Ley antidiscriminación: una normativa que funciona a medias
Luego de que la legislación fuera promulgada en 2012, diversas organizaciones realizaron el análisis: la ley ha dado resultados, pero no logra cambiar la educación y cultura del país. ¿La razón? La inexistencia de una institucionalidad que acoja las diferencias del territorio.
Domingo 14 de agosto 2016 17:55 hrs.
16 Febrero 2012
El paseo Ahumada cumple 35 aos desde su inauguracin
Foto: Domingo Burgos / La Tercera
El 12 de julio de 2012 fue un día clave. Se trató de una fecha que marcó un antes y un después, no sólo en la historia legislativa del país, sino que también, en el petitorio de las minorías del país. Ese día fue promulgada la Ley Contra la Discriminación, un marco jurídico que por primera vez reconocío las diferencias dentro de un territorio multicultural.
El anuncio fue celebrado por las organizaciones, quienes vieron en la normativa un resguardo respecto de la discriminación de género, sexual, de raza y religión, entre otras.
Sin embargo, a cuatro años de su aprobación las organizaciones hace la evaluación respectiva: la normativa funciona a medias.
Las carencias
Según Rolando Jiménez, coordinador del área de DD.HH. del Movilh, “la ley tiene algunas cosas muy positivas como las 17 categorías de no discriminación”.“Ahora, por el conservadurismo y la negociación política que hubo en el Congreso Nacional por el gobierno de turno, que era el de Sebastián Piñera, se censuraron algunos asuntos que eran muy prácticos y concretos en la ley y eso ha hecho que no sea todo lo eficiente que se requiere”, comenta.
El dirigente explica que la normativa carece de una institucionalidad fuerte. Por ejemplo, comenta que “el marco jurídico de la ley dice que todos los organismos del Estado tendrán que generar políticas públicas de no discriminación, pero no señala cómo, cuándo y con qué recursos tiene que hacerlo”.
Una de las preocupaciones de las organizaciones también tiene que ver con el espíritu sancionador que impone la ley. En esta línea, las agrupaciones han denunciado que la norma desincentiva la denuncia. Esto, ya que si una persona no puede demostrar la discriminación arbitraria, puede ser multada, porque la ley ordena en su Artículo 12 que “si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”.
Otro aspecto tiene que ver con el agravante penal que obliga a probar la intencionalidad de la discriminación. “Esto no funciona para la Justicia, ya que ellos buscan castigar los hechos y eso es bastante difícil de corroborar”, relata Jiménez.
“Si una persona agrede a otro por una diferencia de raza o sexual, esa persona, el agresor, no lo va a reconocer ante Tribunales, porque eso trae como consecuencia la aplicación de una agravante que aumenta automáticamente las penas en un grado”, añade.
Al mismo tiempo, el análisis de las organizaciones pone énfasis en el carácter peculiar de la ley: en Chile el que debe probar que fue discriminado es la víctima, mientras que en otros países es el agresor el que debe demostrar que no incurrió en discriminación.
El camino hacia una nueva institucionalidad
La ley establece que corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar los derechos y libertades de cada uno de los ciudadanos de la nación. Sin embargo, al no existir una regulación para ello, las organizaciones han puesto en el debate la necesidad sobre crear una institución capaz de aglomerar los diversos intereses que emanan desde la multiculturalidad del país.
Uno de las fundaciones que ha instaurado esta necesidad es Espacio Público. Pablo Simonetti, su director, explica que “hoy en el país hace falta que se desarrollen políticas públicas a favor de la diversidad y de la igualdad”. Por ello, explica que sin una institución transversal a los organismos del Estado, la Ley Contra la Discriminación es débil en materia de protección, sanción y educación cultural.
“Nosotros planteamos que esta institucionalidad podría ir a parar de buena manera a la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque es una institución nueva y, en ese sentido, puede permitir una mirada holística. No queremos que los DD.HH. se sectoricen en ministerios, ya que lo que necesitamos es una mirada transversal, cultural, sociológica. Esto no es solamente llevar casos y reparar”, dice.
Simonetti también es enfático en señalar que este nuevo organismo debe apelar a un plan nacional de DD. HH. y no discriminación, es decir, que los Ministros se hagan cargo de la aplicación de la normativa en todos los niveles del Estado. “Necesitamos que se genere una mirada a largo plazo respecto de los temas de DD.HH. y no discriminación, que esta política trascienda en los gobiernos, que todos los años cada institución haga una autoevaluación”, recalca.
El escritor también manifiesta que de levantarse un organismo de este tipo, algunas leyes como el Control de Identidad deberían replantearse. “Toda la normativa que vaya saliendo del Ejecutivo necesita ser no discriminatoria. Por ejemplo, el Control de Identidad debería repensarse, porque yo creo que pone bajo sospecha en vez de dar protección a las comunidades vulneradas”, manifiesta.
La idea sobre la creación de un órgano específico sobre la no discriminación no es nueva. En México, Perú y Argentina ya se han levantado instituciones para ello. En este sentido, Simonetti comentó que el país aún está “al debe” en materia de no discriminación.
En estadísticas
Hoy la discriminación es un tema latente. Según el último informe de 2015 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 53 por ciento de los chilenos dijo ser discriminador. Además, según el documento el 48, 5 por ciento señaló que la discriminación se daba principalmente en el trabajo.
En tanto, de acuerdo a las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2012 el 36, 1 por ciento de los encuestados declaró haber sufrido una al menos una discriminación.
En este contexto, el llamado de las organizaciones se fortalece. Sobre todo cuando indican que posterior a la publicación de la Ley Contra la Discriminación se ha empoderado respecto de sus derechos.
¿Cuán presente está este tema en el debate parlamentario? ¿A qué velocidad se puede discutir este punto de la ley? Simonetti responde: “Primero el Ejecutivo tiene que estar comprometido. Sin embargo, no me parece una discusión tan larga. Tenemos oportunidades, sólo se necesita compromiso político”.
El 12 de julio de 2012 fue un día clave. Se trató de una fecha que marcó un antes y un después, no sólo en la historia legislativa del país, sino que también, en el petitorio de las minorías del país. Ese día fue promulgada la Ley Contra la Discriminación, un marco jurídico que por primera vez reconocío las diferencias dentro de un territorio multicultural.
El anuncio fue celebrado por las organizaciones, quienes vieron en la normativa un resguardo respecto de la discriminación de género, sexual, de raza y religión, entre otras.
Sin embargo, a cuatro años de su aprobación las organizaciones hace la evaluación respectiva: la normativa funciona a medias.
Las carencias
Según Rolando Jiménez, coordinador del área de DD.HH. del Movilh, “la ley tiene algunas cosas muy positivas como las 17 categorías de no discriminación”.“Ahora, por el conservadurismo y la negociación política que hubo en el Congreso Nacional por el gobierno de turno, que era el de Sebastián Piñera, se censuraron algunos asuntos que eran muy prácticos y concretos en la ley y eso ha hecho que no sea todo lo eficiente que se requiere”, comenta.
El dirigente explica que la normativa carece de una institucionalidad fuerte. Por ejemplo, comenta que “el marco jurídico de la ley dice que todos los organismos del Estado tendrán que generar políticas públicas de no discriminación, pero no señala cómo, cuándo y con qué recursos tiene que hacerlo”.
Una de las preocupaciones de las organizaciones también tiene que ver con el espíritu sancionador que impone la ley. En esta línea, las agrupaciones han denunciado que la norma desincentiva la denuncia. Esto, ya que si una persona no puede demostrar la discriminación arbitraria, puede ser multada, porque la ley ordena en su Artículo 12 que “si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”.
Otro aspecto tiene que ver con el agravante penal que obliga a probar la intencionalidad de la discriminación. “Esto no funciona para la Justicia, ya que ellos buscan castigar los hechos y eso es bastante difícil de corroborar”, relata Jiménez.
“Si una persona agrede a otro por una diferencia de raza o sexual, esa persona, el agresor, no lo va a reconocer ante Tribunales, porque eso trae como consecuencia la aplicación de una agravante que aumenta automáticamente las penas en un grado”, añade.
Al mismo tiempo, el análisis de las organizaciones pone énfasis en el carácter peculiar de la ley: en Chile el que debe probar que fue discriminado es la víctima, mientras que en otros países es el agresor el que debe demostrar que no incurrió en discriminación.
El camino hacia una nueva institucionalidad
La ley establece que corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar los derechos y libertades de cada uno de los ciudadanos de la nación. Sin embargo, al no existir una regulación para ello, las organizaciones han puesto en el debate la necesidad sobre crear una institución capaz de aglomerar los diversos intereses que emanan desde la multiculturalidad del país.
Uno de las fundaciones que ha instaurado esta necesidad es Espacio Público. Pablo Simonetti, su director, explica que “hoy en el país hace falta que se desarrollen políticas públicas a favor de la diversidad y de la igualdad”. Por ello, explica que sin una institución transversal a los organismos del Estado, la Ley Contra la Discriminación es débil en materia de protección, sanción y educación cultural.
“Nosotros planteamos que esta institucionalidad podría ir a parar de buena manera a la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque es una institución nueva y, en ese sentido, puede permitir una mirada holística. No queremos que los DD.HH. se sectoricen en ministerios, ya que lo que necesitamos es una mirada transversal, cultural, sociológica. Esto no es solamente llevar casos y reparar”, dice.
Simonetti también es enfático en señalar que este nuevo organismo debe apelar a un plan nacional de DD. HH. y no discriminación, es decir, que los Ministros se hagan cargo de la aplicación de la normativa en todos los niveles del Estado. “Necesitamos que se genere una mirada a largo plazo respecto de los temas de DD.HH. y no discriminación, que esta política trascienda en los gobiernos, que todos los años cada institución haga una autoevaluación”, recalca.
El escritor también manifiesta que de levantarse un organismo de este tipo, algunas leyes como el Control de Identidad deberían replantearse. “Toda la normativa que vaya saliendo del Ejecutivo necesita ser no discriminatoria. Por ejemplo, el Control de Identidad debería repensarse, porque yo creo que pone bajo sospecha en vez de dar protección a las comunidades vulneradas”, manifiesta.
La idea sobre la creación de un órgano específico sobre la no discriminación no es nueva. En México, Perú y Argentina ya se han levantado instituciones para ello. En este sentido, Simonetti comentó que el país aún está “al debe” en materia de no discriminación.
En estadísticas
Hoy la discriminación es un tema latente. Según el último informe de 2015 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 53 por ciento de los chilenos dijo ser discriminador. Además, según el documento el 48, 5 por ciento señaló que la discriminación se daba principalmente en el trabajo.
En tanto, de acuerdo a las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2012 el 36, 1 por ciento de los encuestados declaró haber sufrido una al menos una discriminación.
En este contexto, el llamado de las organizaciones se fortalece. Sobre todo cuando indican que posterior a la publicación de la Ley Contra la Discriminación se ha empoderado respecto de sus derechos.
¿Cuán presente está este tema en el debate parlamentario? ¿A qué velocidad se puede discutir este punto de la ley? Simonetti responde: “Primero el Ejecutivo tiene que estar comprometido. Sin embargo, no me parece una discusión tan larga. Tenemos oportunidades, sólo se necesita compromiso político”.
El 12 de julio de 2012 fue un día clave. Se trató de una fecha que marcó un antes y un después, no sólo en la historia legislativa del país, sino que también, en el petitorio de las minorías del país. Ese día fue promulgada la Ley Contra la Discriminación, un marco jurídico que por primera vez reconocío las diferencias dentro de un territorio multicultural.
El anuncio fue celebrado por las organizaciones, quienes vieron en la normativa un resguardo respecto de la discriminación de género, sexual, de raza y religión, entre otras.
Sin embargo, a cuatro años de su aprobación las organizaciones hace la evaluación respectiva: la normativa funciona a medias.
Las carencias
Según Rolando Jiménez, coordinador del área de DD.HH. del Movilh, “la ley tiene algunas cosas muy positivas como las 17 categorías de no discriminación”.“Ahora, por el conservadurismo y la negociación política que hubo en el Congreso Nacional por el gobierno de turno, que era el de Sebastián Piñera, se censuraron algunos asuntos que eran muy prácticos y concretos en la ley y eso ha hecho que no sea todo lo eficiente que se requiere”, comenta.
El dirigente explica que la normativa carece de una institucionalidad fuerte. Por ejemplo, comenta que “el marco jurídico de la ley dice que todos los organismos del Estado tendrán que generar políticas públicas de no discriminación, pero no señala cómo, cuándo y con qué recursos tiene que hacerlo”.
Una de las preocupaciones de las organizaciones también tiene que ver con el espíritu sancionador que impone la ley. En esta línea, las agrupaciones han denunciado que la norma desincentiva la denuncia. Esto, ya que si una persona no puede demostrar la discriminación arbitraria, puede ser multada, porque la ley ordena en su Artículo 12 que “si la sentencia estableciere que la denuncia carece de todo fundamento, el tribunal aplicará al recurrente una multa de dos a veinte unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal”.
Otro aspecto tiene que ver con el agravante penal que obliga a probar la intencionalidad de la discriminación. “Esto no funciona para la Justicia, ya que ellos buscan castigar los hechos y eso es bastante difícil de corroborar”, relata Jiménez.
“Si una persona agrede a otro por una diferencia de raza o sexual, esa persona, el agresor, no lo va a reconocer ante Tribunales, porque eso trae como consecuencia la aplicación de una agravante que aumenta automáticamente las penas en un grado”, añade.
Al mismo tiempo, el análisis de las organizaciones pone énfasis en el carácter peculiar de la ley: en Chile el que debe probar que fue discriminado es la víctima, mientras que en otros países es el agresor el que debe demostrar que no incurrió en discriminación.
El camino hacia una nueva institucionalidad
La ley establece que corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar los derechos y libertades de cada uno de los ciudadanos de la nación. Sin embargo, al no existir una regulación para ello, las organizaciones han puesto en el debate la necesidad sobre crear una institución capaz de aglomerar los diversos intereses que emanan desde la multiculturalidad del país.
Uno de las fundaciones que ha instaurado esta necesidad es Espacio Público. Pablo Simonetti, su director, explica que “hoy en el país hace falta que se desarrollen políticas públicas a favor de la diversidad y de la igualdad”. Por ello, explica que sin una institución transversal a los organismos del Estado, la Ley Contra la Discriminación es débil en materia de protección, sanción y educación cultural.
“Nosotros planteamos que esta institucionalidad podría ir a parar de buena manera a la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque es una institución nueva y, en ese sentido, puede permitir una mirada holística. No queremos que los DD.HH. se sectoricen en ministerios, ya que lo que necesitamos es una mirada transversal, cultural, sociológica. Esto no es solamente llevar casos y reparar”, dice.
Simonetti también es enfático en señalar que este nuevo organismo debe apelar a un plan nacional de DD. HH. y no discriminación, es decir, que los Ministros se hagan cargo de la aplicación de la normativa en todos los niveles del Estado. “Necesitamos que se genere una mirada a largo plazo respecto de los temas de DD.HH. y no discriminación, que esta política trascienda en los gobiernos, que todos los años cada institución haga una autoevaluación”, recalca.
El escritor también manifiesta que de levantarse un organismo de este tipo, algunas leyes como el Control de Identidad deberían replantearse. “Toda la normativa que vaya saliendo del Ejecutivo necesita ser no discriminatoria. Por ejemplo, el Control de Identidad debería repensarse, porque yo creo que pone bajo sospecha en vez de dar protección a las comunidades vulneradas”, manifiesta.
La idea sobre la creación de un órgano específico sobre la no discriminación no es nueva. En México, Perú y Argentina ya se han levantado instituciones para ello. En este sentido, Simonetti comentó que el país aún está “al debe” en materia de no discriminación.
En estadísticas
Hoy la discriminación es un tema latente. Según el último informe de 2015 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el 53 por ciento de los chilenos dijo ser discriminador. Además, según el documento el 48, 5 por ciento señaló que la discriminación se daba principalmente en el trabajo.
En tanto, de acuerdo a las cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2012 el 36, 1 por ciento de los encuestados declaró haber sufrido una al menos una discriminación.
En este contexto, el llamado de las organizaciones se fortalece. Sobre todo cuando indican que posterior a la publicación de la Ley Contra la Discriminación se ha empoderado respecto de sus derechos.
¿Cuán presente está este tema en el debate parlamentario? ¿A qué velocidad se puede discutir este punto de la ley? Simonetti responde: “Primero el Ejecutivo tiene que estar comprometido. Sin embargo, no me parece una discusión tan larga. Tenemos oportunidades, sólo se necesita compromiso político”.
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