El martes 12 de julio el Tribunal Constitucional se dispondrá a analizar si acoge a trámite el recurso presentado por los parlamentarios de Chile Vamos en oposición a la polémica Reforma Laboral, para dos días después ver si declara su admisibilidad.
El Ministro del Interior, Mario Fernández, defendió que el requerimiento es “extemporáneo” al ser ingresado fuera de los cinco días de plazo que comienzan a contar desde que el Congreso despachó el proyecto el 23 de junio.
Asimismo, tanto el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, como el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificaron de maniobra política de la oposición esta nueva presentación.
En cuanto a antecedentes de declaraciones de inadmisibilidad por incumplimiento de plazo, cabe recordar que durante la administración de Sebastián Piñera, parlamentarios de la entonces Concertación presentaron requerimientos de inconstitucionalidad por reformas a la ley de acuicultura y el proyecto de concesiones eléctricas.
El abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Luis Cordero, opinó que la discusión de plazos que ha planteado el Gobierno es muy acotada y formal, ya que para él lo atendible es si el tribunal puede posterior al veto presidencial, abordar materias que ya se discutieron previamente.
“La discusión técnica que hay es cuán amplia es la decisión del Tribunal Constitucional, si sólo se refiere a la parte resolutiva (estas son las normas inconstitucionales y por qué motivos) o la oposición considera también que el Gobierno tiene que someterse a todo el razonamiento general que hizo la mayoría del tribunal, que son causas distintas. Creo que el Gobierno tenía por mandato lógico de la sentencia, someterse a la parte resolutiva”.
En tanto, el senador socialista Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión de Trabajo, enfatizó en que el Tribunal Constitucional puede decir qué normas no se deben publicar, pero no tiene atribuciones para decirle al Gobierno ni al Parlamento que leyes tiene que hacer.
“La derecha quiere obligar al Gobierno a mandar una ley para legitimar la existencia de los grupos negociadores y que además el Parlamento la tiene que aprobar, si no lo hacemos hay desacato. Si el Tribunal Constitucional insinúa que puede obligar al Gobierno a mandar una ley o que el Parlamento está obligado a legislar en cierta dirección, estamos en una crisis institucional de proporciones”.
No obstante, al interior del TC reconocen que podría darse una igualdad de votos entre los integrantes que estén a favor y en contra de la admisibilidad del requerimiento, siempre que estos últimos repitan su sufragio.
Entre los argumentos está que el Gobierno habría repuesto la titularidad sindical “con otra letra, pero el mismo significado”, según lo planteado por el abogado Gastón Gómez.
Mientras, los requirentes mantienen sus expectativas. El presidente de la UDI Hernán Larraín, defendió que la presentación se hizo dentro de los plazos establecidos, si se cuenta desde que la Secretaría de la Cámara Baja envió el proyecto al órgano jurisdiccional el 28 de junio.
“Lo que hace el Gobierno es incumplir el fallo y actuar de mala fe, si el fallo no se cumple se hace inoficioso todo el trabajo hecho por el Tribunal Constitucional. Ahí es donde se levanta la tesis del desacato, porque el Gobierno tiene que actuar proactivamente para hacer posible que el tribunal haga efectivo y tenga imperio lo que ha determinado”.
Si el Tribunal Constitucional reconoce la admisibilidad de la presentación, el Gobierno deberá contestar y luego producirse los alegatos, proceso que terminaría con una sentencia los primeros días de agosto y significará una nueva derrota para el Gobierno con la modificación de cerca de 60 artículos del proyecto. Desde esa perspectiva, resultaría más conveniente retirar la iniciativa.
El martes 12 de julio el Tribunal Constitucional se dispondrá a analizar si acoge a trámite el recurso presentado por los parlamentarios de Chile Vamos en oposición a la polémica Reforma Laboral, para dos días después ver si declara su admisibilidad.
El Ministro del Interior, Mario Fernández, defendió que el requerimiento es “extemporáneo” al ser ingresado fuera de los cinco días de plazo que comienzan a contar desde que el Congreso despachó el proyecto el 23 de junio.
Asimismo, tanto el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, como el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificaron de maniobra política de la oposición esta nueva presentación.
En cuanto a antecedentes de declaraciones de inadmisibilidad por incumplimiento de plazo, cabe recordar que durante la administración de Sebastián Piñera, parlamentarios de la entonces Concertación presentaron requerimientos de inconstitucionalidad por reformas a la ley de acuicultura y el proyecto de concesiones eléctricas.
El abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Luis Cordero, opinó que la discusión de plazos que ha planteado el Gobierno es muy acotada y formal, ya que para él lo atendible es si el tribunal puede posterior al veto presidencial, abordar materias que ya se discutieron previamente.
“La discusión técnica que hay es cuán amplia es la decisión del Tribunal Constitucional, si sólo se refiere a la parte resolutiva (estas son las normas inconstitucionales y por qué motivos) o la oposición considera también que el Gobierno tiene que someterse a todo el razonamiento general que hizo la mayoría del tribunal, que son causas distintas. Creo que el Gobierno tenía por mandato lógico de la sentencia, someterse a la parte resolutiva”.
En tanto, el senador socialista Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión de Trabajo, enfatizó en que el Tribunal Constitucional puede decir qué normas no se deben publicar, pero no tiene atribuciones para decirle al Gobierno ni al Parlamento que leyes tiene que hacer.
“La derecha quiere obligar al Gobierno a mandar una ley para legitimar la existencia de los grupos negociadores y que además el Parlamento la tiene que aprobar, si no lo hacemos hay desacato. Si el Tribunal Constitucional insinúa que puede obligar al Gobierno a mandar una ley o que el Parlamento está obligado a legislar en cierta dirección, estamos en una crisis institucional de proporciones”.
No obstante, al interior del TC reconocen que podría darse una igualdad de votos entre los integrantes que estén a favor y en contra de la admisibilidad del requerimiento, siempre que estos últimos repitan su sufragio.
Entre los argumentos está que el Gobierno habría repuesto la titularidad sindical “con otra letra, pero el mismo significado”, según lo planteado por el abogado Gastón Gómez.
Mientras, los requirentes mantienen sus expectativas. El presidente de la UDI Hernán Larraín, defendió que la presentación se hizo dentro de los plazos establecidos, si se cuenta desde que la Secretaría de la Cámara Baja envió el proyecto al órgano jurisdiccional el 28 de junio.
“Lo que hace el Gobierno es incumplir el fallo y actuar de mala fe, si el fallo no se cumple se hace inoficioso todo el trabajo hecho por el Tribunal Constitucional. Ahí es donde se levanta la tesis del desacato, porque el Gobierno tiene que actuar proactivamente para hacer posible que el tribunal haga efectivo y tenga imperio lo que ha determinado”.
Si el Tribunal Constitucional reconoce la admisibilidad de la presentación, el Gobierno deberá contestar y luego producirse los alegatos, proceso que terminaría con una sentencia los primeros días de agosto y significará una nueva derrota para el Gobierno con la modificación de cerca de 60 artículos del proyecto. Desde esa perspectiva, resultaría más conveniente retirar la iniciativa.
El martes 12 de julio el Tribunal Constitucional se dispondrá a analizar si acoge a trámite el recurso presentado por los parlamentarios de Chile Vamos en oposición a la polémica Reforma Laboral, para dos días después ver si declara su admisibilidad.
El Ministro del Interior, Mario Fernández, defendió que el requerimiento es “extemporáneo” al ser ingresado fuera de los cinco días de plazo que comienzan a contar desde que el Congreso despachó el proyecto el 23 de junio.
Asimismo, tanto el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, como el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, calificaron de maniobra política de la oposición esta nueva presentación.
En cuanto a antecedentes de declaraciones de inadmisibilidad por incumplimiento de plazo, cabe recordar que durante la administración de Sebastián Piñera, parlamentarios de la entonces Concertación presentaron requerimientos de inconstitucionalidad por reformas a la ley de acuicultura y el proyecto de concesiones eléctricas.
El abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Luis Cordero, opinó que la discusión de plazos que ha planteado el Gobierno es muy acotada y formal, ya que para él lo atendible es si el tribunal puede posterior al veto presidencial, abordar materias que ya se discutieron previamente.
“La discusión técnica que hay es cuán amplia es la decisión del Tribunal Constitucional, si sólo se refiere a la parte resolutiva (estas son las normas inconstitucionales y por qué motivos) o la oposición considera también que el Gobierno tiene que someterse a todo el razonamiento general que hizo la mayoría del tribunal, que son causas distintas. Creo que el Gobierno tenía por mandato lógico de la sentencia, someterse a la parte resolutiva”.
En tanto, el senador socialista Juan Pablo Letelier, integrante de la Comisión de Trabajo, enfatizó en que el Tribunal Constitucional puede decir qué normas no se deben publicar, pero no tiene atribuciones para decirle al Gobierno ni al Parlamento que leyes tiene que hacer.
“La derecha quiere obligar al Gobierno a mandar una ley para legitimar la existencia de los grupos negociadores y que además el Parlamento la tiene que aprobar, si no lo hacemos hay desacato. Si el Tribunal Constitucional insinúa que puede obligar al Gobierno a mandar una ley o que el Parlamento está obligado a legislar en cierta dirección, estamos en una crisis institucional de proporciones”.
No obstante, al interior del TC reconocen que podría darse una igualdad de votos entre los integrantes que estén a favor y en contra de la admisibilidad del requerimiento, siempre que estos últimos repitan su sufragio.
Entre los argumentos está que el Gobierno habría repuesto la titularidad sindical “con otra letra, pero el mismo significado”, según lo planteado por el abogado Gastón Gómez.
Mientras, los requirentes mantienen sus expectativas. El presidente de la UDI Hernán Larraín, defendió que la presentación se hizo dentro de los plazos establecidos, si se cuenta desde que la Secretaría de la Cámara Baja envió el proyecto al órgano jurisdiccional el 28 de junio.
“Lo que hace el Gobierno es incumplir el fallo y actuar de mala fe, si el fallo no se cumple se hace inoficioso todo el trabajo hecho por el Tribunal Constitucional. Ahí es donde se levanta la tesis del desacato, porque el Gobierno tiene que actuar proactivamente para hacer posible que el tribunal haga efectivo y tenga imperio lo que ha determinado”.
Si el Tribunal Constitucional reconoce la admisibilidad de la presentación, el Gobierno deberá contestar y luego producirse los alegatos, proceso que terminaría con una sentencia los primeros días de agosto y significará una nueva derrota para el Gobierno con la modificación de cerca de 60 artículos del proyecto. Desde esa perspectiva, resultaría más conveniente retirar la iniciativa.
