La Comisión Especial de Infancia y Adolescencia del Senado abordó, esta semana, la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y solicitó al Ejecutivo reinstalar ese debate.
Desde 2010 en el Congreso está estancada una moción presentada por los senadores DC Patricio Walker y PPD Jaime Quintana, que busca que la acción penal no caduque en estos casos al igual que en los crímenes de lesa humanidad, y acabar así con la impunidad de los abusadores.
Este tema fue puesto nuevamente en debate luego que la atleta nacional, y abanderada de los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Erika Olivera, revelara hace unos días la dramática experiencia de abusos y violaciones mientras fue menor de edad, situación que la llevó a respaldar el reimpulso de la iniciativa parlamentaria.
El senador Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión Especial de Infancia comentó que las personas que han sido abusadas sexualmente cuando menores tienden a demorar de 20 hasta 30 años en denunciar.
“Hay varios países de América Latina que han levantado los plazos de prescripción, algunos con plazos de imprescriptibilidad, es la tendencia del debate internacional hoy. La experiencia ha demostrado que las víctimas no tienden a reconocer lo que ha pasado en su juventud hasta que llegan a una edad un poco más madura”.
En tanto, la abogada Silvana Del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, defendió que este tipo de delitos sean considerados de lesa humanidad puesto que, a su juicio, el régimen de terror de los niños abusados se puede comparar con el régimen dictatorial en el que una persona tiene dificultad para acceder a la justicia, incluso en el tiempo posterior al término de la violación.
“La preocupación principal es que la norma está siendo incluida dentro de un delito en particular y dejaría fuera otro tipo de delitos cometidos contra los niños y niñas, por ejemplo, lesiones, torturas, secuestros”.
La abogada hizo hincapié en que la mayoría de los casos son por violencia machista, ya que el 88 por ciento de los abusos sexuales y violaciones en Chile, son cometidos contra niñas y el 98 por ciento de los agresores son hombres.
Distinto punto de vista tiene el abogado penalista de la Universidad de Chile Juan Pablo Mañalich frente a este proyecto legislativo. Para él, si bien es atendible la preocupación que ha suscitado este tipo de delitos en el país y la tendencia internacional va en la línea de la prescripción, se requiere estudiar la ampliación de los plazos para todos los delitos tipificados.
“Me parece problemático que para un ámbito delictivo particular se establezca un régimen absolutamente excepcional que sería de imprescriptibilidad, en circunstancias de que el derecho vigente para la generalidad de los otros delitos prevé plazos de prescripción acotados. Soy partidario de que una revisión más sistemática se fijen plazos de prescripción considerablemente más largos que los actuales, sin establecer excepciones”.
Cabe señalar que la regulación vigente de los plazos de prescripción penal son para el caso de los hechos constitutivos de falta seis meses, en simples delitos cinco años y tratándose de crímenes 10 o 15 años dependiendo de la pena.
En el caso de la violación de un menor de edad el período de prescripción es de 15 años, pero este plazo sólo comienza a correr desde que la víctima cumple la mayoría de edad.
La Comisión Especial de Infancia y Adolescencia del Senado abordó, esta semana, la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y solicitó al Ejecutivo reinstalar ese debate.
Desde 2010 en el Congreso está estancada una moción presentada por los senadores DC Patricio Walker y PPD Jaime Quintana, que busca que la acción penal no caduque en estos casos al igual que en los crímenes de lesa humanidad, y acabar así con la impunidad de los abusadores.
Este tema fue puesto nuevamente en debate luego que la atleta nacional, y abanderada de los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Erika Olivera, revelara hace unos días la dramática experiencia de abusos y violaciones mientras fue menor de edad, situación que la llevó a respaldar el reimpulso de la iniciativa parlamentaria.
El senador Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión Especial de Infancia comentó que las personas que han sido abusadas sexualmente cuando menores tienden a demorar de 20 hasta 30 años en denunciar.
“Hay varios países de América Latina que han levantado los plazos de prescripción, algunos con plazos de imprescriptibilidad, es la tendencia del debate internacional hoy. La experiencia ha demostrado que las víctimas no tienden a reconocer lo que ha pasado en su juventud hasta que llegan a una edad un poco más madura”.
En tanto, la abogada Silvana Del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, defendió que este tipo de delitos sean considerados de lesa humanidad puesto que, a su juicio, el régimen de terror de los niños abusados se puede comparar con el régimen dictatorial en el que una persona tiene dificultad para acceder a la justicia, incluso en el tiempo posterior al término de la violación.
“La preocupación principal es que la norma está siendo incluida dentro de un delito en particular y dejaría fuera otro tipo de delitos cometidos contra los niños y niñas, por ejemplo, lesiones, torturas, secuestros”.
La abogada hizo hincapié en que la mayoría de los casos son por violencia machista, ya que el 88 por ciento de los abusos sexuales y violaciones en Chile, son cometidos contra niñas y el 98 por ciento de los agresores son hombres.
Distinto punto de vista tiene el abogado penalista de la Universidad de Chile Juan Pablo Mañalich frente a este proyecto legislativo. Para él, si bien es atendible la preocupación que ha suscitado este tipo de delitos en el país y la tendencia internacional va en la línea de la prescripción, se requiere estudiar la ampliación de los plazos para todos los delitos tipificados.
“Me parece problemático que para un ámbito delictivo particular se establezca un régimen absolutamente excepcional que sería de imprescriptibilidad, en circunstancias de que el derecho vigente para la generalidad de los otros delitos prevé plazos de prescripción acotados. Soy partidario de que una revisión más sistemática se fijen plazos de prescripción considerablemente más largos que los actuales, sin establecer excepciones”.
Cabe señalar que la regulación vigente de los plazos de prescripción penal son para el caso de los hechos constitutivos de falta seis meses, en simples delitos cinco años y tratándose de crímenes 10 o 15 años dependiendo de la pena.
En el caso de la violación de un menor de edad el período de prescripción es de 15 años, pero este plazo sólo comienza a correr desde que la víctima cumple la mayoría de edad.
La Comisión Especial de Infancia y Adolescencia del Senado abordó, esta semana, la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y solicitó al Ejecutivo reinstalar ese debate.
Desde 2010 en el Congreso está estancada una moción presentada por los senadores DC Patricio Walker y PPD Jaime Quintana, que busca que la acción penal no caduque en estos casos al igual que en los crímenes de lesa humanidad, y acabar así con la impunidad de los abusadores.
Este tema fue puesto nuevamente en debate luego que la atleta nacional, y abanderada de los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Erika Olivera, revelara hace unos días la dramática experiencia de abusos y violaciones mientras fue menor de edad, situación que la llevó a respaldar el reimpulso de la iniciativa parlamentaria.
El senador Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión Especial de Infancia comentó que las personas que han sido abusadas sexualmente cuando menores tienden a demorar de 20 hasta 30 años en denunciar.
“Hay varios países de América Latina que han levantado los plazos de prescripción, algunos con plazos de imprescriptibilidad, es la tendencia del debate internacional hoy. La experiencia ha demostrado que las víctimas no tienden a reconocer lo que ha pasado en su juventud hasta que llegan a una edad un poco más madura”.
En tanto, la abogada Silvana Del Valle de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, defendió que este tipo de delitos sean considerados de lesa humanidad puesto que, a su juicio, el régimen de terror de los niños abusados se puede comparar con el régimen dictatorial en el que una persona tiene dificultad para acceder a la justicia, incluso en el tiempo posterior al término de la violación.
“La preocupación principal es que la norma está siendo incluida dentro de un delito en particular y dejaría fuera otro tipo de delitos cometidos contra los niños y niñas, por ejemplo, lesiones, torturas, secuestros”.
La abogada hizo hincapié en que la mayoría de los casos son por violencia machista, ya que el 88 por ciento de los abusos sexuales y violaciones en Chile, son cometidos contra niñas y el 98 por ciento de los agresores son hombres.
Distinto punto de vista tiene el abogado penalista de la Universidad de Chile Juan Pablo Mañalich frente a este proyecto legislativo. Para él, si bien es atendible la preocupación que ha suscitado este tipo de delitos en el país y la tendencia internacional va en la línea de la prescripción, se requiere estudiar la ampliación de los plazos para todos los delitos tipificados.
“Me parece problemático que para un ámbito delictivo particular se establezca un régimen absolutamente excepcional que sería de imprescriptibilidad, en circunstancias de que el derecho vigente para la generalidad de los otros delitos prevé plazos de prescripción acotados. Soy partidario de que una revisión más sistemática se fijen plazos de prescripción considerablemente más largos que los actuales, sin establecer excepciones”.
Cabe señalar que la regulación vigente de los plazos de prescripción penal son para el caso de los hechos constitutivos de falta seis meses, en simples delitos cinco años y tratándose de crímenes 10 o 15 años dependiendo de la pena.
En el caso de la violación de un menor de edad el período de prescripción es de 15 años, pero este plazo sólo comienza a correr desde que la víctima cumple la mayoría de edad.
