Una moción parlamentaria que pretende restringir la adquisición de tierras y beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas presentó la semana pasada la bancada de Renovación Nacional, encabezada por el presidente de la comisión investigadora sobre la situación de violencia en la Araucanía, Germán Becker.
Dentro de sus cláusulas se consideraría que “no podrán adquirirse tierras que en los últimos cinco años hayan sido objetos de ocupaciones o que su posesión o mera tenencia hubiese sido de cualquier manera perturbada”. Esta instancia deberá ser ratificada por un parte policial.
A esto se suma que no podrían ser beneficiarias del Fondo las personas que hayan sido condenadas por delitos sancionados con pena de crimen.
A pesar de que esta es la primera propuesta que busca limitar la recuperación de tierras indígenas, en el anuncio sobre la glosa para el sector público de la Ley de Presupuestos 2016 el Gobierno señaló que no se beneficiaría a los responsables de actos de violencia. Sin olvidar que durante 2015 el subsecretario de Interior Mahmud Aleuy advirtió que: “El Gobierno no dará acceso al beneficio de tierras a comunidades mapuche violentistas y sólo comprará a comunidades mapuche pacifistas y a arrepentidos”.
En ese sentido, el diputado Germán Becker aseguró que estos anuncios “han servido mucho porque si hacemos un análisis no han habido tantas acciones de violencia en los predios aunque, lamentablemente, se han centrado en postas, capillas, etc.”, indicó el parlamentario.
Agregó, además, que a pesar de que el Estado ha aumentado los presupuestos destinados a la compra de tierras, a su juicio, las vías violentas de recuperación han aumentado por lo tanto se hace necesaria su limitación.
El historiador Sergio Caniuqueo explicó que esta moción pretende regular la Ley Indígena, sin embargo, a esto se sobrepone el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, sostuvo que si bien los parlamentarios argumentan que la política de la entrega de tierras se ha visto estimulada por las autoridades, no consideran que la especulación ha generado un verdadero “mercado de tierras” del cual los mapuche no se ven beneficiados precisamente con los predios más productivos.
“Se habla sobre el incremento del Fondo de Tierras, pero se omite la especulación y la conformación del ‘mercado de tierras’, y que no que no son extremadamente productivas, es decir, que a los mapuche le están comprando predios no tan productivos porque en general son fundos que ya han dejado de usar los latifundistas y que, además, se están comprando a sobreprecios”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco), Sandra Marín Cheuquelaf, esto sólo generaría mayor conflicto en la zona porque la Conadi no trabaja con la demanda misma, sino que ve como un “beneficio” lo que en realidad es el “derecho” por la recuperación ancestral de territorios.
“En el plano de políticas públicas, no se aborda este tema de acuerdo a la realidad de la demanda. En todos los ámbitos de la CONADI no se trabaja al nivel de la demanda misma porque para eso dicen que los recursos no alcanzan a cubrir las necesidades. Entonces, le siguen poniendo mayores requisitos para optar a estas recuperaciones de tierra que no son “beneficios” sino que derechos de los mapuche”, enfatizó la dirigenta.
El reglamento de este Fondo de Tierras se creó en 1993 y establece que la Conadi realiza cada año un concurso público o llamado abierto a postulación a personas o comunidades indígenas. El monto máximo que entrega el subsidio es de 20 millones de pesos.
Una moción parlamentaria que pretende restringir la adquisición de tierras y beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas presentó la semana pasada la bancada de Renovación Nacional, encabezada por el presidente de la comisión investigadora sobre la situación de violencia en la Araucanía, Germán Becker.
Dentro de sus cláusulas se consideraría que “no podrán adquirirse tierras que en los últimos cinco años hayan sido objetos de ocupaciones o que su posesión o mera tenencia hubiese sido de cualquier manera perturbada”. Esta instancia deberá ser ratificada por un parte policial.
A esto se suma que no podrían ser beneficiarias del Fondo las personas que hayan sido condenadas por delitos sancionados con pena de crimen.
A pesar de que esta es la primera propuesta que busca limitar la recuperación de tierras indígenas, en el anuncio sobre la glosa para el sector público de la Ley de Presupuestos 2016 el Gobierno señaló que no se beneficiaría a los responsables de actos de violencia. Sin olvidar que durante 2015 el subsecretario de Interior Mahmud Aleuy advirtió que: “El Gobierno no dará acceso al beneficio de tierras a comunidades mapuche violentistas y sólo comprará a comunidades mapuche pacifistas y a arrepentidos”.
En ese sentido, el diputado Germán Becker aseguró que estos anuncios “han servido mucho porque si hacemos un análisis no han habido tantas acciones de violencia en los predios aunque, lamentablemente, se han centrado en postas, capillas, etc.”, indicó el parlamentario.
Agregó, además, que a pesar de que el Estado ha aumentado los presupuestos destinados a la compra de tierras, a su juicio, las vías violentas de recuperación han aumentado por lo tanto se hace necesaria su limitación.
El historiador Sergio Caniuqueo explicó que esta moción pretende regular la Ley Indígena, sin embargo, a esto se sobrepone el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, sostuvo que si bien los parlamentarios argumentan que la política de la entrega de tierras se ha visto estimulada por las autoridades, no consideran que la especulación ha generado un verdadero “mercado de tierras” del cual los mapuche no se ven beneficiados precisamente con los predios más productivos.
“Se habla sobre el incremento del Fondo de Tierras, pero se omite la especulación y la conformación del ‘mercado de tierras’, y que no que no son extremadamente productivas, es decir, que a los mapuche le están comprando predios no tan productivos porque en general son fundos que ya han dejado de usar los latifundistas y que, además, se están comprando a sobreprecios”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco), Sandra Marín Cheuquelaf, esto sólo generaría mayor conflicto en la zona porque la Conadi no trabaja con la demanda misma, sino que ve como un “beneficio” lo que en realidad es el “derecho” por la recuperación ancestral de territorios.
“En el plano de políticas públicas, no se aborda este tema de acuerdo a la realidad de la demanda. En todos los ámbitos de la CONADI no se trabaja al nivel de la demanda misma porque para eso dicen que los recursos no alcanzan a cubrir las necesidades. Entonces, le siguen poniendo mayores requisitos para optar a estas recuperaciones de tierra que no son “beneficios” sino que derechos de los mapuche”, enfatizó la dirigenta.
El reglamento de este Fondo de Tierras se creó en 1993 y establece que la Conadi realiza cada año un concurso público o llamado abierto a postulación a personas o comunidades indígenas. El monto máximo que entrega el subsidio es de 20 millones de pesos.
Una moción parlamentaria que pretende restringir la adquisición de tierras y beneficios del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas presentó la semana pasada la bancada de Renovación Nacional, encabezada por el presidente de la comisión investigadora sobre la situación de violencia en la Araucanía, Germán Becker.
Dentro de sus cláusulas se consideraría que “no podrán adquirirse tierras que en los últimos cinco años hayan sido objetos de ocupaciones o que su posesión o mera tenencia hubiese sido de cualquier manera perturbada”. Esta instancia deberá ser ratificada por un parte policial.
A esto se suma que no podrían ser beneficiarias del Fondo las personas que hayan sido condenadas por delitos sancionados con pena de crimen.
A pesar de que esta es la primera propuesta que busca limitar la recuperación de tierras indígenas, en el anuncio sobre la glosa para el sector público de la Ley de Presupuestos 2016 el Gobierno señaló que no se beneficiaría a los responsables de actos de violencia. Sin olvidar que durante 2015 el subsecretario de Interior Mahmud Aleuy advirtió que: “El Gobierno no dará acceso al beneficio de tierras a comunidades mapuche violentistas y sólo comprará a comunidades mapuche pacifistas y a arrepentidos”.
En ese sentido, el diputado Germán Becker aseguró que estos anuncios “han servido mucho porque si hacemos un análisis no han habido tantas acciones de violencia en los predios aunque, lamentablemente, se han centrado en postas, capillas, etc.”, indicó el parlamentario.
Agregó, además, que a pesar de que el Estado ha aumentado los presupuestos destinados a la compra de tierras, a su juicio, las vías violentas de recuperación han aumentado por lo tanto se hace necesaria su limitación.
El historiador Sergio Caniuqueo explicó que esta moción pretende regular la Ley Indígena, sin embargo, a esto se sobrepone el Convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, sostuvo que si bien los parlamentarios argumentan que la política de la entrega de tierras se ha visto estimulada por las autoridades, no consideran que la especulación ha generado un verdadero “mercado de tierras” del cual los mapuche no se ven beneficiados precisamente con los predios más productivos.
“Se habla sobre el incremento del Fondo de Tierras, pero se omite la especulación y la conformación del ‘mercado de tierras’, y que no que no son extremadamente productivas, es decir, que a los mapuche le están comprando predios no tan productivos porque en general son fundos que ya han dejado de usar los latifundistas y que, además, se están comprando a sobreprecios”, recalcó.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Conadi (Anfuco), Sandra Marín Cheuquelaf, esto sólo generaría mayor conflicto en la zona porque la Conadi no trabaja con la demanda misma, sino que ve como un “beneficio” lo que en realidad es el “derecho” por la recuperación ancestral de territorios.
“En el plano de políticas públicas, no se aborda este tema de acuerdo a la realidad de la demanda. En todos los ámbitos de la CONADI no se trabaja al nivel de la demanda misma porque para eso dicen que los recursos no alcanzan a cubrir las necesidades. Entonces, le siguen poniendo mayores requisitos para optar a estas recuperaciones de tierra que no son “beneficios” sino que derechos de los mapuche”, enfatizó la dirigenta.
El reglamento de este Fondo de Tierras se creó en 1993 y establece que la Conadi realiza cada año un concurso público o llamado abierto a postulación a personas o comunidades indígenas. El monto máximo que entrega el subsidio es de 20 millones de pesos.
