Preocupados se mostraron los rectores de las universidades del CRUCh luego del encuentro con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, donde esperaban conocer detalles del proyecto de Reforma a la Educación Superior que será ingresado al Parlamento antes del 30 de junio.
Los representantes de estas casas de estudio fueron los últimos en ser convocados, luego de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y los dirigentes estudiantiles reunidos en la Confech. Sin embargo, todos coincidieron en lo mismo: faltan definiciones de fondo para debatir la iniciativa del Ejecutivo.
El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, comentó que quedan pendientes especificaciones sobre las atribuciones de la Superintendencia de Educación y la propuesta sobre un nuevo sistema de acceso a las universidades.
“Que responda a la tradición de independencia y autonomía que ha tenido el sistema universitario en el país para determinar el sistema de admisión. Un sistema de admisión no puede estar concebido sobre la base de radicar exclusivamente la decisión en la administración o la voluntad gubernamental”.
En materia de cambios en el aporte de financiamiento público para las instituciones, el también rector de la Universidad de Valparaíso insistió en que es necesario aunque sea el diseño de metas a mediano plazo, puesto que hasta ahora se mantienen las dudas.
“Nosotros en todas las instituciones del Consejo de Rectores debemos valorar que han hecho un aporte histórico y que, por lo mismo, se requiere de contribuir por ejemplo en favor de todas aquellas instituciones que se hayan con aportes basales muy por debajo de lo que necesitan. Universidades regionales necesitan de un apoyo decidido del Estado”.
En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, lamentó que entre los objetivos que se explicitaron para el proyecto no figuren las universidades no estatales del CRUCh.
Elórtegui indicó al respecto que “se está, en la práctica, desconociendo el rol público en términos de bienes, de investigación, de calidad, de vinculación con el medio y de inclusión que estas instituciones realizan. Esto significa que se establece una segregación, discriminación al interior del Consejo de Rectores, que creemos altamente inconveniente para el sistema de educación superior chileno”.
Entre las definiciones que sí fueron reveladas, las máximas autoridades de casas de estudios destacaron el fortalecimiento de regulaciones relativas a la formación técnica profesional.
Además, se estableció que el control de las matriculas será durante la implementación progresiva de la gratuidad, y no podrá haber lucro en caso que las instituciones reciban recursos públicos, incluidos institutos profesionales y centros de formación técnica.
Con todo, los rectores esperan poder tener el proyecto completo antes de su próxima reunión agendada para la última semana de junio.
Preocupados se mostraron los rectores de las universidades del CRUCh luego del encuentro con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, donde esperaban conocer detalles del proyecto de Reforma a la Educación Superior que será ingresado al Parlamento antes del 30 de junio.
Los representantes de estas casas de estudio fueron los últimos en ser convocados, luego de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y los dirigentes estudiantiles reunidos en la Confech. Sin embargo, todos coincidieron en lo mismo: faltan definiciones de fondo para debatir la iniciativa del Ejecutivo.
El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, comentó que quedan pendientes especificaciones sobre las atribuciones de la Superintendencia de Educación y la propuesta sobre un nuevo sistema de acceso a las universidades.
“Que responda a la tradición de independencia y autonomía que ha tenido el sistema universitario en el país para determinar el sistema de admisión. Un sistema de admisión no puede estar concebido sobre la base de radicar exclusivamente la decisión en la administración o la voluntad gubernamental”.
En materia de cambios en el aporte de financiamiento público para las instituciones, el también rector de la Universidad de Valparaíso insistió en que es necesario aunque sea el diseño de metas a mediano plazo, puesto que hasta ahora se mantienen las dudas.
“Nosotros en todas las instituciones del Consejo de Rectores debemos valorar que han hecho un aporte histórico y que, por lo mismo, se requiere de contribuir por ejemplo en favor de todas aquellas instituciones que se hayan con aportes basales muy por debajo de lo que necesitan. Universidades regionales necesitan de un apoyo decidido del Estado”.
En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, lamentó que entre los objetivos que se explicitaron para el proyecto no figuren las universidades no estatales del CRUCh.
Elórtegui indicó al respecto que “se está, en la práctica, desconociendo el rol público en términos de bienes, de investigación, de calidad, de vinculación con el medio y de inclusión que estas instituciones realizan. Esto significa que se establece una segregación, discriminación al interior del Consejo de Rectores, que creemos altamente inconveniente para el sistema de educación superior chileno”.
Entre las definiciones que sí fueron reveladas, las máximas autoridades de casas de estudios destacaron el fortalecimiento de regulaciones relativas a la formación técnica profesional.
Además, se estableció que el control de las matriculas será durante la implementación progresiva de la gratuidad, y no podrá haber lucro en caso que las instituciones reciban recursos públicos, incluidos institutos profesionales y centros de formación técnica.
Con todo, los rectores esperan poder tener el proyecto completo antes de su próxima reunión agendada para la última semana de junio.
Preocupados se mostraron los rectores de las universidades del CRUCh luego del encuentro con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, donde esperaban conocer detalles del proyecto de Reforma a la Educación Superior que será ingresado al Parlamento antes del 30 de junio.
Los representantes de estas casas de estudio fueron los últimos en ser convocados, luego de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y los dirigentes estudiantiles reunidos en la Confech. Sin embargo, todos coincidieron en lo mismo: faltan definiciones de fondo para debatir la iniciativa del Ejecutivo.
El vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, comentó que quedan pendientes especificaciones sobre las atribuciones de la Superintendencia de Educación y la propuesta sobre un nuevo sistema de acceso a las universidades.
“Que responda a la tradición de independencia y autonomía que ha tenido el sistema universitario en el país para determinar el sistema de admisión. Un sistema de admisión no puede estar concebido sobre la base de radicar exclusivamente la decisión en la administración o la voluntad gubernamental”.
En materia de cambios en el aporte de financiamiento público para las instituciones, el también rector de la Universidad de Valparaíso insistió en que es necesario aunque sea el diseño de metas a mediano plazo, puesto que hasta ahora se mantienen las dudas.
“Nosotros en todas las instituciones del Consejo de Rectores debemos valorar que han hecho un aporte histórico y que, por lo mismo, se requiere de contribuir por ejemplo en favor de todas aquellas instituciones que se hayan con aportes basales muy por debajo de lo que necesitan. Universidades regionales necesitan de un apoyo decidido del Estado”.
En tanto, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, lamentó que entre los objetivos que se explicitaron para el proyecto no figuren las universidades no estatales del CRUCh.
Elórtegui indicó al respecto que “se está, en la práctica, desconociendo el rol público en términos de bienes, de investigación, de calidad, de vinculación con el medio y de inclusión que estas instituciones realizan. Esto significa que se establece una segregación, discriminación al interior del Consejo de Rectores, que creemos altamente inconveniente para el sistema de educación superior chileno”.
Entre las definiciones que sí fueron reveladas, las máximas autoridades de casas de estudios destacaron el fortalecimiento de regulaciones relativas a la formación técnica profesional.
Además, se estableció que el control de las matriculas será durante la implementación progresiva de la gratuidad, y no podrá haber lucro en caso que las instituciones reciban recursos públicos, incluidos institutos profesionales y centros de formación técnica.
Con todo, los rectores esperan poder tener el proyecto completo antes de su próxima reunión agendada para la última semana de junio.
