Los DDHH se resisten a salir de la agenda
Lunes 11 de julio 2016 9:15 hrs.
La semana recién pasada fue una síntesis política de todo lo que está sucediendo –y cambiando- en Chile en los últimos años.
La primera gran noticia fue el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por su presunta participación directa o indirecta en torturas y en ejecuciones ocurridas en La Serena a fines de 1973. Tras dejar el máximo mando militar en 2006, se convirtió en académico de la Pontificia Universidad Católica (invitado por el ex rector Pedro Pablo Rosso) y en consejero del Servicio Electoral (nombrado por el ex Presidente Sebastián Piñera en 2012).
Previsiblemente, la derecha más dura ha salido a defender la inocencia de Cheyre y también algunos ex concertacionistas como el DC Jaime Ravinet. Más cauto, el ex Presidente Ricardo Lagos, quien ascendió a Cheyre a la comandancia en jefe en 2002, defendió su decisión asegurando que en esa época no existían indicios respecto al pasado del militar. Pero ello no es cierto. La prensa en su momento informó acerca de la actuación del uniformado cuando era teniente en La Serena. Claro, no salió en El Mercurio ni en La Tercera, pero sí en el diario El Siglo y en la versión online del Fortín Mapocho, por ejemplo.
Mientras tanto, la periodista Pascale Bonnefoy revelaba que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pidió hace un año el procesamiento del edecán militar de la Cámara de Diputados, el coronel en retiro Reinel Bocáz Rocha. El uniformado, que ostenta el cargo en el Congreso desde 2002, es sindicado como posible autor de un homicidio ocurrido en el Estadio Nacional, cuando ese lugar estaba convertido en el mayor campo de concentración en la historia del país a fines de 1973. Curiosamente, nadie en el Congreso sabía que su edecán estaba en esa situación.
La segunda gran noticia fue el proyecto de educación superior que presentó La Moneda la semana pasada. La potencial ley, que ahora será discutida en el Congreso, tiene dos peculiaridades. La primera es que prácticamente todos los actores afectados –léase las universidades- la rechazan. La segunda es que el ADN mismo de esta iniciativa muestra cuán profundo ha calado el economicismo en la “centroizquierda” criolla. Resulta que la gratuidad universal se podrá alcanzar hacia el año 2030… pero ello dependerá de la expansión del PIB. O sea, los derechos sociales están ligados al potencial “chorreo” que produzca el crecimiento económico. Así, el llamado “Consenso de Washington” de fines de los años 80 se ha reencarnado en el Chile del 2016.
Como siempre, el discurso de austeridad y responsabilidad que emana de La Moneda y el Ministerio de Hacienda se aplica a derechos sociales, pero no a las ganancias privadas o grupos de presión más poderosos. ¿Por qué no condicionar las compras de armas de las Fuerzas Armadas al crecimiento económico? Si el Estado está recaudando poco debido al débil crecimiento económico, ¿por qué no aumentar los royalties a la minería o los impuestos a las ganancias? Hoy, por ejemplo, quien en Chile vende acciones en la bolsa registrando una ganancia debe pagar exactamente 0 por ciento de impuestos. En Estados Unidos es 35 por ciento.
La tercera gran noticia fueron las fabulosas jubilaciones que reciben algunos funcionarios en retiro de Gendarmería. El caso emblemático ha sido el de la esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, que todos los meses recibe una jubilación superior a los cinco millones de pesos. Ese caso fue una nueva demostración de que en el país se ha ido gestando en los últimos 25 años una elite en la que las fronteras tradicionales entre izquierda y derecha se han esfumado. Sea en posiciones privilegiadas del Estado (como las que ha tratado de copar el Partido Socialista desde 1990) o en el mercado (como las que detentan los grandes grupos económicos inundados de plata fresca y barata proveniente de la los ahorros previsionales de todos los chilenos), la elite transversal del país parece haberse dedicado a asegurar su futuro a costas de la mayoría. Más allá de lo insólito de que una periodista militante del PS y esposa de un alto dirigente de ese partido succione tanta plata del Estado, lo verdaderamente escandaloso son las míseras jubilaciones que entrega el sistema privado a sus cotizantes. Y que éstas dependan, al igual que la educación, de los vaivenes del mercado local e internacional.
Y la cuarta gran noticia de la semana pasada es que el país ya tiene más de media docena de candidatos presidenciales, y eso que aún faltan casi 18 meses para esos comicios. Está la senadora Isabel Allende por el PS, quien es la gran apuesta del lobista Enrique Correa, asesor permanente de la hija del ex mandatario. Jorge Tarud, diputado del PPD, también alzó su mano este fin de semana. Después está el senador DC Ignacio Walker, que hace años viene declarando su disposición a ser presidenciable, pero nadie lo ha tomado muy en serio. Y, claro, ahí está también el ex Presidente Ricardo Lagos, cuya candidatura fue levantada con fuerza por El Mercurio y el CEP el año pasado, pero quien parece buscar una proclamación por unanimidad –es decir, no pasar por primarias- que es altamente improbable que suceda.
Por el lado de la derecha, el candidato aventajado es el también ex jefe de Estado Sebastián Piñera. Regalón de los medios de prensa tradicionales del país, nadie ha cuestionado que una parte importante de su “gabinete de excelencia” se encuentra formalizado por actos de corrupción, cohecho o financiamiento irregular de la política. Pero también hay otros, como el senador RN Manuel José Ossandón Irarrázabal, cuyo solo apellido ya indica que pertenece a esa derecha rancia y pseudo-aristocrática que gobernó al país durante el siglo XIX y comienzos del XX. Y después están los díscolos de Amplitud y otros movimientos de derecha.
Todo este escenario “líquido” –en el que poderes fácticos como los militares van perdiendo terreno, en que se cuestiona el poder de los grandes empresarios, pero en el que siguen dominando políticamente “los mismos de siempre”- muestra el grado de confusión y desorientación en la que se encuentra el país. Ello no es, desde luego, exclusivo de Chile. El mundo mismo se encuentra en un estado de confusión.
Pero hay muchos indicios de que en nuestro país estamos ad portas de cambios radicales y profundos, para bien o para mal. Como sea, más de lo mismo ya no será suficiente.
La semana recién pasada fue una síntesis política de todo lo que está sucediendo –y cambiando- en Chile en los últimos años.
La primera gran noticia fue el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por su presunta participación directa o indirecta en torturas y en ejecuciones ocurridas en La Serena a fines de 1973. Tras dejar el máximo mando militar en 2006, se convirtió en académico de la Pontificia Universidad Católica (invitado por el ex rector Pedro Pablo Rosso) y en consejero del Servicio Electoral (nombrado por el ex Presidente Sebastián Piñera en 2012).
Previsiblemente, la derecha más dura ha salido a defender la inocencia de Cheyre y también algunos ex concertacionistas como el DC Jaime Ravinet. Más cauto, el ex Presidente Ricardo Lagos, quien ascendió a Cheyre a la comandancia en jefe en 2002, defendió su decisión asegurando que en esa época no existían indicios respecto al pasado del militar. Pero ello no es cierto. La prensa en su momento informó acerca de la actuación del uniformado cuando era teniente en La Serena. Claro, no salió en El Mercurio ni en La Tercera, pero sí en el diario El Siglo y en la versión online del Fortín Mapocho, por ejemplo.
Mientras tanto, la periodista Pascale Bonnefoy revelaba que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pidió hace un año el procesamiento del edecán militar de la Cámara de Diputados, el coronel en retiro Reinel Bocáz Rocha. El uniformado, que ostenta el cargo en el Congreso desde 2002, es sindicado como posible autor de un homicidio ocurrido en el Estadio Nacional, cuando ese lugar estaba convertido en el mayor campo de concentración en la historia del país a fines de 1973. Curiosamente, nadie en el Congreso sabía que su edecán estaba en esa situación.
La segunda gran noticia fue el proyecto de educación superior que presentó La Moneda la semana pasada. La potencial ley, que ahora será discutida en el Congreso, tiene dos peculiaridades. La primera es que prácticamente todos los actores afectados –léase las universidades- la rechazan. La segunda es que el ADN mismo de esta iniciativa muestra cuán profundo ha calado el economicismo en la “centroizquierda” criolla. Resulta que la gratuidad universal se podrá alcanzar hacia el año 2030… pero ello dependerá de la expansión del PIB. O sea, los derechos sociales están ligados al potencial “chorreo” que produzca el crecimiento económico. Así, el llamado “Consenso de Washington” de fines de los años 80 se ha reencarnado en el Chile del 2016.
Como siempre, el discurso de austeridad y responsabilidad que emana de La Moneda y el Ministerio de Hacienda se aplica a derechos sociales, pero no a las ganancias privadas o grupos de presión más poderosos. ¿Por qué no condicionar las compras de armas de las Fuerzas Armadas al crecimiento económico? Si el Estado está recaudando poco debido al débil crecimiento económico, ¿por qué no aumentar los royalties a la minería o los impuestos a las ganancias? Hoy, por ejemplo, quien en Chile vende acciones en la bolsa registrando una ganancia debe pagar exactamente 0 por ciento de impuestos. En Estados Unidos es 35 por ciento.
La tercera gran noticia fueron las fabulosas jubilaciones que reciben algunos funcionarios en retiro de Gendarmería. El caso emblemático ha sido el de la esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, que todos los meses recibe una jubilación superior a los cinco millones de pesos. Ese caso fue una nueva demostración de que en el país se ha ido gestando en los últimos 25 años una elite en la que las fronteras tradicionales entre izquierda y derecha se han esfumado. Sea en posiciones privilegiadas del Estado (como las que ha tratado de copar el Partido Socialista desde 1990) o en el mercado (como las que detentan los grandes grupos económicos inundados de plata fresca y barata proveniente de la los ahorros previsionales de todos los chilenos), la elite transversal del país parece haberse dedicado a asegurar su futuro a costas de la mayoría. Más allá de lo insólito de que una periodista militante del PS y esposa de un alto dirigente de ese partido succione tanta plata del Estado, lo verdaderamente escandaloso son las míseras jubilaciones que entrega el sistema privado a sus cotizantes. Y que éstas dependan, al igual que la educación, de los vaivenes del mercado local e internacional.
Y la cuarta gran noticia de la semana pasada es que el país ya tiene más de media docena de candidatos presidenciales, y eso que aún faltan casi 18 meses para esos comicios. Está la senadora Isabel Allende por el PS, quien es la gran apuesta del lobista Enrique Correa, asesor permanente de la hija del ex mandatario. Jorge Tarud, diputado del PPD, también alzó su mano este fin de semana. Después está el senador DC Ignacio Walker, que hace años viene declarando su disposición a ser presidenciable, pero nadie lo ha tomado muy en serio. Y, claro, ahí está también el ex Presidente Ricardo Lagos, cuya candidatura fue levantada con fuerza por El Mercurio y el CEP el año pasado, pero quien parece buscar una proclamación por unanimidad –es decir, no pasar por primarias- que es altamente improbable que suceda.
Por el lado de la derecha, el candidato aventajado es el también ex jefe de Estado Sebastián Piñera. Regalón de los medios de prensa tradicionales del país, nadie ha cuestionado que una parte importante de su “gabinete de excelencia” se encuentra formalizado por actos de corrupción, cohecho o financiamiento irregular de la política. Pero también hay otros, como el senador RN Manuel José Ossandón Irarrázabal, cuyo solo apellido ya indica que pertenece a esa derecha rancia y pseudo-aristocrática que gobernó al país durante el siglo XIX y comienzos del XX. Y después están los díscolos de Amplitud y otros movimientos de derecha.
Todo este escenario “líquido” –en el que poderes fácticos como los militares van perdiendo terreno, en que se cuestiona el poder de los grandes empresarios, pero en el que siguen dominando políticamente “los mismos de siempre”- muestra el grado de confusión y desorientación en la que se encuentra el país. Ello no es, desde luego, exclusivo de Chile. El mundo mismo se encuentra en un estado de confusión.
Pero hay muchos indicios de que en nuestro país estamos ad portas de cambios radicales y profundos, para bien o para mal. Como sea, más de lo mismo ya no será suficiente.
La semana recién pasada fue una síntesis política de todo lo que está sucediendo –y cambiando- en Chile en los últimos años.
La primera gran noticia fue el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por su presunta participación directa o indirecta en torturas y en ejecuciones ocurridas en La Serena a fines de 1973. Tras dejar el máximo mando militar en 2006, se convirtió en académico de la Pontificia Universidad Católica (invitado por el ex rector Pedro Pablo Rosso) y en consejero del Servicio Electoral (nombrado por el ex Presidente Sebastián Piñera en 2012).
Previsiblemente, la derecha más dura ha salido a defender la inocencia de Cheyre y también algunos ex concertacionistas como el DC Jaime Ravinet. Más cauto, el ex Presidente Ricardo Lagos, quien ascendió a Cheyre a la comandancia en jefe en 2002, defendió su decisión asegurando que en esa época no existían indicios respecto al pasado del militar. Pero ello no es cierto. La prensa en su momento informó acerca de la actuación del uniformado cuando era teniente en La Serena. Claro, no salió en El Mercurio ni en La Tercera, pero sí en el diario El Siglo y en la versión online del Fortín Mapocho, por ejemplo.
Mientras tanto, la periodista Pascale Bonnefoy revelaba que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior pidió hace un año el procesamiento del edecán militar de la Cámara de Diputados, el coronel en retiro Reinel Bocáz Rocha. El uniformado, que ostenta el cargo en el Congreso desde 2002, es sindicado como posible autor de un homicidio ocurrido en el Estadio Nacional, cuando ese lugar estaba convertido en el mayor campo de concentración en la historia del país a fines de 1973. Curiosamente, nadie en el Congreso sabía que su edecán estaba en esa situación.
La segunda gran noticia fue el proyecto de educación superior que presentó La Moneda la semana pasada. La potencial ley, que ahora será discutida en el Congreso, tiene dos peculiaridades. La primera es que prácticamente todos los actores afectados –léase las universidades- la rechazan. La segunda es que el ADN mismo de esta iniciativa muestra cuán profundo ha calado el economicismo en la “centroizquierda” criolla. Resulta que la gratuidad universal se podrá alcanzar hacia el año 2030… pero ello dependerá de la expansión del PIB. O sea, los derechos sociales están ligados al potencial “chorreo” que produzca el crecimiento económico. Así, el llamado “Consenso de Washington” de fines de los años 80 se ha reencarnado en el Chile del 2016.
Como siempre, el discurso de austeridad y responsabilidad que emana de La Moneda y el Ministerio de Hacienda se aplica a derechos sociales, pero no a las ganancias privadas o grupos de presión más poderosos. ¿Por qué no condicionar las compras de armas de las Fuerzas Armadas al crecimiento económico? Si el Estado está recaudando poco debido al débil crecimiento económico, ¿por qué no aumentar los royalties a la minería o los impuestos a las ganancias? Hoy, por ejemplo, quien en Chile vende acciones en la bolsa registrando una ganancia debe pagar exactamente 0 por ciento de impuestos. En Estados Unidos es 35 por ciento.
La tercera gran noticia fueron las fabulosas jubilaciones que reciben algunos funcionarios en retiro de Gendarmería. El caso emblemático ha sido el de la esposa del diputado PS, Osvaldo Andrade, que todos los meses recibe una jubilación superior a los cinco millones de pesos. Ese caso fue una nueva demostración de que en el país se ha ido gestando en los últimos 25 años una elite en la que las fronteras tradicionales entre izquierda y derecha se han esfumado. Sea en posiciones privilegiadas del Estado (como las que ha tratado de copar el Partido Socialista desde 1990) o en el mercado (como las que detentan los grandes grupos económicos inundados de plata fresca y barata proveniente de la los ahorros previsionales de todos los chilenos), la elite transversal del país parece haberse dedicado a asegurar su futuro a costas de la mayoría. Más allá de lo insólito de que una periodista militante del PS y esposa de un alto dirigente de ese partido succione tanta plata del Estado, lo verdaderamente escandaloso son las míseras jubilaciones que entrega el sistema privado a sus cotizantes. Y que éstas dependan, al igual que la educación, de los vaivenes del mercado local e internacional.
Y la cuarta gran noticia de la semana pasada es que el país ya tiene más de media docena de candidatos presidenciales, y eso que aún faltan casi 18 meses para esos comicios. Está la senadora Isabel Allende por el PS, quien es la gran apuesta del lobista Enrique Correa, asesor permanente de la hija del ex mandatario. Jorge Tarud, diputado del PPD, también alzó su mano este fin de semana. Después está el senador DC Ignacio Walker, que hace años viene declarando su disposición a ser presidenciable, pero nadie lo ha tomado muy en serio. Y, claro, ahí está también el ex Presidente Ricardo Lagos, cuya candidatura fue levantada con fuerza por El Mercurio y el CEP el año pasado, pero quien parece buscar una proclamación por unanimidad –es decir, no pasar por primarias- que es altamente improbable que suceda.
Por el lado de la derecha, el candidato aventajado es el también ex jefe de Estado Sebastián Piñera. Regalón de los medios de prensa tradicionales del país, nadie ha cuestionado que una parte importante de su “gabinete de excelencia” se encuentra formalizado por actos de corrupción, cohecho o financiamiento irregular de la política. Pero también hay otros, como el senador RN Manuel José Ossandón Irarrázabal, cuyo solo apellido ya indica que pertenece a esa derecha rancia y pseudo-aristocrática que gobernó al país durante el siglo XIX y comienzos del XX. Y después están los díscolos de Amplitud y otros movimientos de derecha.
Todo este escenario “líquido” –en el que poderes fácticos como los militares van perdiendo terreno, en que se cuestiona el poder de los grandes empresarios, pero en el que siguen dominando políticamente “los mismos de siempre”- muestra el grado de confusión y desorientación en la que se encuentra el país. Ello no es, desde luego, exclusivo de Chile. El mundo mismo se encuentra en un estado de confusión.
Pero hay muchos indicios de que en nuestro país estamos ad portas de cambios radicales y profundos, para bien o para mal. Como sea, más de lo mismo ya no será suficiente.
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