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Año XIV, 8 de agosto de 2022

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La rápida expansión del gasto militar


Lunes 16 de mayo 2016 8:51 hrs.


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Un tema de creciente preocupación es el alto y creciente financiamiento publico que recibe el sector de la Defensa Nacional y las FF.AA en un país tradicionalmente pacifico localizado en el continente con menores guerras en el mundo. Sin embargo este pacifico país al fin del mundo si enfrenta restricciones en sus ingresos fiscales a raíz del menor precio del cobre y del lento crecimiento económico actual. El Estado Chileno, con sus arcas fiscales un poco mas menguadas (aunque hay amplios ahorros públicos depositados en el exterior) enfrenta múltiples requerimientos de gasto a raíz de la crisis de Chiloé, el compromiso y las demandas de gratuidad en la educación superior, los conflictos en la región de Atacama, la necesidad de subir las bajas pensiones, los  gastos de la salud publica, del transporte publico  y otros ítems. En el presupuesto fiscal compiten los recursos que van a financiar el gasto militar con los recursos que requiere la población civil en educación, salud, vivienda, transporte publico y protección de los eco-sistemas ambientales.

Al evaluar el gasto publico se busca que tenga un impacto social positivo, que cree capacidades y que sea bien ejecutado. Sin embargo, una de las peculiaridades del gasto militar, aquí o en otros países,  es que no atiende una necesidad social inmediata ni crea capacidades productivas.  El valor de acumular y mantener caros aviones de guerra, tanques, barcos , comprar submarinos y pertrechos de diverso tipo, a la escala actual  es cuestionable. Los recursos para dichos fines compiten directamente con la construcción de escuelas publicas, hospitales públicos, la ampliación del metro, la  mejora de las carreteras, la construcción de vivienda popular y otros gastos. La política publica en una sociedad democrática debe escoger un nivel y composición del gasto fiscal que hagan máximo el bienestar social.

La justificación estándar del gasto militar es que este constituye un supuesto “seguro” ante una eventual amenaza de guerra externa. Esta justificación en Chile es débil. Como hemos indicado, nuestra realidad ha sido la de una de paz duradera con sus vecinos y otras naciones del mundo por casi un siglo y medio. La ultima guerra fue en el siglo 19, en la década de 1870, es decir hace mas de 140 años  aunque si ha habido lo que cierto relatos inspirados en la doctrina de la seguridad nacional han llamado  “guerras internas. La ultima de estas tras el golpe de Estado de septiembre de 1973. En estas “guerras” los enemigos eran otros chilenos o chilenas, reales o imaginarios, que por lo demás raramente contaban con una fuerza armada propia de carácter regular.

Ante estas realidades surgen importantes interrogantes: Es el actual nivel del gasto militar en nuestro país ( este “seguro”) razonable para una país con el nivel de desarrollo de Chile? Estamos pagando un seguro muy caro? Será posible invertir en una  paz duradera con nuestros vecinos y otras naciones del mundo por  medios pacíficos como la diplomacia, la integración económica y cultural y la solidaridad regional?

Como veremos, los gobiernos civiles de los últimos 25 años, a partir de 1990, han  seguido una política, no explicitada, de expansión continua del gasto militar en tiempos de paz. Como consecuencia de esta opción se ha postergado la atención efectiva de las necesidades sociales de la población chilena (basta observar los múltiplos conflictos sociales hoy existentes en educación, en salud, en transporte, en las regiones). Veamos que dicen las cifras de gasto militar para nuestro país y nuestros vecinos.

La principal fuente para evaluar el nivel y la evolución del gasto militar usada por analistas de defensa en el mundo son las estadísticas provistas por SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute , organismo autónomo e independiente en Suecia que publica, anualmente, datos de gasto militar para 172 países que cubren  el periodo 1988-2015. Sus fuentes son estadísticas oficiales de los mismos países (cuando estas no están disponibles el SIPRI les envía a las autoridades nacionales un cuestionario especifico). Se incluye en la definición del gasto militar dos principales componentes: (a) gasto corriente (sueldos y salarios del personal de las FF.AA, gastos de mantenimiento del material bélico, pensiones y beneficios de personal retirado de la defensa nacional ) y (b) gastos de capital  que incluye la adquisición de material bélico, (aviones, tanques, submarinos, barcos, municiones). Esta definición es común a los distintos países y por ende permite hacer comparaciones entre naciones y a través del tiempo.

Los datos del SIPRI muestran que en 1990 el gasto militar en Chile era de 2.106 millones de dólares. Un cuarto de siglo después, en el 2015, en plena paz y democracia, el gasto militar total alcanzaba los 5.071 millones de dólares (ambas cifras medido en dólares de poder de compra constante del 2014). Así entre 1990 y 2015 el gasto militar se incremento en términos reales en 140 por ciento, mas que duplicando su nivel inicial existente al inicio de la transición a la democracia. Asimismo, las cifras de gasto militar del 2000 y 2010, indican que este aumentaba en aproximadamente mil millones de dólares (reales) por década, tendencia que sigue en el presente.  Han habido guerras con nuestros vecinos en este periodo (a partir de 1990)? Hemos estado frente a alguna amenaza externa conocida que hubiera exigido expandir el tamaño y la capacidad operativa de guerra de nuestras fuerzas armadas? Claramente que no. Entonces porque ha subido tanto el gasto militar en el ultimo cuarto de siglo? Esta es una interrogante abierta que requiere de más análisis, pero seria útil, para empezar, tener una respuesta de los distintos gobiernos y sus  ministros de defensa que autorizaban sistemáticamente dichos incrementos del gasto militar y que por lo sabemos no se complicaban demasiado en controlar su uso También los honorables senadores y diputados que aprobaron las correspondientes partidas presupuestarias en defensa debieran explicarle a la ciudadanía  porque han preferido sostenidamente entregarle mas recursos al gasto militar postergando la mejora de los servicios sociales y la de infraestructura publica.

En términos relativos, y siempre utilizando las cifras de SIPRI, el nivel actual (2015) de gasto militar de Chile es claramente superior al de sus vecinos y de otros países latinoamericanos. Como proporción del PIB (Producto Interno Bruto) el gasto militar de nuestro país es 2.5 por ciento, el de Bolivia 1.8 por ciento (equivalente a 513 millones de dólares lo que representa, en términos absolutos, solo el 10 por ciento del gasto militar de Chile), en Perú el porcentaje de gasto militar sobre el PIB es de 1.9 por ciento (3303 millones de dólares) y en Argentina dicho coeficiente es 1.2 por ciento del PIB (5342 millones de dólares). Es decir en relación a nuestra capacidad de generar ingresos nosotros gastamos en defensa mas que nuestros tres vecinos y en términos absolutos substancialmente mas que Bolivia y Perú. Asimismo, como proporción del gasto publico total el gasto militar chileno es de 7.4 por ciento versus 4 por ciento en Bolivia, 7.1 por ciento en Perú y 2.4 por ciento en Argentina.

La gran generosidad (“billetera suelta”) de los gobiernos a partir de 1990 hacia el sector de la defensa nacional,  contrasta con el tratamiento muy exigente (la “billetera apretada”) otorgado a los sectores sociales (educación, salud, pensiones y otros) que han operado en todos estos años bajo esquemas crecientemente privatizados en concordancia con la doctrina del Estado subsidiario. Esta combinación de alto gasto militar y bajo gasto social (relativo a las necesidades de la población) sugiere la existencia de distorsionadas  prioridades nacionales en esta  transición de un cuarto de siglo hacia una plena democracia. Esta proclividad hacia el gasto militar no solo se refiere a la adquisición de material bélico sino también al sistema de pensiones de las FF.AA (CAPREDENA Y DIPRECA) que pagan, con un alto aporte del Estado, pensiones mensuales promedios de $ 700 mil mensuales , mientras que la pensión promedio pagada por el sistema de las AFP es solo de $ 200 mil al mes. Por otra parte el equipamiento de los hospitales públicos de las instituciones de la defensa nacional es muy superior al de los hospitales públicos de la población civil que viven con estrechos presupuestos, lo mismo que las universidades estatales y otros entes públicos. Finalmente, además del presupuesto regular de la nación las FF.AA. reciben el 10 por ciento de las ventas brutas de CODELCO por la ley reservada del cobre que el sistema institucional vigente mantiene. Es hora de restablecer, con transparencia, nuevas y justas prioridades nacionales sobre el gasto del Estado compatibles con una democracia real y una economía equitativa.