La Superintendencia de Pensiones iniciará un proceso de invalidación, durante los próximos 15 días, de las fusiones de la AFP Cuprum-Argentum, controladas por el grupo Principal, según decretó la Contraloría General de la República en un documento emitido este martes.
De esta manera se inicia un proceso administrativo que anularía la unión de las entidades por incumplimientos de exigencias legales donde al momento de verificarse la fusión sólo existía válidamente la AFP Cuprum S.A y no AFP Argentum, por lo que no puede operar de acuerdo al derecho establecido, indicó la Contraloría.
El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión investigadora de esta materia, Fuad Chaín, aseguró que estas fusiones se generaron sólo para obtener beneficios tributarios, por lo mismo, configura una causa ilícita que ha generado un perjuicio fiscal por más de 500 millones de dólares.
Además, el parlamentario advirtió la necesidad de ir revisando este proceso de invalidación porque no se puede recaer en un “proceso de papel”, tal como operaron estas entidades aprobada por la ex superintendenta de pensiones, Tamara Agnic.
Por lo mismo, este tipo de procedimientos, a su juicio, no puede consolidar actos ilegales y debe entregar conclusiones ajustadas al derecho, de lo contrario se podría incurrir en la prevaricación del actual superintendente, Osvaldo Macías, es decir, de faltar a sus obligaciones de funcionario público conociendo los antecedentes del caso.
“La Contraloría nos dio la razón, pero vamos a estar atentos con lo que ocurra con el proceso, porque creo que hay una actitud permanente de intentar consolidar esta fusión por parte de la Superintendencia”, señaló.
Sin embargo, estaría pendiente la resolución del Consejo de Defensa del Estado respecto del perjuicio fiscal que ha generado esta fusión, y que ante la demanda de nulidad de derecho público que ingresaron parlamentarios de la comisión investigadora, el organismo dijo que no iba a iniciar el proceso judicial porque hasta ahora ese perjuicio no se ha determinado.
En ese sentido, el diputado socialista Daniel Melo, reconoció que sería una pésima señal que el organismo público no vaya en la misma línea que la Contraloría.
“Esperamos que el Consejo pueda establecer el perjuicio que generó esta fusión, a todas luces ilegal, según los antecedentes expuestos en el Senado y sabiendo el funcionamiento que tienen las AFP en nuestro país”, insistió el parlamentario.
En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizad (Consufam), y miembro de la red NO + AFP, Esteban Maturana, valoró la decisión de la Contraloría, afirmando que estas entidades son sólo “espacios de negocios” donde hay intereses comprometidos también, entre la política y los grupos empresariales necesarios de erradicar.
El trabajo en la comisión investigadora sobre la fusión de estas AFP finalizó hace dos semanas en la Cámara de Diputados, donde se firmó el documento final que solicitaba iniciar este proceso de anulación, y luego fue remitido a la Contraloría y al Ministerio Público para que resolvieran sobre el caso, donde ya la Contraloría instruyó iniciar la anulación a las partes implicadas.
La Superintendencia de Pensiones iniciará un proceso de invalidación, durante los próximos 15 días, de las fusiones de la AFP Cuprum-Argentum, controladas por el grupo Principal, según decretó la Contraloría General de la República en un documento emitido este martes.
De esta manera se inicia un proceso administrativo que anularía la unión de las entidades por incumplimientos de exigencias legales donde al momento de verificarse la fusión sólo existía válidamente la AFP Cuprum S.A y no AFP Argentum, por lo que no puede operar de acuerdo al derecho establecido, indicó la Contraloría.
El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión investigadora de esta materia, Fuad Chaín, aseguró que estas fusiones se generaron sólo para obtener beneficios tributarios, por lo mismo, configura una causa ilícita que ha generado un perjuicio fiscal por más de 500 millones de dólares.
Además, el parlamentario advirtió la necesidad de ir revisando este proceso de invalidación porque no se puede recaer en un “proceso de papel”, tal como operaron estas entidades aprobada por la ex superintendenta de pensiones, Tamara Agnic.
Por lo mismo, este tipo de procedimientos, a su juicio, no puede consolidar actos ilegales y debe entregar conclusiones ajustadas al derecho, de lo contrario se podría incurrir en la prevaricación del actual superintendente, Osvaldo Macías, es decir, de faltar a sus obligaciones de funcionario público conociendo los antecedentes del caso.
“La Contraloría nos dio la razón, pero vamos a estar atentos con lo que ocurra con el proceso, porque creo que hay una actitud permanente de intentar consolidar esta fusión por parte de la Superintendencia”, señaló.
Sin embargo, estaría pendiente la resolución del Consejo de Defensa del Estado respecto del perjuicio fiscal que ha generado esta fusión, y que ante la demanda de nulidad de derecho público que ingresaron parlamentarios de la comisión investigadora, el organismo dijo que no iba a iniciar el proceso judicial porque hasta ahora ese perjuicio no se ha determinado.
En ese sentido, el diputado socialista Daniel Melo, reconoció que sería una pésima señal que el organismo público no vaya en la misma línea que la Contraloría.
“Esperamos que el Consejo pueda establecer el perjuicio que generó esta fusión, a todas luces ilegal, según los antecedentes expuestos en el Senado y sabiendo el funcionamiento que tienen las AFP en nuestro país”, insistió el parlamentario.
En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizad (Consufam), y miembro de la red NO + AFP, Esteban Maturana, valoró la decisión de la Contraloría, afirmando que estas entidades son sólo “espacios de negocios” donde hay intereses comprometidos también, entre la política y los grupos empresariales necesarios de erradicar.
El trabajo en la comisión investigadora sobre la fusión de estas AFP finalizó hace dos semanas en la Cámara de Diputados, donde se firmó el documento final que solicitaba iniciar este proceso de anulación, y luego fue remitido a la Contraloría y al Ministerio Público para que resolvieran sobre el caso, donde ya la Contraloría instruyó iniciar la anulación a las partes implicadas.
La Superintendencia de Pensiones iniciará un proceso de invalidación, durante los próximos 15 días, de las fusiones de la AFP Cuprum-Argentum, controladas por el grupo Principal, según decretó la Contraloría General de la República en un documento emitido este martes.
De esta manera se inicia un proceso administrativo que anularía la unión de las entidades por incumplimientos de exigencias legales donde al momento de verificarse la fusión sólo existía válidamente la AFP Cuprum S.A y no AFP Argentum, por lo que no puede operar de acuerdo al derecho establecido, indicó la Contraloría.
El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la comisión investigadora de esta materia, Fuad Chaín, aseguró que estas fusiones se generaron sólo para obtener beneficios tributarios, por lo mismo, configura una causa ilícita que ha generado un perjuicio fiscal por más de 500 millones de dólares.
Además, el parlamentario advirtió la necesidad de ir revisando este proceso de invalidación porque no se puede recaer en un “proceso de papel”, tal como operaron estas entidades aprobada por la ex superintendenta de pensiones, Tamara Agnic.
Por lo mismo, este tipo de procedimientos, a su juicio, no puede consolidar actos ilegales y debe entregar conclusiones ajustadas al derecho, de lo contrario se podría incurrir en la prevaricación del actual superintendente, Osvaldo Macías, es decir, de faltar a sus obligaciones de funcionario público conociendo los antecedentes del caso.
“La Contraloría nos dio la razón, pero vamos a estar atentos con lo que ocurra con el proceso, porque creo que hay una actitud permanente de intentar consolidar esta fusión por parte de la Superintendencia”, señaló.
Sin embargo, estaría pendiente la resolución del Consejo de Defensa del Estado respecto del perjuicio fiscal que ha generado esta fusión, y que ante la demanda de nulidad de derecho público que ingresaron parlamentarios de la comisión investigadora, el organismo dijo que no iba a iniciar el proceso judicial porque hasta ahora ese perjuicio no se ha determinado.
En ese sentido, el diputado socialista Daniel Melo, reconoció que sería una pésima señal que el organismo público no vaya en la misma línea que la Contraloría.
“Esperamos que el Consejo pueda establecer el perjuicio que generó esta fusión, a todas luces ilegal, según los antecedentes expuestos en el Senado y sabiendo el funcionamiento que tienen las AFP en nuestro país”, insistió el parlamentario.
En tanto, el presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipalizad (Consufam), y miembro de la red NO + AFP, Esteban Maturana, valoró la decisión de la Contraloría, afirmando que estas entidades son sólo “espacios de negocios” donde hay intereses comprometidos también, entre la política y los grupos empresariales necesarios de erradicar.
El trabajo en la comisión investigadora sobre la fusión de estas AFP finalizó hace dos semanas en la Cámara de Diputados, donde se firmó el documento final que solicitaba iniciar este proceso de anulación, y luego fue remitido a la Contraloría y al Ministerio Público para que resolvieran sobre el caso, donde ya la Contraloría instruyó iniciar la anulación a las partes implicadas.
