Organizaciones de Derechos Humanos denuncian trabas para aprobar Sitios de Memoria

Una serie de trabas burocráticas, defensas corporativas de las Fuerzas Armadas y otros sectores denunciaron dirigentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Estas tendrían la finalidad de retrasar o impedir el establecimiento de distintos Sitios de Memoria y la devolución de sus respectivos territorios.

Una serie de trabas burocráticas, defensas corporativas de las Fuerzas Armadas y otros sectores denunciaron dirigentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Estas tendrían la finalidad de retrasar o impedir el establecimiento de distintos Sitios de Memoria y la devolución de sus respectivos territorios.

Esta semana el Consejo de Monumentos Nacionales se debía pronunciar sobre si el ex Internado Bernarda Morín de Antofagasta se convierte en el llamado “Sitio de Memoria Providencia”. Sin embargo, el Consejo aplazó la decisión, ya que aún está pendiente realizar una diligencia fundamental: la visita técnica al lugar.

El edificio se ubica al costado de la Capilla Providencia, en la capital de la Segunda Región, y fue, desde 1973 hasta 1986, un centro clandestino de interrogatorios y torturas físicas y psicológicas operado por la DINA, la CNI y el Servicio de Inteligencia de Carabineros de Chile (SICAR). A la fecha es propiedad de la policía uniformada.

El 27 de mayo de 2015, la Agrupación Providencia presentó la solicitud de declaratoria para el inmueble e inició una campaña que ha contado con el apoyo de una serie de actores políticos, académicos, artistas y defensores de los Derechos Humanos. Sin embargo, la resolución se ha ido aplazando por una serie de razones burocráticas.

Así lo indicó el presidente de la organización, Héctor Maturana, “no ha habido las facilidades suficientes para hacer este trabajo”, afirmó.

El dirigente agrega que “llevamos 11 meses con esta solicitud y hace muchos meses que colocamos como una de las primeras necesidades la visita técnica del lugar, tanto de los presos políticos como del Consejo de Monumentos Nacionales y aun así ha habido trabas. No se entiende por qué: ¿Aún hay poderes fácticos? ¿Siguen existiendo dualidad de poderes? ¿Hay estamentos dentro del Estado que son superiores a otros?”.

Maturana afirma que el aplazamiento de la fecha no es imputable a la organización ni tampoco al Consejo de Monumentos Nacionales. Con esto coincidió Milko Caracciolo, del Sitio de Memoria Rocas de Santo Domingo, quien apuntó a la responsabilidad que ha tenido en esto el Ministerio de Educación (Mineduc), cartera de la que depende directamente el Consejo de Monumentos Nacionales y que tiene otras prioridades.

Para el dirigente el problema es que hoy los conducen a la Subsecretaría de Derechos Humanos, institución formada hace meses, pero que no tiene quién la dirija, ya que no se ha designado al subsecretario. “Es una institución de papel, que no existe, sin equipos conformados para poder atender este tipo de solicitudes”, afirmó.

En ese sentido Caracciolo criticó con fuerza la inactividad del Gobierno, el que, pese a tener una nutrida agenda de Derechos Humanos, no ha cursado los procesos comprometidos, como decretar el fin de la Ley de Amnistía, establecer sanciones contra el delito de tortura o justamente dar un salto en materia de memoria histórica.

“Estamos conscientes de que son temas muy difíciles y en los que hay muchos poderes ocultos que no quieren que existan estos espacios de reconocimiento de la catástrofe que existió en nuestro país. Por lo tanto, creemos que no hay voluntad política y no hay una política de Estado sobre lo que tiene que ver con memoria histórica en nuestro país”, sostuvo.

Según sostuvo el dirigente, en su caso, las mayores trabas las han puesto los militares y la Municipalidad de Santo Domingo. “Nos hemos reunido con personeros civiles del Ministerio de Defensa y es increíble cómo están con miedo dentro del ministerio, porque estos temas no se tocan, y, por otro lado las Fuerzas Armadas no quieren hacer el mea culpa ni devolver el sitio, que, en este caso, fue robado”, sostuvo.

El Informe Valech recomendó el 2004 que cada región del país debe tener su sitio de memoria, sin embargo, en este momento el 99 por ciento de los sitios de memoria son auto-gestionados y es la propia población la que ha levantado y conservado estos espacios.





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