Confech: Para lograr la gratuidad se necesita una nueva reforma tributaria
Estudiantes marcharon en Santiago y en regiones en rechazo al proyecto de Educación Superior que ingresó este lunes al Congreso. Los dirigentes estudiantiles reiteraron la necesidad de una nueva reforma tributaria para lograr la gratuidad total, de lo contrario, afirmaron, el proceso será muy lento de concretarse. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda descartaron una nueva modificación a la legislación tributaria vigente.
Miércoles 6 de julio 2016 13:01 hrs.
Este martes estudiantes marcharon por distintos puntos de la capital con el objetivo de llegar hasta la Plaza de la Ciudadanía y protestar frente al Ministerio de Educación contra la Reforma Educacional, ingresada a discusión legislativa este lunes por el Ejecutivo.
Una situación que se torna más controversial para los estudiantes al conocer las palabras del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien aseguró que no se realizará una nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad total de la educación, que alcanzaría un costo fiscal del 1,5 por ciento del PIB.
“Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”, precisó el secretario de Estado, reconociendo que la desaceleración económica impide que estos procesos avancen más rápido.
“No vamos a aumentar los impuestos, este gobierno ya hizo lo que tenía que hacer en materia tributaria. No vamos a hacer nuevas reformas tributarias y queda para la sociedad discutir si es que necesita o no más recursos para una gratuidad total o cambiar el gatillo que propone la ley y concentrar todos los esfuerzos en educación superior”, indicó.
Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) estudiaron la propuesta del Gobierno y plantearon que para extender la gratuidad al total de estudiantes de la educación superior, la recaudación fiscal debe alcanzar un 29,5 por ciento del PIB tendencial, es decir, ocho puntos porcentuales más que la cifra actual.
Por lo mismo, el presidente de la federación, Patricio Medina, sostuvo que es necesario realizar una nueva reforma tributaria, de lo contrario, podrían pasar hasta dos décadas para lograr el objetivo propuesto por el Ejecutivo.
“Revisamos el promedio de crecimiento anual y lo proyectamos, incluso sin tomar en cuenta las crisis económicas que puedan venir, y no nos da el porcentaje de PIB que plantea el Gobierno. Nosotros calculamos que se necesita una nueva reforma tributaria porque sería imposible llegar a las cifras que pretende el gobierno sin ningún ajuste. Podrían pasar veinte o treinta años más para concretar la gratuidad total”, recalcó.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen) Gabriel Iturra, condenó los hechos de violencia producidos en esta manifestación no autorizada.
Asimismo, indicó que seguirán movilizados porque hay aspectos como el fin al lucro que siguen demostrando una “política improvisada” por parte del Gobierno, dado que sólo consideraría sanciones administrativas y penales en el caso de malversación de fondos, pero sin considerar el mecanismo más utilizado para lucrar por las instituciones, a través de las inmobiliarias y sus sociedades vinculadas.
Mientras, los secundarios tenían como objetivo entregar una carta a la presidenta Michelle Bachelet solicitando la renuncia de la titular de Educación Adriana Delpiano. Sin embargo, la represión por parte de Carabineros impidió que los manifestantes lograran este cometido.
Los funcionarios policiales evitaron que los estudiantes, congregados desde las diez de la mañana en cuatro puntos de la capital, se dirigieran hacia La Moneda utilizando de manera indiscriminada el carro lanza gases y lanza aguas.
El vocero de la ACES, Diego Arraño, aseguró que la ministra Delpiano no ha garantizado una reforma transformadora para el sistema educacional del país: “No dejaremos que ministros como Adriana Delpiano sigan haciendo que la educación sea un bien de consumo y no sea un derecho social. El Ministerio completo no nos ha entendido y por eso exigimos la renuncia de la Ministra”, enfatizó el dirigente.
El proyecto de Reforma a la Educación Superior ingresado este lunes al Congreso, después de varias postergaciones por parte del Ejecutivo, cuenta con un total de 175 páginas que normará distintas materias involucradas en el sistema de educación.
El documento detalla las atribuciones y funciones de la nueva institucionalidad pública para la Educación Superior, integrada por la Subsecretaría, la Superintendencia y el Consejo para la Calidad de la Educación.
La Subsecretaría de Educación estará a cargo, entre otros asuntos, de la red de Instituciones de Educación Superior Estatales, donde participarán representantes de los rectores, y también supervisar la viabilidad financiera del proyecto en general.
Sobre esto último, se adjuntó al proyecto el informe financiero que reitera las características y funciones de las nuevas instituciones, pero no detalla cuál sería el monto total asignado para lograr las etapas que contemplaría esta Reforma hasta llegar a la gratuidad total propuesta.
Se plantean tres mecanismos de financiamiento institucional para la gratuidad, en este caso para universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT); un fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística; y, un fondo para las instituciones de educación estatales que será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del sector público.
Universidades estatales reciben apoyo parlamentario previo a tramitación del proyecto
A través de una declaración pública, un grupo de diputados y senadores manifestaron su respaldo a las universidades públicas para posicionar su rol en la tramitación y posterior promulgación de la Reforma a la Educación Superior.
El senador del PS, Carlos Montes señaló que el objetivo de este manifiesto “es hacer ver nuestro compromiso con las universidades del Estado. Creemos que el proyecto que ha presentado el gobierno de un nuevo Sistema de Educación Superior es muy importante y un debate central para el país y en el marco de este proyecto creemos que las universidades estatales deben recuperar la primacía que tuvieron hasta 1973 en Chile y que tienen en todos los países del mundo y eso supone un plan especial para su desarrollo”.
Por su parte, la diputada del PC Camila Vallejo hizo énfasis en la “limitante económica” que desde el Ejecutivo se ha planteado como uno de los factores políticos más relevantes a la hora de determinar la discusión sobre este proyecto: “Se nos ha puesto como o se avanza en gratuidad rápidamente o avanzamos en crecimiento de las estatales pero las dos juntas no se puede y eso es un problema, por lo tanto el tema económico tiene que debatirse para que nosotros logremos que el avance de la gratuidad universal y de la garantizarían del derecho a la educación vaya encaminado en conjunto con el desarrollo y expansión también del mundo estatal”.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que “esta es la gran oportunidad de conversar sobre los grandes temas del país y no puede seguir siendo esto que ‘a mí me van a dar menos´ (…) Hay que reposicionar una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad se en garantizarle a todos los chilenos que la formación universitaria va a ser adecuada”.
Los puntos de la declaración aluden a que las universidades estatales son “la columna vertebral del sistema” y que por ello esta ley debe disponer “de un programa específico para potenciar la educación superior estatal” para consolidar instituciones “complejas que involucren docencia y provisión de otros bienes públicos”.
Este martes estudiantes marcharon por distintos puntos de la capital con el objetivo de llegar hasta la Plaza de la Ciudadanía y protestar frente al Ministerio de Educación contra la Reforma Educacional, ingresada a discusión legislativa este lunes por el Ejecutivo.
Una situación que se torna más controversial para los estudiantes al conocer las palabras del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien aseguró que no se realizará una nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad total de la educación, que alcanzaría un costo fiscal del 1,5 por ciento del PIB.
“Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”, precisó el secretario de Estado, reconociendo que la desaceleración económica impide que estos procesos avancen más rápido.
“No vamos a aumentar los impuestos, este gobierno ya hizo lo que tenía que hacer en materia tributaria. No vamos a hacer nuevas reformas tributarias y queda para la sociedad discutir si es que necesita o no más recursos para una gratuidad total o cambiar el gatillo que propone la ley y concentrar todos los esfuerzos en educación superior”, indicó.
Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) estudiaron la propuesta del Gobierno y plantearon que para extender la gratuidad al total de estudiantes de la educación superior, la recaudación fiscal debe alcanzar un 29,5 por ciento del PIB tendencial, es decir, ocho puntos porcentuales más que la cifra actual.
Por lo mismo, el presidente de la federación, Patricio Medina, sostuvo que es necesario realizar una nueva reforma tributaria, de lo contrario, podrían pasar hasta dos décadas para lograr el objetivo propuesto por el Ejecutivo.
“Revisamos el promedio de crecimiento anual y lo proyectamos, incluso sin tomar en cuenta las crisis económicas que puedan venir, y no nos da el porcentaje de PIB que plantea el Gobierno. Nosotros calculamos que se necesita una nueva reforma tributaria porque sería imposible llegar a las cifras que pretende el gobierno sin ningún ajuste. Podrían pasar veinte o treinta años más para concretar la gratuidad total”, recalcó.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen) Gabriel Iturra, condenó los hechos de violencia producidos en esta manifestación no autorizada.
Asimismo, indicó que seguirán movilizados porque hay aspectos como el fin al lucro que siguen demostrando una “política improvisada” por parte del Gobierno, dado que sólo consideraría sanciones administrativas y penales en el caso de malversación de fondos, pero sin considerar el mecanismo más utilizado para lucrar por las instituciones, a través de las inmobiliarias y sus sociedades vinculadas.
Mientras, los secundarios tenían como objetivo entregar una carta a la presidenta Michelle Bachelet solicitando la renuncia de la titular de Educación Adriana Delpiano. Sin embargo, la represión por parte de Carabineros impidió que los manifestantes lograran este cometido.
Los funcionarios policiales evitaron que los estudiantes, congregados desde las diez de la mañana en cuatro puntos de la capital, se dirigieran hacia La Moneda utilizando de manera indiscriminada el carro lanza gases y lanza aguas.
El vocero de la ACES, Diego Arraño, aseguró que la ministra Delpiano no ha garantizado una reforma transformadora para el sistema educacional del país: “No dejaremos que ministros como Adriana Delpiano sigan haciendo que la educación sea un bien de consumo y no sea un derecho social. El Ministerio completo no nos ha entendido y por eso exigimos la renuncia de la Ministra”, enfatizó el dirigente.
El proyecto de Reforma a la Educación Superior ingresado este lunes al Congreso, después de varias postergaciones por parte del Ejecutivo, cuenta con un total de 175 páginas que normará distintas materias involucradas en el sistema de educación.
El documento detalla las atribuciones y funciones de la nueva institucionalidad pública para la Educación Superior, integrada por la Subsecretaría, la Superintendencia y el Consejo para la Calidad de la Educación.
La Subsecretaría de Educación estará a cargo, entre otros asuntos, de la red de Instituciones de Educación Superior Estatales, donde participarán representantes de los rectores, y también supervisar la viabilidad financiera del proyecto en general.
Sobre esto último, se adjuntó al proyecto el informe financiero que reitera las características y funciones de las nuevas instituciones, pero no detalla cuál sería el monto total asignado para lograr las etapas que contemplaría esta Reforma hasta llegar a la gratuidad total propuesta.
Se plantean tres mecanismos de financiamiento institucional para la gratuidad, en este caso para universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT); un fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística; y, un fondo para las instituciones de educación estatales que será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del sector público.
Universidades estatales reciben apoyo parlamentario previo a tramitación del proyecto
A través de una declaración pública, un grupo de diputados y senadores manifestaron su respaldo a las universidades públicas para posicionar su rol en la tramitación y posterior promulgación de la Reforma a la Educación Superior.
El senador del PS, Carlos Montes señaló que el objetivo de este manifiesto “es hacer ver nuestro compromiso con las universidades del Estado. Creemos que el proyecto que ha presentado el gobierno de un nuevo Sistema de Educación Superior es muy importante y un debate central para el país y en el marco de este proyecto creemos que las universidades estatales deben recuperar la primacía que tuvieron hasta 1973 en Chile y que tienen en todos los países del mundo y eso supone un plan especial para su desarrollo”.
Por su parte, la diputada del PC Camila Vallejo hizo énfasis en la “limitante económica” que desde el Ejecutivo se ha planteado como uno de los factores políticos más relevantes a la hora de determinar la discusión sobre este proyecto: “Se nos ha puesto como o se avanza en gratuidad rápidamente o avanzamos en crecimiento de las estatales pero las dos juntas no se puede y eso es un problema, por lo tanto el tema económico tiene que debatirse para que nosotros logremos que el avance de la gratuidad universal y de la garantizarían del derecho a la educación vaya encaminado en conjunto con el desarrollo y expansión también del mundo estatal”.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que “esta es la gran oportunidad de conversar sobre los grandes temas del país y no puede seguir siendo esto que ‘a mí me van a dar menos´ (…) Hay que reposicionar una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad se en garantizarle a todos los chilenos que la formación universitaria va a ser adecuada”.
Los puntos de la declaración aluden a que las universidades estatales son “la columna vertebral del sistema” y que por ello esta ley debe disponer “de un programa específico para potenciar la educación superior estatal” para consolidar instituciones “complejas que involucren docencia y provisión de otros bienes públicos”.
Este martes estudiantes marcharon por distintos puntos de la capital con el objetivo de llegar hasta la Plaza de la Ciudadanía y protestar frente al Ministerio de Educación contra la Reforma Educacional, ingresada a discusión legislativa este lunes por el Ejecutivo.
Una situación que se torna más controversial para los estudiantes al conocer las palabras del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien aseguró que no se realizará una nueva reforma tributaria para financiar la gratuidad total de la educación, que alcanzaría un costo fiscal del 1,5 por ciento del PIB.
“Con la carga tributaria actual es posible financiar cierto avance en gratuidad”, precisó el secretario de Estado, reconociendo que la desaceleración económica impide que estos procesos avancen más rápido.
“No vamos a aumentar los impuestos, este gobierno ya hizo lo que tenía que hacer en materia tributaria. No vamos a hacer nuevas reformas tributarias y queda para la sociedad discutir si es que necesita o no más recursos para una gratuidad total o cambiar el gatillo que propone la ley y concentrar todos los esfuerzos en educación superior”, indicó.
Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach) estudiaron la propuesta del Gobierno y plantearon que para extender la gratuidad al total de estudiantes de la educación superior, la recaudación fiscal debe alcanzar un 29,5 por ciento del PIB tendencial, es decir, ocho puntos porcentuales más que la cifra actual.
Por lo mismo, el presidente de la federación, Patricio Medina, sostuvo que es necesario realizar una nueva reforma tributaria, de lo contrario, podrían pasar hasta dos décadas para lograr el objetivo propuesto por el Ejecutivo.
“Revisamos el promedio de crecimiento anual y lo proyectamos, incluso sin tomar en cuenta las crisis económicas que puedan venir, y no nos da el porcentaje de PIB que plantea el Gobierno. Nosotros calculamos que se necesita una nueva reforma tributaria porque sería imposible llegar a las cifras que pretende el gobierno sin ningún ajuste. Podrían pasar veinte o treinta años más para concretar la gratuidad total”, recalcó.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen) Gabriel Iturra, condenó los hechos de violencia producidos en esta manifestación no autorizada.
Asimismo, indicó que seguirán movilizados porque hay aspectos como el fin al lucro que siguen demostrando una “política improvisada” por parte del Gobierno, dado que sólo consideraría sanciones administrativas y penales en el caso de malversación de fondos, pero sin considerar el mecanismo más utilizado para lucrar por las instituciones, a través de las inmobiliarias y sus sociedades vinculadas.
Mientras, los secundarios tenían como objetivo entregar una carta a la presidenta Michelle Bachelet solicitando la renuncia de la titular de Educación Adriana Delpiano. Sin embargo, la represión por parte de Carabineros impidió que los manifestantes lograran este cometido.
Los funcionarios policiales evitaron que los estudiantes, congregados desde las diez de la mañana en cuatro puntos de la capital, se dirigieran hacia La Moneda utilizando de manera indiscriminada el carro lanza gases y lanza aguas.
El vocero de la ACES, Diego Arraño, aseguró que la ministra Delpiano no ha garantizado una reforma transformadora para el sistema educacional del país: “No dejaremos que ministros como Adriana Delpiano sigan haciendo que la educación sea un bien de consumo y no sea un derecho social. El Ministerio completo no nos ha entendido y por eso exigimos la renuncia de la Ministra”, enfatizó el dirigente.
El proyecto de Reforma a la Educación Superior ingresado este lunes al Congreso, después de varias postergaciones por parte del Ejecutivo, cuenta con un total de 175 páginas que normará distintas materias involucradas en el sistema de educación.
El documento detalla las atribuciones y funciones de la nueva institucionalidad pública para la Educación Superior, integrada por la Subsecretaría, la Superintendencia y el Consejo para la Calidad de la Educación.
La Subsecretaría de Educación estará a cargo, entre otros asuntos, de la red de Instituciones de Educación Superior Estatales, donde participarán representantes de los rectores, y también supervisar la viabilidad financiera del proyecto en general.
Sobre esto último, se adjuntó al proyecto el informe financiero que reitera las características y funciones de las nuevas instituciones, pero no detalla cuál sería el monto total asignado para lograr las etapas que contemplaría esta Reforma hasta llegar a la gratuidad total propuesta.
Se plantean tres mecanismos de financiamiento institucional para la gratuidad, en este caso para universidades, Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT); un fondo para el desarrollo y mejora de las funciones de investigación y creación artística; y, un fondo para las instituciones de educación estatales que será fijado anualmente en la Ley de Presupuestos del sector público.
Universidades estatales reciben apoyo parlamentario previo a tramitación del proyecto
A través de una declaración pública, un grupo de diputados y senadores manifestaron su respaldo a las universidades públicas para posicionar su rol en la tramitación y posterior promulgación de la Reforma a la Educación Superior.
El senador del PS, Carlos Montes señaló que el objetivo de este manifiesto “es hacer ver nuestro compromiso con las universidades del Estado. Creemos que el proyecto que ha presentado el gobierno de un nuevo Sistema de Educación Superior es muy importante y un debate central para el país y en el marco de este proyecto creemos que las universidades estatales deben recuperar la primacía que tuvieron hasta 1973 en Chile y que tienen en todos los países del mundo y eso supone un plan especial para su desarrollo”.
Por su parte, la diputada del PC Camila Vallejo hizo énfasis en la “limitante económica” que desde el Ejecutivo se ha planteado como uno de los factores políticos más relevantes a la hora de determinar la discusión sobre este proyecto: “Se nos ha puesto como o se avanza en gratuidad rápidamente o avanzamos en crecimiento de las estatales pero las dos juntas no se puede y eso es un problema, por lo tanto el tema económico tiene que debatirse para que nosotros logremos que el avance de la gratuidad universal y de la garantizarían del derecho a la educación vaya encaminado en conjunto con el desarrollo y expansión también del mundo estatal”.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sostuvo que “esta es la gran oportunidad de conversar sobre los grandes temas del país y no puede seguir siendo esto que ‘a mí me van a dar menos´ (…) Hay que reposicionar una responsabilidad del Estado y esa responsabilidad se en garantizarle a todos los chilenos que la formación universitaria va a ser adecuada”.
Los puntos de la declaración aluden a que las universidades estatales son “la columna vertebral del sistema” y que por ello esta ley debe disponer “de un programa específico para potenciar la educación superior estatal” para consolidar instituciones “complejas que involucren docencia y provisión de otros bienes públicos”.
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