La diputada de la UDI Claudia Nogueira ante el Comité de los Derechos del Niño presentó este lunes en la ONU Una denuncia contra el Estado de Chile.

La acción apunta a las falencias del Servicio Nacional de Menores (Sename) y solicita al comité ordenar suprimir el Sename y reemplazarlo por dos organismos: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia, ambos con estructuras, recursos y personal especializado.

Además, se solicita aumentar los profesionales tanto en los centros, como en la administración y “prohibir la sobrepoblación de niños vulnerados”.

La denuncia se realiza tomando en cuenta el caso de Lissette Villa, la niña de once años que murió en un centro del Sename a raíz de una supuesta una sobredosis de medicamentos. Tesis que aún no ha sido confirmada por las autoridades del organismo que hasta hoy no han dado a conocer los resultados de los exámenes toxicológicos de Lissette.

Frente a esto, el diputado independiente (ex DC) René Saffirio planteó sus dudas acerca de la efectividad de estas medidas que calificó como “fuegos artificiales” que no cambiarán nada de fondo, y dijo que es necesario apuntar a la responsabilidad del Ejecutivo en la materia.

“Yo espero que la gente que está a cargo del Sename de una vez por todas escuche y entienda que estamos frente a una situación grave y que por otra parte se convenzan que con fuegos artificiales no nos van a hacer bajar los brazos. Con esto me refiero a medidas populistas que se toman para dar la impresión de que se está haciendo algo cuando en realidad la situación de los niños sigue exactamente igual. En este mismo momento no tengo la menor duda de que son varios los niños que están siendo violados en algún centro del Sename”, advirtió el parlamentario.

Para el diputado la solución pasa por un tema legislativo en cuanto tiene relación con la división del servicio en dos organismos; es también presupuestaria porque ambas estructuras requieren más recursos que los que administra hoy Sename y también es administrativa, en tanto “se debe cambiar el concepto del niño con medida cautelar que se convierte en un cliente de la institución, porque en la práctica es la misma figura que tienen los sostenedores de educación particular subvencionada. Esto porque entre más tiempo permanece el niño, más dinero recibe el centro que lo acoge”, explicó el parlamentario.

El diputado agregó que este martes se constituirá la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, “un trabajo que tiene como prioridad que la sociedad chilena vea el problema que afecta a los más de quince mil niños que alberga esta institución”.

El presidente de la Asociación Metropolitana de Trabajadores del Sename, René Sáez, criticó que la UDI presente hoy una denuncia ante la ONU, “cuando ellos ya tenían conocimientos de las vejaciones al interior del organismo durante el gobierno de Sebastián Piñera”.

El dirigente calificó la denuncia de la diputada como una medida populista y señaló que esto no tendrá ninguna repercusión real: “No es el ente que va a poder solucionar el tema o suprimir a Sename, ellos pueden hacer observaciones a la institución, pero no tienen ninguna potestad política, ni jurídica de poder suprimir el Sename. Donde sí se tienen que hacer los requerimientos es en Justicia para ver si se está cumpliendo la normativa o los procesos penales de los chicos, en Hacienda que tiene que ver si se están destinando bien los recursos en el servicio, en Salud que tiene que ver con el consumo de medicamentos. Es ahí donde se tienen que hacer las denuncias”, aseguró Sáez.

Para la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, es esperable que ocurra esto luego de la visita de la diputada a uno de los centros, “sobre todo si se trata de alguien que no conoce la realidad histórica de Sename”, aseguró.

Se trata de una demanda histórica por más recursos y mejor gestión del servicio. A propósito de estas urgencias es que la dirigenta explicó que la semana pasada ya hubo un paro en el centro de San Joaquín donde faltan educadores para cumplir con los turnos necesarios.

Esto se debería, según explicó, a que muchos de los trabajadores se encuentran con licencias médicas a raíz de la sobrecarga laboral que viven en los centros. Al respecto dijo que “de 4 mil funcionarios, mil están de manera permanente con licencia médica”.

En esa ocasión los funcionarios entregaron el cuidado de los niños a Gendarmería “porque no estaban las condiciones de seguridad, falta dotación de personal y las autoridades de Sename no llegaron a la hora que la Asamblea de Trabajadores lo requirió”.

A esta acción se suma ahora la toma por parte de funcionarios de un Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP–CRC) en Talca quienes exigen la salida de la directora del centro, Valeska Chandía.

“El centro está tomado desde las siete de la mañana precisamente por la mala gestión de la directora regional y la directora del Centro que hemos venido denunciando por mucho tiempo. Estas directoras han ingresado funcionarios al centro y a la dirección regional, más que nada importándoles la militancia política por sobre las competencias que tengan las personas. La directora ha tenido negligencias, no ha ido a las audiencias de los jóvenes a los tribunales, su ausencia en el centro, pese a que la hemos denunciado. Pero aquí todos se hacen los locos en la autoridad nacional y nadie escucha”, acusó.

La dirigenta advirtió que la toma del centro se extenderá por 48 horas. Sin embargo, de no haber respuestas ante la falta de personal y la sobrepoblación en los centros, los dirigentes advirtieron que radicalizarán las protestas y no descartan repetir acciones como la del jueves pasado.