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Año XVI, 28 de marzo de 2024


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¿Y dónde está el pueblo?


Miércoles 8 de junio 2016 10:45 hrs.


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La soberanía popular se vincula al principio de libre determinación de los pueblos, en tanto la decisión fundamental respecto del orden político, económico y social de un Estado recae sobre estos. El pueblo, entonces, es o debiera ser el origen y el portador del poder del Estado [1]; en él reside, en última instancia, la proposición, aprobación y revocación de mandatos y políticas

Cuando el actual Gobierno invita a la ciudadanía a participar de un proceso constituyente, previamente formulado y estructurado, cabe preguntarse: ¿no debe una constitución verdaderamente emancipada, autónoma y representativa generarse desde las bases ciudadanas? En este mismo sentido, podríamos afirmar que dicho proceso se viene gestando hace años, bajo su propia lógica. Demás está decir que un pueblo soberano no va a esperar a que un gobierno le organice una Asamblea Constituyente. Por el contrario, el ejercicio de la soberanía popular exige la existencia de colectividades organizadas y autogestionadas; comunidades propositivas, no solo demandantes.

Podemos creer en un Estado garante del mandato de la constituyente, la que a su vez, recibe el mandato del pueblo; podemos creer en una Asamblea Constituyente que refleje la diversidad de Chile, justamente representada de acuerdo a la cantidad de habitantes. Sin embargo, es difícil no desalentarse con la historia del Estado chileno, que nunca ha sido construido por la ciudadanía. Ninguna de las tres Constituciones que nos han regido ha sido fruto de la libre voluntad de la sociedad civil. Y dos de ellas, además, fueron el producto de sangrientos golpes.

Chile ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establece la libre determinación de los pueblos, que comprende la libertad de escoger su política, de proveer su desarrollo económico, social y cultural y disponer de sus riquezas y recursos naturales ¿Cuándo se ha respetado plenamente este precepto en Chile? ¿Lo habrán acatado los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la misma ONU, a saber, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido? Aquí yace una paradoja difícil de franquear: cuando los tratados internacionales a los que podemos invocar son, en ocasiones, letra muerta o, a lo menos, mancillados, deslustrados, despojados de su honra.

Existen, por suerte, una serie de memorias colectivas; subterráneas, disímiles, heterogéneas, periféricas, que llevan dentro de sí algo de esas historias de organización social, de ejercicio del poder popular. Personas portadoras y constructoras de una memoria que, a pesar de haber sufrido cruentas derrotas y de haber sido oprimida en distintas épocas, aún se mantiene viva. “Cavernarios, el pensamiento no se reprime ni se encarcela”. Así dijo Darío Sainte Marie, alias Volpone, en El Clarín de Chile.

Vale la pena poner atención a aquellas iniciativas de la sociedad civil que buscan fomentar la educación y participación ciudadana, tal como el Proyecto Puentes, en el que se destaca la necesidad de un poder democrático que se deba al pueblo, reconociendo su carácter diverso y colectivo, y las que han surgido a lo largo del tiempo a favor de la Asamblea Constituyente, como Marca ACMovimiento por la Asamblea Constituyente , Fundación Constituyente XXI y el Foro por la Asamblea Constituyente. Estas dos últimas colectividades crearon la Escuela Nacional de Monitoras y Monitores para la Asamblea Constituyente, que operó entre abril y agosto del año 2015. Instancias formacionales y colectivas de este tipo pueden ser un gran aporte en la construcción de una constitución libre y soberana.