Doctor en Trabajo Social: “La cárcel es el reflejo de la sociedad que construimos”

Guillermo Sanhueza, doctor en Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Michigan, criticó la política carcelaria y de reinserción social que existe en nuestro país, al tiempo que cuestionó la Agenda Corta Antidelincuencia. “No podemos hacer política pública basándonos sólo en el miedo”, aseguró.

Guillermo Sanhueza, doctor en Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Michigan, criticó la política carcelaria y de reinserción social que existe en nuestro país, al tiempo que cuestionó la Agenda Corta Antidelincuencia. “No podemos hacer política pública basándonos sólo en el miedo”, aseguró.

El doctor en Trabajo Social y Sociología de la Universidad de Michigan, Guillermo Sanhueza, quien se especializa en políticas públicas carcelarias, manifestó que como país estamos al debe en políticas de reinserción social, lo que se manifiesta en la alta fragmentación institucional que se evidencia en esta materia.

Desde la inexistencia de una ley de ejecución penal que reglamente el camino posterior a la reclusión de las personas, hasta la falta de materias en las mallas curriculares académicas que permitan a los estudiantes y profesores de distintas carreras poder especializarse en este tema, evidencian esta falta de preocupación sobre este problema.

Por lo mismo, Sanhueza aclara que para abordar esta materia no existen recetas simplistas ni soluciones mágicas que lo resuelvan.

Sobre el otorgamiento de libertades condicionales en las últimas semanas, el académico quiso hacer énfasis en que “nos hace mal como país estar echándonos la culpa unos a otros”, y que para hablar de reinserción social, es necesario que cada uno “asuma su cuota de responsabilidad”. En ese sentido, plantea que aún faltan muchos elementos para hablar una política efectiva de reinserción.

Por ejemplo, señala Sanhueza, en primer término no existe una ley de ejecución penal: “Hoy día todo lo relativo a una persona privada de libertad y la idea de rehabilitación dependen de reglamentos y de cuerpos legales fragmentados que no son leyes, por tanto no hay juez de ejecución que revise el progreso en términos de reinserción de los condenados”, sostiene.

“Cuando el liberto, ya sea por libertad condicional que es lo que se está discutiendo ahora, o cuando el hombre o mujer cumple la condena hay muy pocos municipios en el país que acompañan a estas personas que se están reintegrando a la sociedad, con programas específicos, con acompañamiento, entonces hay municipios, en general, ausentes de estas temáticas. Tienes también empresarios o empresas que muy pocos de ellos ofrecen trabajo a las personas que salen en libertad”.

Para el también académico de la carrera de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián, el problema que se ha generado a partir del otorgamiento de libertades condicionales en algunas regiones del país “es simplemente un síntoma de algo que no hemos venido haciendo bien desde hace muchos años”.

Guillermo Sanhueza sostiene que el tema carcelario refleja lo que se ha venido haciendo sobre esta materia en la sociedad chilena, la cual simplemente deja tras las rejas a los elementos indeseables y menos aventajados, generando una falsa sensación de seguridad, pero sin una política de rehabilitación que la sustente, entonces la pregunta que plantea el académico es “a qué van a salir” esas personas que han estado encarceladas sin más.

“Las cárceles siempre hablan de las sociedades en las cuales están insertas. Las cárceles son el reflejo de la sociedad que estamos construyendo y es el fracaso de nosotros como sociedad, de no tener una sociedad más cohesionada justa y digna”, señala.

Sobre la Agenda Corta Antidelincuencia, Guillermo Sanhueza indicó que es una política pública que ha sido criticada desde el Instituto de Derechos Humanos hasta Fundación Paz Ciudadana, pero que en tiempos en que la desconfianza en la clase política está en su máximo histórico, se recurre a este tipo de herramientas para congraciarse con la población, cayendo en lo que se ha llamado como “populismo penal”.

“Con una clase política que tiene muy bajos niveles de aprobación, con una desconfianza hacia las instituciones es muy fácil en ese contexto empezar a decir que los que están a favor de la Agenda Corta Antidelincuencia son pro víctimas, y la gente que por A, B o C nos oponemos, porque encontramos que es una mala política pública  que puede ser discriminadora, y que además no soluciona el problema de fondo, somos tildados que estamos a favor de los delincuentes. Ese tipo de debate suena a populismo penal”.

El doctor en Trabajo Social plantea que lo que se necesita en nuestro país es una “Agenda Larga Antidelincuencia”, que parta por preocuparse de la infancia y juventud vulnerada en sus derechos: “Hay un montón de chiquillos en el país que desertan del colegio, ¿cuáles son los programas focalizados para ayudar a esos cabros?”, se pregunta Sanhueza.

También llama a modernizar Gendarmería y el servicio penitenciario, “el pariente pobre de la agenda de seguridad”: “Modernizamos los Carabineros, modernizamos el Poder Judicial, la Fiscalía, modernizamos todo el aparato de persecución penal y, sin embargo, Gendarmería siempre tiende a ser el pariente pobre de esta historia. Si vamos a hablar de reinserción y vamos a hablar de bajar la delincuencia, a mí me encantaría que lo habláramos en serio”.

“No podemos hacer política pública basándonos sólo en el miedo o sólo en las malas experiencias. Tenemos que hacer políticas públicas que sean eficaces para no hacer que el crimen aumente, y más cárcel lo que genera, entendiendo que es una reacción humana natural el pedir más cárcel, pero si efectivamente basamos una política pública en más cárcel, en más castigo, lo que estamos hipotecando es la seguridad del futuro, de los hijos y nietos porque vas a tener más reincidencia, vas a tener una delincuencia más profesionalizada”.

Finalmente, Guillermo Sanhueza hizo énfasis en la falta de un centro de estudios interdisciplinario que, a nivel académico, pueda servir de institución que entregue insumos y una masa crítica a quienes deben ejecutar las políticas carcelarias y de reinserción social que apunten a estar permanentemente repensando estas herramientas, y que no sea patrimonio de un color político las políticas de prevención del delito.

“Mucha gente dice que sale caro mantener a los presos, yo doy vuelta el argumento y digo que este es el costo social que estamos pagando como sociedad por no haber hecho las cosas mejor antes. Para mí, las cárceles representan, en parte, la deuda social que tenemos con las personas, fundamentalmente los más desventajados. Si tú ves las cárceles en Chile, en Japón, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo las cárceles están llenas de los más desventajados de dicha sociedad”.





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