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La responsabilidad de los Estados en la crisis económica de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enfrenta la peor crisis financiera de su historia, que de no solucionarse a la brevedad, le impedirá continuar velando por los derechos humanos en la región. Esta situación sería consecuencia de la falta de financiamiento de países descontentos con la lectura progresista del organismo.

Victoria Viñals

  Domingo 5 de junio 2016 15:36 hrs. 
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El 23 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado donde anunció que el organismo atraviesa una grave crisis económica. El próximo 31 de julio se vencerán los contratos del 40 por ciento del personal y actualmente no se cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos.

Además de lo anterior, se avisó de la suspensión de las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

La Comisión expresó que la situación que enfrentan es “estructural y sistémica” y que resulta indispensable atender y resolver. A juicio de los representantes del organismo internacional, existe una contradicción entre el mandato que se le ha asignado a la Comisión y los recursos que se le otorgan para cumplirlo.

“Los Estados crearon este sistema en 1959 y proclamaron en la Convención Americana que el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, sólo puede alcanzarse garantizando el ejercicio de sus derechos humanos. Crearon la CIDH para que ese ideal se hiciera realidad. Después nunca le dieron los recursos para realizar su trabajo”, señala James Cavallaro, presidente de la CIDH, en una columna publicada por el diario El País.

Actualmente la CIDH tiene tres vías de ingresos: los que recibe de la Organización de Estados Americanos (OEA), los aportes voluntarios que reciben de los Estados miembros y las donaciones de países europeos interesados en la promoción de los derechos humanos.

Mientras que el Consejo de Europa destina el 41 por ciento de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos de las personas, la OEA destina sólo el 6 por ciento de su presupuesto a la Comisión Interamericana.

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Si bien la entidad continúa recibiendo el 6 por ciento de los ingresos vía OEA, varios países europeos retiraron sus donaciones debido a la crisis que enfrenta medio oriente y a la necesidad de apoyar, por ejemplo, a los refugiados de distintos países.

Los aportes voluntarios de los Estados miembros también han disminuido considerablemente: este año, sólo Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay han dado fondos a la CIDH, un total de 2,5 millones de dólares de los cuales el 90 por ciento proviene del país norteamericano. Este elemento sería clave para explicar la crisis económica de la institución.

Astrid Espaliat, doctora en Derecho Internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile explica que hay Estados que no están contentos con los temas que la Comisión Interamenricana ha decidido abordar. “La lectura más progresista de la Comisión ha repercutido en sus problemas presupuestarios”, señaló.

“Esto ha ocurrido porque hay ciertos Estados que han reclamado contra la Comisión porque les ha parecido que ha ido más allá del mandato de la Convención Americana. Hay Estados a los que les molesta, por ejemplo, el tema de la inclusión de lesbianas, gays y transexuales en una relatoría que se incorporó ahora último”, apunta la experta.

Esta supuesta “interpretación progresista” correspondería tan solo a la aplicación de las normas consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos, el denominado Pacto de San José de Costa Rica. A modo de ejemplo, Astrid Espaliat señala que “se acusa a la comisión de ser proaborto cuando eso no es así”.

Uno de los casos emblemáticos es el de Colombia, que antes aportaba a la CIDH pero que ha venido reduciendo sus contribuciones. Llegó a dar 400 mil, luego 200 mil y el año pasado 50 mil dólares. Este año no han realizado ningún aporte, pese a que la Comisión entregó una carta en la cancillería de ese país.

Para James Cavallaro, “algunos países se sienten incómodos cuando la CIDH pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos. Esa es nuestra función y nos la asignaron los Estados. Pero nos estrangulan financieramente, quizás para que no podamos cumplir con nuestro mandato”.

En ese sentido, Astrid Espaliat sostuvo que la molestia de los países miembros respondería a la naturaleza estructural de los Estados: “La protección de los derechos humanos siempre va a generar una tensión entre los órganos de protección – uno de los cuales es la Convención Americana – y el Estado, porque son los agentes públicos del Estado los que normalmente violan los derechos de los individuos. Entonces hay casos o situaciones en que esa tensión se vuelve más brusca y los Estados están respondiendo con lo que actualmente estamos viendo”.

Situación crítica, mandato incompleto

La CIDH es un órgano autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia son sus principales funciones.

La entidad realiza su trabajo con base en tres pilares: el Sistema de Petición Individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica y ratificada por Chile el 21 de agosto de 1990, define los derechos que los Estados miembros se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para su protección. La Comisión trabaja para promover el respeto a esas normas.

Otra de sus funciones es la de acoger recursos de personas individuales. Cuando una persona de cualquiera de los Estados miembros considera que ha sido víctima de violaciones a sus derechos puede recurrir a la Comisión habiendo agotado todas las instancias legales en su país. La Comisión revisa la causa y de considerarla admisible la traslada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se realiza un proceso.

“Resulta igualmente perturbador el estado de indefensión en que quedarán miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Será inevitable que el retraso procesal que se estaba intentando reducir vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia”, puede leerse en el comunicado.

Si bien esa crisis no supone el fin de la CIDH, supondrá una disminución de los estudios de medidas cautelares que se emiten con carácter de urgencia, la incapacidad de viajar a los países para monitorear el estado de los derechos humanos y la suspensión de las audiencias públicas previstas para julio y octubre. Además, la menor capacidad administrativa del organismo (el resultado de perder al 40 por ciento del personal), hará aún más lento los procedimientos de los 7 mil casos que actualmente tienen pendientes de resolución.

Atendiendo a estos elementos, el comunicado emitido por la CIDH finaliza tajante: “Es indispensable, imperativo y urgente que los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren su compromiso con el respeto y garantía a los derechos humanos con hechos y no sólo palabras”.