“Se ha cumplido el principio de igualdad ante la ley”, afirmó el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, a propósito de la medida cautelar de prisión preventiva que se ordenó para el desaforado senador Jaime Orpis.
La medida decretada por la Corte de Apelaciones es la primera que se aplica a un legislador imputado por fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios.
Al respecto, el abogado Ramírez cuestionó la defensa que ha expresado la UDI del actuar del desaforado senador, y ex militante de la colectividad de calle Suecia, al mismo tiempo que mantiene un discurso sobre tomar medidas para terminar con “la puerta giratoria” en el sistema penal chileno
“Cualquier persona con la cantidad de delitos por los que ha sido formalizado el senador y por la gravedad de los mismos, en este caso sendos delitos de corrupción, que afectan no solamente el patrimonio estatal sino que la fe pública, hubiese quedado en prisión preventiva. Creemos que es un pequeño paso, pero importante tratándose de un senador de la República, esperamos que esto se materialice en un tiempo más en el juicio oral y público que deberá afrontar Jaime Orpis”.
El también representante del diputado comunista Hugo Gutiérrez en este caso, expresó su conformidad con la figura de “peligro para la sociedad” con la que fue calificado el senador renunciado de la UDI, y consideró la revocación de su arresto domiciliario como una señal positiva para las otras investigaciones de corrupción que están en desarrollo.
“Recordemos que Pablo Longueira también ha sido vinculado a la Ley de Pesca cuando era Ministro de Economía, lo mismo el senador Fulvio Rossi que fue nombre recurrente en la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares, cuando se leían los correos electrónicos entre la empresa y Orpis. Acá no hay un chivo expiatorio, nosotros no buscamos que esto se acabe en la figura del senador”.
En lo que relativo al impacto social de las actuaciones corruptas del senador, el abogado indicó que se ha dado lugar a una Ley de Pesca que no reconoce al Estado como propietario de la biomasa marina.
“El senador en todo momento buscó proteger el patrimonio de la empresa y cada una de las actuaciones han sido desde ese punto de vista. Hay votaciones menores que quizá votó de acuerdo a las instrucciones de su partido o se pueden ver ahora lejanas a los intereses de la empresa pero en el grueso de la tramitación de la Ley de Pesca, lo que tiene que ver con licitaciones, cuotas, con la transferibilidad de las mismas, votó a favor de los intereses de la empresa”.
Por último, sobre el futuro de la legislación, Ramírez se inclinó por buscar su anulación puesto que actualmente se estarían desconociendo derechos que mal obtuvieron las siete empresas que controlan la industria.
“Se ha cumplido el principio de igualdad ante la ley”, afirmó el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, a propósito de la medida cautelar de prisión preventiva que se ordenó para el desaforado senador Jaime Orpis.
La medida decretada por la Corte de Apelaciones es la primera que se aplica a un legislador imputado por fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios.
Al respecto, el abogado Ramírez cuestionó la defensa que ha expresado la UDI del actuar del desaforado senador, y ex militante de la colectividad de calle Suecia, al mismo tiempo que mantiene un discurso sobre tomar medidas para terminar con “la puerta giratoria” en el sistema penal chileno
“Cualquier persona con la cantidad de delitos por los que ha sido formalizado el senador y por la gravedad de los mismos, en este caso sendos delitos de corrupción, que afectan no solamente el patrimonio estatal sino que la fe pública, hubiese quedado en prisión preventiva. Creemos que es un pequeño paso, pero importante tratándose de un senador de la República, esperamos que esto se materialice en un tiempo más en el juicio oral y público que deberá afrontar Jaime Orpis”.
El también representante del diputado comunista Hugo Gutiérrez en este caso, expresó su conformidad con la figura de “peligro para la sociedad” con la que fue calificado el senador renunciado de la UDI, y consideró la revocación de su arresto domiciliario como una señal positiva para las otras investigaciones de corrupción que están en desarrollo.
“Recordemos que Pablo Longueira también ha sido vinculado a la Ley de Pesca cuando era Ministro de Economía, lo mismo el senador Fulvio Rossi que fue nombre recurrente en la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares, cuando se leían los correos electrónicos entre la empresa y Orpis. Acá no hay un chivo expiatorio, nosotros no buscamos que esto se acabe en la figura del senador”.
En lo que relativo al impacto social de las actuaciones corruptas del senador, el abogado indicó que se ha dado lugar a una Ley de Pesca que no reconoce al Estado como propietario de la biomasa marina.
“El senador en todo momento buscó proteger el patrimonio de la empresa y cada una de las actuaciones han sido desde ese punto de vista. Hay votaciones menores que quizá votó de acuerdo a las instrucciones de su partido o se pueden ver ahora lejanas a los intereses de la empresa pero en el grueso de la tramitación de la Ley de Pesca, lo que tiene que ver con licitaciones, cuotas, con la transferibilidad de las mismas, votó a favor de los intereses de la empresa”.
Por último, sobre el futuro de la legislación, Ramírez se inclinó por buscar su anulación puesto que actualmente se estarían desconociendo derechos que mal obtuvieron las siete empresas que controlan la industria.
“Se ha cumplido el principio de igualdad ante la ley”, afirmó el abogado querellante en el caso Corpesca, Matías Ramírez, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, a propósito de la medida cautelar de prisión preventiva que se ordenó para el desaforado senador Jaime Orpis.
La medida decretada por la Corte de Apelaciones es la primera que se aplica a un legislador imputado por fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios.
Al respecto, el abogado Ramírez cuestionó la defensa que ha expresado la UDI del actuar del desaforado senador, y ex militante de la colectividad de calle Suecia, al mismo tiempo que mantiene un discurso sobre tomar medidas para terminar con “la puerta giratoria” en el sistema penal chileno
“Cualquier persona con la cantidad de delitos por los que ha sido formalizado el senador y por la gravedad de los mismos, en este caso sendos delitos de corrupción, que afectan no solamente el patrimonio estatal sino que la fe pública, hubiese quedado en prisión preventiva. Creemos que es un pequeño paso, pero importante tratándose de un senador de la República, esperamos que esto se materialice en un tiempo más en el juicio oral y público que deberá afrontar Jaime Orpis”.
El también representante del diputado comunista Hugo Gutiérrez en este caso, expresó su conformidad con la figura de “peligro para la sociedad” con la que fue calificado el senador renunciado de la UDI, y consideró la revocación de su arresto domiciliario como una señal positiva para las otras investigaciones de corrupción que están en desarrollo.
“Recordemos que Pablo Longueira también ha sido vinculado a la Ley de Pesca cuando era Ministro de Economía, lo mismo el senador Fulvio Rossi que fue nombre recurrente en la audiencia de formalización y discusión de medidas cautelares, cuando se leían los correos electrónicos entre la empresa y Orpis. Acá no hay un chivo expiatorio, nosotros no buscamos que esto se acabe en la figura del senador”.
En lo que relativo al impacto social de las actuaciones corruptas del senador, el abogado indicó que se ha dado lugar a una Ley de Pesca que no reconoce al Estado como propietario de la biomasa marina.
“El senador en todo momento buscó proteger el patrimonio de la empresa y cada una de las actuaciones han sido desde ese punto de vista. Hay votaciones menores que quizá votó de acuerdo a las instrucciones de su partido o se pueden ver ahora lejanas a los intereses de la empresa pero en el grueso de la tramitación de la Ley de Pesca, lo que tiene que ver con licitaciones, cuotas, con la transferibilidad de las mismas, votó a favor de los intereses de la empresa”.
Por último, sobre el futuro de la legislación, Ramírez se inclinó por buscar su anulación puesto que actualmente se estarían desconociendo derechos que mal obtuvieron las siete empresas que controlan la industria.
