La Corte de Apelaciones de La Serena desestimó la demolición del tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, ubicado en la comunidad de Caimanes, en la región de Coquimbo.
Esta resolución deja sin efecto el fallo dictado por el Tribunal de Los Vilos en marzo de 2015 que ordena la demolición total o parcial de esta obra para restituir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío hasta la comunidad de Caimanes. Una decisión fundada en el dictamen de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que en octubre de 2014 ordenó a la minera dar solución efectiva al caso a través del derrumbe del tranque o la implementación de un plan de obras propicio.
La empresa, perteneciente al grupo Luksic, optó por este segundo mecanismo y un mes después, en noviembre de 2014, presentó el plan que ofrecía cuatro procedimientos, dos de ellos relacionados con el monitoreo del funcionamiento del agua y otros dos orientados a la restitución del agua a través de canales y ductos artificiales. Sin embargo, no se refería a la restitución de aguas naturales y subterráneas que corresponden al 80 por ciento del caudal de estero.
Esta nueva resolución fue bien recibida por la empresa, según las declaraciones del gerente general de la minera, Robert Mayne- Nicholls: “Estamos satisfechos con esta decisión porque elimina la posibilidad de demolición del tranque El Mauro y refuerza la seriedad del plan de obras que presentamos para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, junto con los acuerdos logrados con nuestros vecinos”, dijo.
Sin embargo, para el vocero de la comunidad de Caimanes y presidente del Comité de Defensa del Valle del Pupío, Cristián Flores, es reprochable el actuar de la Corte de Apelaciones.“Llama la atención el nivel del fallo por la inclinación que ha tenido la Corte de Apelaciones en favor de la empresa para ayudarles a salir del grave problema que mantiene con la comunidad de Caimanes. No tan sólo es un problema de libre escurrimiento de las aguas, es un problema que atañe a los derechos humanos”, recalcó.
Además, el representante de Caimanes afirmó que apelarán a la decisión a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema, que busca anular esta sentencia y, si fuese necesario, acudir a instancias internacionales. “Lo que viene de aquí en adelante es un recurso de casación porque no tenemos otra alternativa ante esta decisión tan mala. Luego, si es necesario nos quedan los tribunales internacionales. Esto es una arista de la lucha que siempre hemos dado, no termina aquí”, insistió.
Mientras, el abogado representante de la comunidad, ubicada en el Valle del Choapa, Esteban Vilches, explicó que la Corte de Apelaciones debía fallar a partir del plan de obras presentado por la empresa en noviembre de 2014. Sin embargo, en mayo pasado la entidad agregó una serie de modificaciones para que fuesen considerados en este dictamen.
Por lo mismo, la Corte determinó que este plan era suficiente siempre y cuando se sumaran las nuevas obras, otorgándole además un plazo extraordinario de seis meses para ejecutar trabajos complementarios. “La Corte de Apelaciones de La Serena reconoce que por sí sólo el plan presentado en noviembre de 2014 no es suficiente, porque presenta una serie de obras que no soluciona el tema del aguas, seguridad, incluso autoriza tácitamente que el tranque se extienda aún más, otros 63 metros cuadrados que se suman a los 220 cuadrados que tiene la cortina”, precisó.
Además, uno de las situaciones que sigue en cuestionamiento, según explicó el abogado representante de Caimanes, es el denominado “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca”, suscrito entre la empresa y los ciudadanos, que también habría comprometido el pago de 3 mil millones de pesos a los anteriores abogados representantes de la comunidad que ha mantenido la demanda de demoler este tranque por más de dos décadas.
La Corte de Apelaciones de La Serena desestimó la demolición del tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, ubicado en la comunidad de Caimanes, en la región de Coquimbo.
Esta resolución deja sin efecto el fallo dictado por el Tribunal de Los Vilos en marzo de 2015 que ordena la demolición total o parcial de esta obra para restituir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío hasta la comunidad de Caimanes. Una decisión fundada en el dictamen de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que en octubre de 2014 ordenó a la minera dar solución efectiva al caso a través del derrumbe del tranque o la implementación de un plan de obras propicio.
La empresa, perteneciente al grupo Luksic, optó por este segundo mecanismo y un mes después, en noviembre de 2014, presentó el plan que ofrecía cuatro procedimientos, dos de ellos relacionados con el monitoreo del funcionamiento del agua y otros dos orientados a la restitución del agua a través de canales y ductos artificiales. Sin embargo, no se refería a la restitución de aguas naturales y subterráneas que corresponden al 80 por ciento del caudal de estero.
Esta nueva resolución fue bien recibida por la empresa, según las declaraciones del gerente general de la minera, Robert Mayne- Nicholls: “Estamos satisfechos con esta decisión porque elimina la posibilidad de demolición del tranque El Mauro y refuerza la seriedad del plan de obras que presentamos para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, junto con los acuerdos logrados con nuestros vecinos”, dijo.
Sin embargo, para el vocero de la comunidad de Caimanes y presidente del Comité de Defensa del Valle del Pupío, Cristián Flores, es reprochable el actuar de la Corte de Apelaciones.“Llama la atención el nivel del fallo por la inclinación que ha tenido la Corte de Apelaciones en favor de la empresa para ayudarles a salir del grave problema que mantiene con la comunidad de Caimanes. No tan sólo es un problema de libre escurrimiento de las aguas, es un problema que atañe a los derechos humanos”, recalcó.
Además, el representante de Caimanes afirmó que apelarán a la decisión a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema, que busca anular esta sentencia y, si fuese necesario, acudir a instancias internacionales. “Lo que viene de aquí en adelante es un recurso de casación porque no tenemos otra alternativa ante esta decisión tan mala. Luego, si es necesario nos quedan los tribunales internacionales. Esto es una arista de la lucha que siempre hemos dado, no termina aquí”, insistió.
Mientras, el abogado representante de la comunidad, ubicada en el Valle del Choapa, Esteban Vilches, explicó que la Corte de Apelaciones debía fallar a partir del plan de obras presentado por la empresa en noviembre de 2014. Sin embargo, en mayo pasado la entidad agregó una serie de modificaciones para que fuesen considerados en este dictamen.
Por lo mismo, la Corte determinó que este plan era suficiente siempre y cuando se sumaran las nuevas obras, otorgándole además un plazo extraordinario de seis meses para ejecutar trabajos complementarios. “La Corte de Apelaciones de La Serena reconoce que por sí sólo el plan presentado en noviembre de 2014 no es suficiente, porque presenta una serie de obras que no soluciona el tema del aguas, seguridad, incluso autoriza tácitamente que el tranque se extienda aún más, otros 63 metros cuadrados que se suman a los 220 cuadrados que tiene la cortina”, precisó.
Además, uno de las situaciones que sigue en cuestionamiento, según explicó el abogado representante de Caimanes, es el denominado “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca”, suscrito entre la empresa y los ciudadanos, que también habría comprometido el pago de 3 mil millones de pesos a los anteriores abogados representantes de la comunidad que ha mantenido la demanda de demoler este tranque por más de dos décadas.
La Corte de Apelaciones de La Serena desestimó la demolición del tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, ubicado en la comunidad de Caimanes, en la región de Coquimbo.
Esta resolución deja sin efecto el fallo dictado por el Tribunal de Los Vilos en marzo de 2015 que ordena la demolición total o parcial de esta obra para restituir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío hasta la comunidad de Caimanes. Una decisión fundada en el dictamen de la Cuarta Sala de la Corte Suprema que en octubre de 2014 ordenó a la minera dar solución efectiva al caso a través del derrumbe del tranque o la implementación de un plan de obras propicio.
La empresa, perteneciente al grupo Luksic, optó por este segundo mecanismo y un mes después, en noviembre de 2014, presentó el plan que ofrecía cuatro procedimientos, dos de ellos relacionados con el monitoreo del funcionamiento del agua y otros dos orientados a la restitución del agua a través de canales y ductos artificiales. Sin embargo, no se refería a la restitución de aguas naturales y subterráneas que corresponden al 80 por ciento del caudal de estero.
Esta nueva resolución fue bien recibida por la empresa, según las declaraciones del gerente general de la minera, Robert Mayne- Nicholls: “Estamos satisfechos con esta decisión porque elimina la posibilidad de demolición del tranque El Mauro y refuerza la seriedad del plan de obras que presentamos para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, junto con los acuerdos logrados con nuestros vecinos”, dijo.
Sin embargo, para el vocero de la comunidad de Caimanes y presidente del Comité de Defensa del Valle del Pupío, Cristián Flores, es reprochable el actuar de la Corte de Apelaciones.“Llama la atención el nivel del fallo por la inclinación que ha tenido la Corte de Apelaciones en favor de la empresa para ayudarles a salir del grave problema que mantiene con la comunidad de Caimanes. No tan sólo es un problema de libre escurrimiento de las aguas, es un problema que atañe a los derechos humanos”, recalcó.
Además, el representante de Caimanes afirmó que apelarán a la decisión a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema, que busca anular esta sentencia y, si fuese necesario, acudir a instancias internacionales. “Lo que viene de aquí en adelante es un recurso de casación porque no tenemos otra alternativa ante esta decisión tan mala. Luego, si es necesario nos quedan los tribunales internacionales. Esto es una arista de la lucha que siempre hemos dado, no termina aquí”, insistió.
Mientras, el abogado representante de la comunidad, ubicada en el Valle del Choapa, Esteban Vilches, explicó que la Corte de Apelaciones debía fallar a partir del plan de obras presentado por la empresa en noviembre de 2014. Sin embargo, en mayo pasado la entidad agregó una serie de modificaciones para que fuesen considerados en este dictamen.
Por lo mismo, la Corte determinó que este plan era suficiente siempre y cuando se sumaran las nuevas obras, otorgándole además un plazo extraordinario de seis meses para ejecutar trabajos complementarios. “La Corte de Apelaciones de La Serena reconoce que por sí sólo el plan presentado en noviembre de 2014 no es suficiente, porque presenta una serie de obras que no soluciona el tema del aguas, seguridad, incluso autoriza tácitamente que el tranque se extienda aún más, otros 63 metros cuadrados que se suman a los 220 cuadrados que tiene la cortina”, precisó.
Además, uno de las situaciones que sigue en cuestionamiento, según explicó el abogado representante de Caimanes, es el denominado “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca”, suscrito entre la empresa y los ciudadanos, que también habría comprometido el pago de 3 mil millones de pesos a los anteriores abogados representantes de la comunidad que ha mantenido la demanda de demoler este tranque por más de dos décadas.
