Chile es el principal exportador de salmón en la zona del Pacífico suroriental generando más de 800 mil toneladas de este producto cada año, de los cuales el 98 por ciento es destinado a exportación y solo el 2 por ciento para consumo interno.

Luego del golpe militar la primera área que se abrió a la explotación de barco factorías españoles, japoneses y coreanos fue Chiloé y sus canales interiores. Desde entonces la industria salmonera prometió trabajo y progreso, sin embargo hasta ahora el impacto ha perjudicado el ecosistema, generando cesantía y recientemente una crisis económica, social y medioambiental sin precedentes en la región.

Los pescadores artesanales de Chiloé solicitaron en su petitorio al Gobierno para deponer las manifestaciones, que se realice una investigación que determine si entre las causas de la marea roja existe responsabilidad de las empresas salmoneras que vertieron sus desechos en el mar de Chiloé, así como también que se sancionen a las autoridades políticas involucradas.

Según el Gobierno, no existiría evidencia científica de esta relación, tesis que fue confirmada por el Colegio de Biólogos Marinos de Chile, que aseguró que la marea roja se debe al “calentamiento global”, que está generando una “acidificación creciente del océano derivado del efecto invernadero”.

El investigador de la Universidad de Chile, Heéctor Kol, criticó que los miembros del Colegio de Biólogos Marinos pertenecen a la misma industria y por lo tanto “cuidan sus intereses”. Además explicó que “el detonante del problema fueron las descargas orgánicas y de nitrógeno en el agua que se generan por las operaciones de engorda de salmones que se realizan en el mar interior de Chiloé de manera permanente y por sobre las capacidades de carga del sistema”.

Esto pese a que la Ley de Pesca, que fue reformada en 2010, establece que la Subsecretaría de Pesca debe encargar estudios técnicos para que los establecimientos de acuicultura funcionen de acuerdo a las capacidades de carga de los sistemas. Al respecto, Kol aseguró que “la entidad nunca ha hecho esos estudios en ninguna parte”.

El biólogo marino apuntó a las responsabilidades de los municipios de Chiloé que debían revisar las declaraciones de impacto ambiental, la Armada de Chile, Sernapesca y Subpesca, además de las empresas del rubro que según dijo “entregaron información manipulada a los servicios públicos que evaluaron y entregaron certificados falsos”, acusó.

Desde 2007 y luego de la crisis del virus ISA, las compañías comenzaron a usar más antibióticos para combatir enfermedades que atacan el salmón. Un tema que tampoco ha sido regulado y cuyas consecuencias en el medioambiente se desconocen, porque no existen estudios que midan este impacto. Así lo señaló Liesbeth van den Meer, de la fundación Oceana.

“El uso de antibióticos en Chile es 500 veces mayor del que se usa en Noruega. En siete años hemos aumentado nuestra producción en 400 mil toneladas, el crecimiento ha sido exponencial y no hemos tenido ninguna respuesta para poder disminuir el uso de antibióticos en la salmonicultura”.

En tanto, la doctora en Geografía y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile, Beatriz Bustos, señaló que “la industria salmonera volvió a olvidarse que trabaja con seres vivos y está tomando decisiones en función de la productividad”, e hizo énfasis en los efectos a nivel sociocomunitario y al interior de la industria, que han generado las empresas desde el punto de vista de la política ambiental y la geografía del desarrollo.

La profesora de la FAU coincidió con Liesbeth van den Meer en que un punto de inflexión en la industria salmonera, y que explica el comportamiento posterior de las empresas del rubro, fue la aparición del virus ISA en 2007, “porque el principal efecto que tuvo en las personas fue el desempleo. Empresas como Marine Harvest despidieron a todos sus trabajadores en un día, operarios y profesionales, afectando además al comercio”.

Beatriz Bustos plantea que en esta nueva crisis desatada en la zona, las salmoneras han vuelto a operar de la misma manera que en 2007: “La industria volvió a olvidarse que trabaja con seres vivos y está tomando decisiones en la misma lógica anterior. El precio del salmón sigue en una etapa baja y la deuda de arrastre que tienen las empresas más el aumento del coste de producción tras los cambios realizados” son los principales factores para esta situación.

Alex Muñoz, director para Latinoamérica de Pristine Seas National Geographic, señaló que el tema de fondo es la dicotomía entre una visión de desarrollo basada en la salmonicultura, actividad incompatible con la pesca artesanal y el turismo, y otra visión sustentable que incentive actividades de bajo impacto.

“Lo más relevante no es quién provocó la marea roja, sino que hay un problema medioambiental mucho mayor en las costas del Chiloé que es provocado por la industria intensiva del salmón que ha contaminado el área por más de 25 años y cuyas consecuencias se vienen sintiendo desde hace tiempo. Es importante que la salmonicultura ya no sea apoyada por el gobierno de la manera en que lo ha hecho en los últimos años y se dé un real impulso a la pesca artesanal y al turismo como los motores del desarrollo sustentable de la Patagonia”, aseguró.

En ese sentido, Muñoz enfatizó en la necesidad de revisar la legislación que regula a esta industria, pero a su juicio la producción salmonera debería desaparecer de la actividad económica en el sur del país.

Luego de la crisis de 2007 que afectó a las salmoneras a raíz del virus ISA no hubo una regulación más estricta para la industria. Por el contrario en 2008, el Ejecutivo apoyó a la recuperación de las empresas con la obtención de recursos financieros, a través de créditos bancarios que Corfo garantizó hasta por el 60 por ciento de los montos que pidieron los privados.

En enero de este año, el Gobierno anunció que estaban trabajando en una nueva reglamentación para normar la industria con miras a bajar los niveles de producción que como han dicho los expertos sobrepasan los niveles de carga del sistema. El diputado del Partido Comunista y miembro de la comisión de pesca, Daniel Núñez, indicó que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento del Ejecutivo en esta materia.

“Hasta ahora no hay ningún pronunciamiento del Ejecutivo ni tampoco moción parlamentaria que vaya en esa línea. Lo que ha ocurrido en la industria del salmón es que hemos dejado al arbitrio de la propia industria el ponerse reglas más estrictas. Claramente aquí el Estado tiene que fiscalizar e imponer una normativa mucho más estricta respecto al desarrollo de esta industria y cómo vamos a asegurar que su expansión no tendrá impactos medioambientales negativos que incluso a veces llegan a perjudicar, paradójicamente, a la propia industria”, señaló.

El parlamentario anunció que este martes durante la sesión especial de la Cámara de Diputados los miembros de la comisión de pesca exigirán al Gobierno que se pronuncie sobre este tema, para que se envíe pronto un proyecto de ley.

Organizaciones sociales y medioambientales como Greenpeace Chile, han solicitado estudios independientes que permitan esclarecer las causas del problema y determinar a los responsables.

En esa línea, el Movimiento de los Territorios por la Defensa y Recuperación de las Aguas y la Vida, la Red por la Defensa de los Territorios; y el Centro de Estudios Sociales de Chiloé, ingresaron una denuncia formal ante la Superintendencia del Medio Ambiente en Santiago por la contaminación causada por la industria salmonera y la responsabilidad de organismos públicos como Sernapesca. Así también lo hizo la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno, quien este sábado interpuso un recurso de protección a favor de los pescadores de la zona.