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Año XII, 26 de noviembre de 2020

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Víctimas de la dictadura: “No podemos ser un país sin moral pública”

Agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificaron así la posibilidad de que se entreguen beneficios a violadores de DDHH. "Es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”, señalaron.

Montserrat Rollano

  Jueves 23 de junio 2016 21:37 hrs. 
AFDD



Preocupación ha generado en las agrupaciones de derechos humanos la serie de fallos de la Corte Suprema en favor de criminales de la Dictadura. Esto sumado a las mociones parlamentarias que permitirían otorgar beneficios a reos de Punta Peuco.

En ese marco, este jueves dirigentes de distintas organizaciones de DDHH se reunieron con el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmestch. Al salir del encuentro los familiares de las víctimas de la Dictadura expresaron su molestia respecto a la disposición favorable del Magistrado sobre estas iniciativas parlamentarias.

Hace unos días Dolmestch se había pronunciado sobre esta materia señalando que “las cosas ya tuvieron su término: la gente ha sido condenada. Entonces, no puede haber pago permanente”.

Esta postura -que fue reafirmada durante la reunión-, fue categóricamente rechazada por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira: “Nuestra preocupación, y también indignación, es por las palabras del presidente de la Corte Suprema cuando plantea que sí está de acuerdo en entregar beneficios. Hoy día nos vemos enfrentados a que las víctimas son victimarios y los victimarios son victimizados”

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Copiapó, Rodolfo Villarroel, aseguró que desde las organizaciones realizarán todas las acciones y movilizaciones para impedir que alguna de estas iniciativas sea aprobada.

“Nosotros como agrupación desde regiones también estamos preparados y nos estamos organizando, no vamos a aceptar que uno de estos proyectos sea presentado en el Congreso o que sea aprobado (…) no es un tema solamente de las víctimas, sino que es un tema de nuestro país, es una señal muy mala que se está dando para el resto de nuestras generaciones futuras”.

Para Juana Aguilera, dirigenta de la Comisión Ética contra la Tortura, el Gobierno debe pronunciarse sobre este tema. Además realizó un llamado a los parlamentarios a rechazar cualquier iniciativa que implique impunidad para los criminales de la dictadura.

“Llamamos al Gobierno a pronunciarse ya que la Presidenta Bachelet tiene un programa de derechos humanos presentado al momento de su postulación a la presidencia de la República. También decirle a los parlamentarios de nuestro país: nosotros les pedimos que no legislen porque lo que van a hacer es una amnistía encubierta a los genocidas, condenando a nuestro pueblo a ser un país sin moral pública”

Luego de reunirse con el presidente del máximo tribunal, los representantes de las agrupaciones sostuvieron un encuentro con la titular de Justicia, Javiera Blanco.

Aseguraron haber quedado más tranquilos, ya que la ministra habría expresado su compromiso de establecer requisitos sustanciales para que criminales de lesa humanidad puedan acceder a beneficios penitenciarios.