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Año XIII, 3 de marzo de 2021

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Presidente CNA: “El futuro organismo acreditador debe tener autonomía efectiva”

El presidente de la Comisión Nacional Acreditación (CNA) Alfonso Muga, aseguró que el proyecto de Educación Superior no puede vincular la certificación de la calidad con los mecanismos de financiamiento público. Esta situación, explicó, limitaría el ingreso de más instituciones al proceso de gratuidad que impulsa el Ejecutivo. Además, se refirió a los últimos antecedentes conocidos en el “caso CNA” y la acusación de delitos tributarios a ex miembros de este organismo.

Natalia Figueroa

  Martes 14 de junio 2016 18:38 hrs. 
Muga


Hace algunas semanas se conoció la decisión de la Fiscalía de iniciar un juicio abreviado a los involucrados en el “caso CNA”. Se trata del ex presidente de este organismo, Luis Eugenio Díaz, y el ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zuñiga, ambos condenados por delitos tributarios y sobornos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), querellante en este caso, requirió revocar esta decisión para que se efectúe un juicio oral a Díaz, con el objetivo de corroborar el daño total causado al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Una solicitud que fue acogida por la Corte de Apelaciones.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la CNA, Alfonso Muga, aseguró que la Fiscalía no integró el perjurio administrativo como una de las líneas de investigación, lo que finalmente derivó en este procedimiento judicial, sin considerar esta agravante.

“Para nosotros el perjurio es sumamente importante porque va de lleno a una de las cuestiones que establece la ley: que los integrantes de la comisión tenemos que inhabilitarnos y declarar anualmente los conflictos de intereses que podemos tener con determinadas instituciones. Él omitió en su declaración la vinculación que tenía con estas universidades. Este perjurio administrativo daña a la base de la confianza pública que queda a la CNA”.

Otro de los temas que afectan a la CNA tiene que ver con las modificaciones que sufriría la Comisión dentro del proyecto de Educación Superior que ingresará al Congreso, donde se contempla la creación de la Agencia de la Calidad de Educación Superior en reemplazo de ésta.

La Comisión planteó una propuesta al Mineduc enfatizando en las fallas que reconocían al interior del sistema de aseguramiento de la calidad, como el marco ambiguo de la evaluación o la falta de criterios y estándares mínimos para realizarla, entre otros aspectos.

Sin embargo, Muga dijo estar más preocupado por la vinculación que tendrían ciertas políticas públicas con la acreditación, por ejemplo, en la incorporación de las instituciones al proceso de gratuidad.

En ese sentido, indicó que esta calificación puede servir de referencia, pero no ser determinante en la implementación de los procesos.

“Los temas de cumplimientos de las políticas públicas no debiesen estar asociadas a los niveles de calidad que las instituciones pudiesen exhibir o, al menos, no únicamente como lo están ahora. Para que las instituciones accedieran a la gratuidad en la glosa presupuestaria del 2016 una de las condiciones mínimas era que contaran con cuatro años de acreditación. Evidentemente, esto se trasformará en una meta que para alcanzarla, las instituciones van a hacer todo tipo de esfuerzo más allá de lo que la metodología propia del aseguramiento de la calidad plantea”, señaló.

Además, reiteró la necesidad de asegurar la autonomía de este organismo, frente a las decisiones políticas que se tomen respecto de la Educación: “El organismo que se va a crear debe garantizar autonomía efectiva respecto de las instancias gubernamentales correspondientes. Este es un tema de Estado que tendrá una mirada a largo plazo, por lo tanto, no puede quedar a los vaivenes del gobierno de turno”.

Recordemos que a fines de abril, la CNA entregó un informe al Mineduc que según explicó su presidente, buscaba precisar la viabilidad de los planteamientos del Ministerio.

Sin embargo, reconoció “no esperar que se recojan todas las propuestas porque es el Ejecutivo quien tiene la potestad para determinar cuáles serían las adecuadas y que finalmente quedarán a consideración del debate legislativo”.

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