Este miércoles se revisará en la Sala del Senado la Reforma Constitucional al Código de Aguas que busca modificar el régimen jurídico sobre la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas.
El texto, aprobado por la comisión especial de Recursos Hídricos del Senado, indica que el agua, en cualquiera de sus estados, es un bien de uso público y, por lo tanto, todo lo que se haya construido y reconocido a partir de su aprovechamiento responden a bienes de utilidad pública.
Además, la propuesta precisa que las concesiones que se reconozcan a particulares serán temporales, limitados hasta por 30 años, y se circunscribirán para fines específicos sujetos al pago de patentes o tasas.
Estos puntos han generado preocupación en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quienes acusan una de “intencionalidad expropiatoria” a los parlamentarios que aprobaron este proyecto en la comisión.
Si bien desde el sector empresarial reconocen argumentos técnicos consistentes que justificarían modificaciones a esta normativa, sostuvieron que “la garantía del derecho de propiedad ha sido fundamental para que las distintas actividades productivas y el impulso de inversiones económicamente viables y ambientalmente sustentables se desarrollen”. Por lo mismo, rechazaron un cambio al estatuto constitucional que sólo debiese considerar primordial el agua para el consumo humano y luego para las actividades productivas.
Para la senadora del PPD y una de las autoras de este proyecto, Adriana Muñoz, estos planteamientos evidencian presiones desde el sector que, a su juicio, no ha querido debatir sobre la democratización real de los derechos de agua en el país.
“Hay mucha presión desde la CPC y muchos sectores económicos que realmente creen que esta propuesta les va a quitar la propiedad que ya tienen sobre el agua. Aquí el debate es que los derechos que quedan no se concentren en más privados. Un bien que es esencial para la vida humana sigue teniendo un carácter economicista y productivista (…) 90 mil personas en Chile vive por el agua que reparte un camión aljibe”, señaló.
Por su parte, la vocera del Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua de la macrozona centro, Francisca Fernández, sostuvo que se requiere la derogación de este Código de Aguas y no una simple modificación como la que se tramita en el Congreso.
“Desde la perspectiva de la CPC se está favoreciendo la lógica de la productividad y la racionalidad del agua como recurso. Esto tiene que ver con el criterio de uso de aguas que son absolutamente distintos a la gestión comunitaria y al otorgamiento de derechos a las comunidades”, sostuvo.
Mientras, el abogado Felipe Tapia, integrante de la Fundación Newenko, una organización que promueve la gestión y acceso de comunidades a los derechos de agua, explicó las modificaciones que implementaría esta Reforma en cuanto al derecho privado y público.
“Lo que busca la Reforma es que a los derechos que quedan por otorgarse ya no sean perpetuos, es decir que nadie sea dueño de su derecho. Por lo mismo, se va a cambiar la categoría de dueño a titular del derecho de agua”, explicó.
Al momento de ingresar esta propuesta de Reforma Constitucional al Senado, las autoras del proyecto aseguraron que resulta una inconsistencia que el Estado siga legitimando un modelo de propiedad privada sobre el agua, aprobado en agosto de 1981, durante la dictadura militar.
En cuanto al curso de esta Reforma, una vez votada en general en la Sala, debe ser revisada por la Comisión de Constitución del Senado.
Este miércoles se revisará en la Sala del Senado la Reforma Constitucional al Código de Aguas que busca modificar el régimen jurídico sobre la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas.
El texto, aprobado por la comisión especial de Recursos Hídricos del Senado, indica que el agua, en cualquiera de sus estados, es un bien de uso público y, por lo tanto, todo lo que se haya construido y reconocido a partir de su aprovechamiento responden a bienes de utilidad pública.
Además, la propuesta precisa que las concesiones que se reconozcan a particulares serán temporales, limitados hasta por 30 años, y se circunscribirán para fines específicos sujetos al pago de patentes o tasas.
Estos puntos han generado preocupación en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quienes acusan una de “intencionalidad expropiatoria” a los parlamentarios que aprobaron este proyecto en la comisión.
Si bien desde el sector empresarial reconocen argumentos técnicos consistentes que justificarían modificaciones a esta normativa, sostuvieron que “la garantía del derecho de propiedad ha sido fundamental para que las distintas actividades productivas y el impulso de inversiones económicamente viables y ambientalmente sustentables se desarrollen”. Por lo mismo, rechazaron un cambio al estatuto constitucional que sólo debiese considerar primordial el agua para el consumo humano y luego para las actividades productivas.
Para la senadora del PPD y una de las autoras de este proyecto, Adriana Muñoz, estos planteamientos evidencian presiones desde el sector que, a su juicio, no ha querido debatir sobre la democratización real de los derechos de agua en el país.
“Hay mucha presión desde la CPC y muchos sectores económicos que realmente creen que esta propuesta les va a quitar la propiedad que ya tienen sobre el agua. Aquí el debate es que los derechos que quedan no se concentren en más privados. Un bien que es esencial para la vida humana sigue teniendo un carácter economicista y productivista (…) 90 mil personas en Chile vive por el agua que reparte un camión aljibe”, señaló.
Por su parte, la vocera del Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua de la macrozona centro, Francisca Fernández, sostuvo que se requiere la derogación de este Código de Aguas y no una simple modificación como la que se tramita en el Congreso.
“Desde la perspectiva de la CPC se está favoreciendo la lógica de la productividad y la racionalidad del agua como recurso. Esto tiene que ver con el criterio de uso de aguas que son absolutamente distintos a la gestión comunitaria y al otorgamiento de derechos a las comunidades”, sostuvo.
Mientras, el abogado Felipe Tapia, integrante de la Fundación Newenko, una organización que promueve la gestión y acceso de comunidades a los derechos de agua, explicó las modificaciones que implementaría esta Reforma en cuanto al derecho privado y público.
“Lo que busca la Reforma es que a los derechos que quedan por otorgarse ya no sean perpetuos, es decir que nadie sea dueño de su derecho. Por lo mismo, se va a cambiar la categoría de dueño a titular del derecho de agua”, explicó.
Al momento de ingresar esta propuesta de Reforma Constitucional al Senado, las autoras del proyecto aseguraron que resulta una inconsistencia que el Estado siga legitimando un modelo de propiedad privada sobre el agua, aprobado en agosto de 1981, durante la dictadura militar.
En cuanto al curso de esta Reforma, una vez votada en general en la Sala, debe ser revisada por la Comisión de Constitución del Senado.
Este miércoles se revisará en la Sala del Senado la Reforma Constitucional al Código de Aguas que busca modificar el régimen jurídico sobre la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas.
El texto, aprobado por la comisión especial de Recursos Hídricos del Senado, indica que el agua, en cualquiera de sus estados, es un bien de uso público y, por lo tanto, todo lo que se haya construido y reconocido a partir de su aprovechamiento responden a bienes de utilidad pública.
Además, la propuesta precisa que las concesiones que se reconozcan a particulares serán temporales, limitados hasta por 30 años, y se circunscribirán para fines específicos sujetos al pago de patentes o tasas.
Estos puntos han generado preocupación en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) quienes acusan una de “intencionalidad expropiatoria” a los parlamentarios que aprobaron este proyecto en la comisión.
Si bien desde el sector empresarial reconocen argumentos técnicos consistentes que justificarían modificaciones a esta normativa, sostuvieron que “la garantía del derecho de propiedad ha sido fundamental para que las distintas actividades productivas y el impulso de inversiones económicamente viables y ambientalmente sustentables se desarrollen”. Por lo mismo, rechazaron un cambio al estatuto constitucional que sólo debiese considerar primordial el agua para el consumo humano y luego para las actividades productivas.
Para la senadora del PPD y una de las autoras de este proyecto, Adriana Muñoz, estos planteamientos evidencian presiones desde el sector que, a su juicio, no ha querido debatir sobre la democratización real de los derechos de agua en el país.
“Hay mucha presión desde la CPC y muchos sectores económicos que realmente creen que esta propuesta les va a quitar la propiedad que ya tienen sobre el agua. Aquí el debate es que los derechos que quedan no se concentren en más privados. Un bien que es esencial para la vida humana sigue teniendo un carácter economicista y productivista (…) 90 mil personas en Chile vive por el agua que reparte un camión aljibe”, señaló.
Por su parte, la vocera del Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua de la macrozona centro, Francisca Fernández, sostuvo que se requiere la derogación de este Código de Aguas y no una simple modificación como la que se tramita en el Congreso.
“Desde la perspectiva de la CPC se está favoreciendo la lógica de la productividad y la racionalidad del agua como recurso. Esto tiene que ver con el criterio de uso de aguas que son absolutamente distintos a la gestión comunitaria y al otorgamiento de derechos a las comunidades”, sostuvo.
Mientras, el abogado Felipe Tapia, integrante de la Fundación Newenko, una organización que promueve la gestión y acceso de comunidades a los derechos de agua, explicó las modificaciones que implementaría esta Reforma en cuanto al derecho privado y público.
“Lo que busca la Reforma es que a los derechos que quedan por otorgarse ya no sean perpetuos, es decir que nadie sea dueño de su derecho. Por lo mismo, se va a cambiar la categoría de dueño a titular del derecho de agua”, explicó.
Al momento de ingresar esta propuesta de Reforma Constitucional al Senado, las autoras del proyecto aseguraron que resulta una inconsistencia que el Estado siga legitimando un modelo de propiedad privada sobre el agua, aprobado en agosto de 1981, durante la dictadura militar.
En cuanto al curso de esta Reforma, una vez votada en general en la Sala, debe ser revisada por la Comisión de Constitución del Senado.
