediaciones podrían ser una alternativa para lograr avances mientras no exista un fortalecimiento de las leyes que deje las reglas claras en procesos masivos.
Así lo indicó también el abogado de la Universidad de Chile, Jaime Lorenzini: “Un juicio colectivo es el camino más largo y es muy costoso siempre para todas las partes, para la autoridad, los consumidores, son juicios largos que le implican gastos al poder judicial y al Estado en definitiva, y entonces parece muy razonable, conveniente la opción que se está llevando en esta instancia de mediación colectiva”, dijo.
El especialista en derechos del consumidor sostuvo que, hasta ahora, el problema pasa por contar con una tercera parte en la mediación que sea cien por ciento independiente y advirtió que el proyecto de ley en trámite en el Congreso tampoco se hace cargo de esto y añadió: “Sigue siendo una ley débil, coja, que necesita una nueva mirada”.
