Los funcionarios de Gendarmería interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se prohíban las pensiones superiores a 60 UF.
Esta presentación se dio luego que se conociera el dictamen de Contraloría que fijó un tope para las jubilaciones de los trabajadores del organismo penitenciario, y que la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) informara que se está ajustando con un nuevo sistema de cálculo.
Al respecto, el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, afirmó que el sistema de pensiones que tienen hoy los trabajadores responde a las condiciones laborales y tareas que desarrollan diariamente enfrentando casos de intentos de suicidios, agresiones, enfermedades mentales, entre otros.
“Disminuyendo las pensiones, en el caso de la oficialidad casi en un 60 por ciento y en el caso de los suboficiales en un 20 a 30 por ciento, creemos que la aplicación de este dictamen es absolutamente desmedida, desproporcionada. Lamentamos que en situaciones como los abusos que hoy han estado apareciendo, terminen gatillando un recorte de pensiones injusto”.
Benavides enfatizó en que las medidas que se tomen por parte de las autoridades para acabar con las irregularidades y abusos de altas pensiones, no deben afectar a los trabajadores penitenciarios. En tanto, con la acción judicial que presentaron y que busca decretar la orden de no innovar, esperan anular el dictamen de la Contraloría.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl De la Puente, consideró comprensible que quienes han jubilado con su renta imponible desde 1993 y que exceden por poco las 60 UF, se opongan a la interpretación de la Contraloría.
En tanto, Orietta Fuenzalida, representante del Movimiento Cabreadas de la ANEF, se refirió a otras irregularidades que se han identificado en el organismo penitenciario: “Un mejoramiento de remuneraciones y de estabilidad laboral, a través de un proyecto que el personal civil de Gendarmería está impulsando y precisamente, se denunciaron irregularidades: los recursos fiscales que se usan para mejorar a los ‘amigos’, a los ´apitutados´ que siempre tienen vinculaciones con partidos políticos que están dirigiendo esta institución, eso conspira con una repartición equitativa”.
Orietta Fuenzalida sostuvo que los escandalosos casos de pensiones millonarias en Gendarmería están al margen de la equidad que pregona el Gobierno.
Asimismo, afirmó que, en general, en las pensiones de los empleados públicos se requiere emparejar hacia arriba, es decir, hacerlas equivalentes al menos en un 70 por ciento a la remuneración en actividad.
El ex jefe de pensiones de Dipreca Óscar Ulloa, que desarrolló esa función hasta marzo de este año, descartó ilegalidad en los procesos como en el que se involucra a la esposa del diputado Andrade, puesto que los cálculos se harían en relación a los años de servicios y la escala de rentas que está fijada para la oportunidad y grado de cada persona.
“No son pensiones irregulares, son pensiones que están concebidas bajo una norma penal vigente y que de acuerdo a la modalidad de cálculo vigente desde 1968 a la fecha, es la pensión que efectivamente le corresponde a un funcionario de Gendarmería, Carabineros o Investigaciones que imponga en este sistema o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.
Por último, el representante de Dipreca explicó que los porcentajes son los mismos para todos los imponentes al sistema, es decir, un 8,5 por ciento de cancelación previsional, de los que un 5,95 por ciento se destina a gasto en pensiones y 2,55 se van a salud.
Los funcionarios de Gendarmería interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se prohíban las pensiones superiores a 60 UF.
Esta presentación se dio luego que se conociera el dictamen de Contraloría que fijó un tope para las jubilaciones de los trabajadores del organismo penitenciario, y que la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) informara que se está ajustando con un nuevo sistema de cálculo.
Al respecto, el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, afirmó que el sistema de pensiones que tienen hoy los trabajadores responde a las condiciones laborales y tareas que desarrollan diariamente enfrentando casos de intentos de suicidios, agresiones, enfermedades mentales, entre otros.
“Disminuyendo las pensiones, en el caso de la oficialidad casi en un 60 por ciento y en el caso de los suboficiales en un 20 a 30 por ciento, creemos que la aplicación de este dictamen es absolutamente desmedida, desproporcionada. Lamentamos que en situaciones como los abusos que hoy han estado apareciendo, terminen gatillando un recorte de pensiones injusto”.
Benavides enfatizó en que las medidas que se tomen por parte de las autoridades para acabar con las irregularidades y abusos de altas pensiones, no deben afectar a los trabajadores penitenciarios. En tanto, con la acción judicial que presentaron y que busca decretar la orden de no innovar, esperan anular el dictamen de la Contraloría.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl De la Puente, consideró comprensible que quienes han jubilado con su renta imponible desde 1993 y que exceden por poco las 60 UF, se opongan a la interpretación de la Contraloría.
En tanto, Orietta Fuenzalida, representante del Movimiento Cabreadas de la ANEF, se refirió a otras irregularidades que se han identificado en el organismo penitenciario: “Un mejoramiento de remuneraciones y de estabilidad laboral, a través de un proyecto que el personal civil de Gendarmería está impulsando y precisamente, se denunciaron irregularidades: los recursos fiscales que se usan para mejorar a los ‘amigos’, a los ´apitutados´ que siempre tienen vinculaciones con partidos políticos que están dirigiendo esta institución, eso conspira con una repartición equitativa”.
Orietta Fuenzalida sostuvo que los escandalosos casos de pensiones millonarias en Gendarmería están al margen de la equidad que pregona el Gobierno.
Asimismo, afirmó que, en general, en las pensiones de los empleados públicos se requiere emparejar hacia arriba, es decir, hacerlas equivalentes al menos en un 70 por ciento a la remuneración en actividad.
El ex jefe de pensiones de Dipreca Óscar Ulloa, que desarrolló esa función hasta marzo de este año, descartó ilegalidad en los procesos como en el que se involucra a la esposa del diputado Andrade, puesto que los cálculos se harían en relación a los años de servicios y la escala de rentas que está fijada para la oportunidad y grado de cada persona.
“No son pensiones irregulares, son pensiones que están concebidas bajo una norma penal vigente y que de acuerdo a la modalidad de cálculo vigente desde 1968 a la fecha, es la pensión que efectivamente le corresponde a un funcionario de Gendarmería, Carabineros o Investigaciones que imponga en este sistema o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.
Por último, el representante de Dipreca explicó que los porcentajes son los mismos para todos los imponentes al sistema, es decir, un 8,5 por ciento de cancelación previsional, de los que un 5,95 por ciento se destina a gasto en pensiones y 2,55 se van a salud.
Los funcionarios de Gendarmería interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se prohíban las pensiones superiores a 60 UF.
Esta presentación se dio luego que se conociera el dictamen de Contraloría que fijó un tope para las jubilaciones de los trabajadores del organismo penitenciario, y que la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) informara que se está ajustando con un nuevo sistema de cálculo.
Al respecto, el director nacional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, Óscar Benavides, afirmó que el sistema de pensiones que tienen hoy los trabajadores responde a las condiciones laborales y tareas que desarrollan diariamente enfrentando casos de intentos de suicidios, agresiones, enfermedades mentales, entre otros.
“Disminuyendo las pensiones, en el caso de la oficialidad casi en un 60 por ciento y en el caso de los suboficiales en un 20 a 30 por ciento, creemos que la aplicación de este dictamen es absolutamente desmedida, desproporcionada. Lamentamos que en situaciones como los abusos que hoy han estado apareciendo, terminen gatillando un recorte de pensiones injusto”.
Benavides enfatizó en que las medidas que se tomen por parte de las autoridades para acabar con las irregularidades y abusos de altas pensiones, no deben afectar a los trabajadores penitenciarios. En tanto, con la acción judicial que presentaron y que busca decretar la orden de no innovar, esperan anular el dictamen de la Contraloría.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl De la Puente, consideró comprensible que quienes han jubilado con su renta imponible desde 1993 y que exceden por poco las 60 UF, se opongan a la interpretación de la Contraloría.
En tanto, Orietta Fuenzalida, representante del Movimiento Cabreadas de la ANEF, se refirió a otras irregularidades que se han identificado en el organismo penitenciario: “Un mejoramiento de remuneraciones y de estabilidad laboral, a través de un proyecto que el personal civil de Gendarmería está impulsando y precisamente, se denunciaron irregularidades: los recursos fiscales que se usan para mejorar a los ‘amigos’, a los ´apitutados´ que siempre tienen vinculaciones con partidos políticos que están dirigiendo esta institución, eso conspira con una repartición equitativa”.
Orietta Fuenzalida sostuvo que los escandalosos casos de pensiones millonarias en Gendarmería están al margen de la equidad que pregona el Gobierno.
Asimismo, afirmó que, en general, en las pensiones de los empleados públicos se requiere emparejar hacia arriba, es decir, hacerlas equivalentes al menos en un 70 por ciento a la remuneración en actividad.
El ex jefe de pensiones de Dipreca Óscar Ulloa, que desarrolló esa función hasta marzo de este año, descartó ilegalidad en los procesos como en el que se involucra a la esposa del diputado Andrade, puesto que los cálculos se harían en relación a los años de servicios y la escala de rentas que está fijada para la oportunidad y grado de cada persona.
“No son pensiones irregulares, son pensiones que están concebidas bajo una norma penal vigente y que de acuerdo a la modalidad de cálculo vigente desde 1968 a la fecha, es la pensión que efectivamente le corresponde a un funcionario de Gendarmería, Carabineros o Investigaciones que imponga en este sistema o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional”.
Por último, el representante de Dipreca explicó que los porcentajes son los mismos para todos los imponentes al sistema, es decir, un 8,5 por ciento de cancelación previsional, de los que un 5,95 por ciento se destina a gasto en pensiones y 2,55 se van a salud.
