A través de un comunicado, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago determinó que no existe delito en la colusión del papel tisú, entre las empresas CMPC y SCA (ex PISA), razón por la cual no puede iniciar acciones penales en contra de los ejecutivos de dichas empresas.
“No se cumple con el requisito del engaño necesario para configurar la conducta; no es dable sostener que un acuerdo continuo de precios entre las empresas papeleras constituya un medio fraudulento como lo exige la norma del artículo 285 del Código Penal. Y más aún, tampoco se hace posible determinar cuándo el precio natural de los bienes se vería alterado por estos supuestos medios fraudulentos”, plantea la resolución de la magistrada Carla Paz Troncoso para rechazar la tramitación de la causa.
“La Comisión Redactora del Código Penal acordó originalmente sancionar la “coalición industrial”, para encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo, pero posteriormente lo desechó por ser contrario a la “libertad de industria” y acordó suprimir la disposición (…) Con esto, la Comisión excluye explícitamente los acuerdos entre las empresas como materia punible”, agrega la sentencia haciendo alusión al cambio en la legislación en 2004, cuando el delito de colusión dejó de tener sanción penal, y sólo se le asignaron sanciones de tipo civil.
El escrito entregado esta tarde por la justicia determina que “la conclusión obvia de todo lo analizado anteriormente es que las conductas colusivas y por las que se pretende se continúe una investigación en esta sede penal son conductas atípicas, no sancionadas penalmente”.
Finalmente, la resolución enfatiza en que “no se admite a tramitación la presente causa por estimarse que los hechos descritos no revisten caracteres de delito”.
Para Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), si bien era esperable una determinación de este tipo ya que el tribunal actuó con las leyes que, actualmente, sancionan este tipo de delitos con penas muy bajas, la Justicia debería haber hecho una investigación independiente para reforzar lo que actualmente se está discutiendo en el Parlamento, en materia de endurecimiento de las penas contra la colusión.
“Debiera haber investigado un poco más cosa de fundamentar, de alguna manera, que existió un dolo y que no puede ser sancionado, o sea la investigación en este caso debiera haberse llevado a cabo, seguramente con la Fiscalía que ya hizo una investigación, pero básicamente está basada en la delación compensada, por lo tanto una investigación independiente habría sido del todo muy importante para, hoy día justamente, reforzar lo que se está discutiendo a nivel legislativo”.
A través de un comunicado, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago determinó que no existe delito en la colusión del papel tisú, entre las empresas CMPC y SCA (ex PISA), razón por la cual no puede iniciar acciones penales en contra de los ejecutivos de dichas empresas.
“No se cumple con el requisito del engaño necesario para configurar la conducta; no es dable sostener que un acuerdo continuo de precios entre las empresas papeleras constituya un medio fraudulento como lo exige la norma del artículo 285 del Código Penal. Y más aún, tampoco se hace posible determinar cuándo el precio natural de los bienes se vería alterado por estos supuestos medios fraudulentos”, plantea la resolución de la magistrada Carla Paz Troncoso para rechazar la tramitación de la causa.
“La Comisión Redactora del Código Penal acordó originalmente sancionar la “coalición industrial”, para encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo, pero posteriormente lo desechó por ser contrario a la “libertad de industria” y acordó suprimir la disposición (…) Con esto, la Comisión excluye explícitamente los acuerdos entre las empresas como materia punible”, agrega la sentencia haciendo alusión al cambio en la legislación en 2004, cuando el delito de colusión dejó de tener sanción penal, y sólo se le asignaron sanciones de tipo civil.
El escrito entregado esta tarde por la justicia determina que “la conclusión obvia de todo lo analizado anteriormente es que las conductas colusivas y por las que se pretende se continúe una investigación en esta sede penal son conductas atípicas, no sancionadas penalmente”.
Finalmente, la resolución enfatiza en que “no se admite a tramitación la presente causa por estimarse que los hechos descritos no revisten caracteres de delito”.
Para Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), si bien era esperable una determinación de este tipo ya que el tribunal actuó con las leyes que, actualmente, sancionan este tipo de delitos con penas muy bajas, la Justicia debería haber hecho una investigación independiente para reforzar lo que actualmente se está discutiendo en el Parlamento, en materia de endurecimiento de las penas contra la colusión.
“Debiera haber investigado un poco más cosa de fundamentar, de alguna manera, que existió un dolo y que no puede ser sancionado, o sea la investigación en este caso debiera haberse llevado a cabo, seguramente con la Fiscalía que ya hizo una investigación, pero básicamente está basada en la delación compensada, por lo tanto una investigación independiente habría sido del todo muy importante para, hoy día justamente, reforzar lo que se está discutiendo a nivel legislativo”.
A través de un comunicado, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago determinó que no existe delito en la colusión del papel tisú, entre las empresas CMPC y SCA (ex PISA), razón por la cual no puede iniciar acciones penales en contra de los ejecutivos de dichas empresas.
“No se cumple con el requisito del engaño necesario para configurar la conducta; no es dable sostener que un acuerdo continuo de precios entre las empresas papeleras constituya un medio fraudulento como lo exige la norma del artículo 285 del Código Penal. Y más aún, tampoco se hace posible determinar cuándo el precio natural de los bienes se vería alterado por estos supuestos medios fraudulentos”, plantea la resolución de la magistrada Carla Paz Troncoso para rechazar la tramitación de la causa.
“La Comisión Redactora del Código Penal acordó originalmente sancionar la “coalición industrial”, para encarecer o abaratar abusivamente el precio del trabajo, pero posteriormente lo desechó por ser contrario a la “libertad de industria” y acordó suprimir la disposición (…) Con esto, la Comisión excluye explícitamente los acuerdos entre las empresas como materia punible”, agrega la sentencia haciendo alusión al cambio en la legislación en 2004, cuando el delito de colusión dejó de tener sanción penal, y sólo se le asignaron sanciones de tipo civil.
El escrito entregado esta tarde por la justicia determina que “la conclusión obvia de todo lo analizado anteriormente es que las conductas colusivas y por las que se pretende se continúe una investigación en esta sede penal son conductas atípicas, no sancionadas penalmente”.
Finalmente, la resolución enfatiza en que “no se admite a tramitación la presente causa por estimarse que los hechos descritos no revisten caracteres de delito”.
Para Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), si bien era esperable una determinación de este tipo ya que el tribunal actuó con las leyes que, actualmente, sancionan este tipo de delitos con penas muy bajas, la Justicia debería haber hecho una investigación independiente para reforzar lo que actualmente se está discutiendo en el Parlamento, en materia de endurecimiento de las penas contra la colusión.
“Debiera haber investigado un poco más cosa de fundamentar, de alguna manera, que existió un dolo y que no puede ser sancionado, o sea la investigación en este caso debiera haberse llevado a cabo, seguramente con la Fiscalía que ya hizo una investigación, pero básicamente está basada en la delación compensada, por lo tanto una investigación independiente habría sido del todo muy importante para, hoy día justamente, reforzar lo que se está discutiendo a nivel legislativo”.
