En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, se refirió a los antecedentes que vinculan al PPD con financiamiento ilícito por parte de la minera. “Estaríamos frente a un esquema fraudulento para obtener financiamiento a partir de la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron o que estaban manifiestamente abultados”, aseguró.

“Acá se ha tratado de levantar la versión de que, por las circunstancias que Chile Ambiente era una organización autorizada para recolectar fondos en conformidad a la ley antigua, entonces la actividad sería lícita y eso es falso”, afirmó, agregando que “ninguna autorización para que alguna fundación u otra entidad sin fines de lucro pueda generar dineros para financiar partidos políticos involucra que pueda realizar actividades ilegales”.

Para el representante de la fundación Ciudadano Inteligente, los antecedentes revelados en el informe de la PDI detectan una nueva dimensión respecto de la relación entre las empresas y la política: “estamos frente a una situación inédita, hasta el momento todo el financiamiento que se había descubierto era dirigido a campañas o determinadas personas, pero acá hay un financiamiento directo al partido, o sea, Julio Ponce Lerou le estaba pagando el agua, la luz y los sueldos al PPD”.

El abogado agregó que “lo que se debe hacer, a partir de estos indicios claros de hechos ilícitos, es que sean investigados hasta las últimas consecuencias, se esclarezca lo que sucedió, la participación de todas las personas que aparecen involucradas y determinar las responsabilidades del caso”.

Daza se refirió a las motivaciones que podría tener la empresa SQM para financiar, transversalmente, la política chilena, “acá había un fin que era mantener un contrato que corresponde al 50 por ciento de las utilidades que recibe SQM año a año y que se concreta a partir del arrendamiento del Salar de Atacama, de ahí Soquimich saca gran parte de su riqueza, y, de hecho, esa es la razón por la cual, a nuestro juicio, se mantiene esta red de captación de partidos políticos o figuras del ámbito público”.

Para el profesional, “acá no solamente hay un tema de vulneración de la norma de financiamiento de la política, sino que una hipocresía respecto del discurso que se vende frente a la ciudadanía y las conductas que se llevan a cabo y eso tiene que ser juzgado por parte de la comunidad”.

Asimismo considera poco creíble la versión del PPD respecto de que Carolina Toha no estaba al tanto de lo que ocurría al interior de su partido “es inverosímil, uno no va a pensar que una persona como ella sea tan negligente de dirigir un partido y no saber qué es lo que ocurre en él, pero esa es materia de investigación y será la fiscalía la que determine responsabilidades”.

Respecto de la forma en que se ha desarrollado la investigación del caso SQM, Mauricio Daza sostiene que “es efectivo que uno ha observado dificultades objetivas en la investigación que no se han visto en otros casos y esto se relaciona al momento en que empiezan a aparecer figuras de la Nueva Mayoría involucradas con estos casos”.

En ese sentido agregó que “el problema es un tema de investigación y esa es responsabilidad no solo del Ministerio Público, sino que también del Servicio de Impuestos Internos. Eso genera un verdadero cóctel que impide que no se pueda avanzar tan rápido”.

Tribunal Supremo del PPD abre causa por aportes de SQM

La instancia del partido que encabeza el senador Jaime Quintana decidió efectuar una investigación interna respecto del pago por 57 millones de pesos hecho por SQM a Chile Ambiente y que terminó a parar a las arcas del PPD.

De acuerdo al artículo 53 de los estatutos partidarios, el tribunal resolvió abrir causa “a fin de recabar toda la información pertinente respecto de las vías de financiamiento del PPD durante el período cuestionado”.

La mesa que encabeza Quintana deberá remitir los antecedentes del caso, incluyendo información contable pertinente y “cumplir a la brevedad, con el objeto de analizar las conductas partidarias que pudieren constituir incumplimiento a las obligaciones y deberes partidarios que eventualmente puedan generar una infracción en relación a los estatutos, reglamentos, declaración de principios o acuerdo de los órganos regulares del partido”.

De esta forma, la investigación estará dirigida a la mesa que lideraba, en ese entonces, Carolina Tohá y además su tesorero, Luis Matte Lira, junto al jefe de Administración y Finanzas, Sergio Ortega, que de acuerdo a la información revelada por la PDI efectuaron las tratativas con la empresa SQM.

Respecto de esta investigación el presidente del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que “el PPD como institución no ha pedido financiamiento a SQM”, de todas formas, el senador agregó que “es probable, y lo que se desprende de los hechos conocidos, que haya habido personas que hayan recurrido a esa empresa o eventualmente otras empresas, pero eso naturalmente, lo que actuó el partido, lo hizo amparado en la ley.

Quintana se refirió además al dilema que se presenta al saber que un partido como el PPD solicitó ayuda al yerno de Augusto Pinochet, al respecto sostuvo que “este partido ha tenido una conducta inalterable durante toda su existencia”.

Recordemos que en la declaración que redactó este lunes la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, señala que “me gustaría aclarar que, como presidenta del PPD, las gestiones de financiamiento que apoyé fueron apegadas a la ley”. Y añade que “no solicité a Patricio Rodrigo, ni directa ni indirectamente, ningún asunto relacionado con el financiamiento del partido”.

La edil agregó que “quiero ser categórica en señalar que respecto a mi campaña a la alcaldía y a todas las que he hecho anteriormente nunca he solicitado apoyo a SQM ni he pedido a terceros que lo hicieran por mí”.

Desde el gobierno en tanto, también hubo reacción respecto de lo que está pasando al interior del PPD, el ministro vocero, Marcelo Díaz reiteró que el Ejecutivo “no se pronunciará a investigaciones en curso”, pero reiteró que a él “no se le hubiera ocurrido nunca” pedir fondos a SQM.

Al mismo tiempo señaló que “yo no me siento en condiciones y en capacidad de juzgar ética ni políticamente a nadie. Creemos que la contribución que el Poder Ejecutivo tiene que hacer es el respeto más absoluto a la autonomía de las instituciones que tienen facultad investigativa”.