El Juzgado de Garantía de Temuco fijó para este miércoles al mediodía una nueva audiencia en contra de los 11 comuneros mapuche sospechosos del ataque al matrimonio Luchsinger- Mackay.
En esta oportunidad se evaluará el cierre de la indagatoria al que los defensores de los imputados se oponen rotundamente, puesto que según ellos, habría un testigo protegido que ha declarado ante la policía y el Ministerio Público la responsabilidad de personas distintas a los acusados.
Lo anterior lo explicó Sebastián Saavedra, abogado de Luis y Juan Tralcal Quidel: “Se trataría de un testigo que a diferencia de José Peralino no se ha retractado, sino que ha confirmado sus dichos en la Fiscalía. Así existirían otras líneas de investigación que el Ministerio Público no ha desarrollado y que exculpan a nuestros representados”.
Los inculpados se mantienen en prisión preventiva, lo que es cuestionado por el abogado a quien le resulta incomprensible que el único antecedente en su contra sea el testimonio de una persona que además es coimputado en la causa (José Peralino) y que se retracta judicialmente.
En tanto, el Juzgado de Garantía admitió a tramitación la querella por obstrucción de información contra el Ministerio Público, por lo que ahora sería este último el encargado de investigar. Sebastián Saavedra espera que esta diligencia no sea a cargo del fiscal Alberto Chiffelle, quien ha sido criticado por su parcialidad en causas donde están involucrados comuneros mapuches.
El abogado se refirió a las características de los antecedentes que han sido puestos a disposición de las defensas sobre la antena telefónica. “Tenemos las capacidades técnicas de las antenas pero no sabemos si se refieren al año 2013, 2014, 2015 o 2016, no existen intervenciones telefónicas del día de los hechos. Respecto de Luis Tralcal Quidel y la información respecto del motel en que pasó la noche, se nos hizo solo entrega de copias de ciertos días”, indicó.
Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, opinó que el procedimiento en general es discutible desde que se utiliza una norma excepcional como es la ley antiterrorista. “ El mismo fiscal Chiffelle es quien ha participado en investigaciones previas de casos similares, como caso Tur bus, caso San Leandro y Tres Luces, que derivaron en la absolución de los imputados e incluso en la necesidad del Estado de pagar costas a quienes estuvieron cerca de dos años en prisión preventiva. Entonces hay una mala práctica de parte del Estado en que la línea investigativa directa de cualquier hecho que ocurra en la Araucanía se vincula directamente con personas mapuches”, recalcó el jurista.
En la misma línea, el historiador Pablo Marimán opinó que se le da una señal a la sociedad y a los mapuches en particular, de que nadie está a salvo de que se le involucre en hechos en los que jamás haya participado. “Es una tremenda torpeza. No se da ninguna señal clara para el presente y el devenir político que se vaya a encontrar durante este Gobierno favorable a resolver crisis momentáneas como la de los detenidos, inserta una crisis mayor como es los derechos del pueblo mapuche. A esto es lo que atacan muchos de los fiscales en sus persecuciones judiciales”, aseveró.
Con todo, Marimán sentenció que no se logrará una negociación y diálogo con las autoridades para resolver el conflicto en la Araucanía mientras hayan personas detenidas en la condición de presos políticos o que son injustamente involucrados en montajes.
El Juzgado de Garantía de Temuco fijó para este miércoles al mediodía una nueva audiencia en contra de los 11 comuneros mapuche sospechosos del ataque al matrimonio Luchsinger- Mackay.
En esta oportunidad se evaluará el cierre de la indagatoria al que los defensores de los imputados se oponen rotundamente, puesto que según ellos, habría un testigo protegido que ha declarado ante la policía y el Ministerio Público la responsabilidad de personas distintas a los acusados.
Lo anterior lo explicó Sebastián Saavedra, abogado de Luis y Juan Tralcal Quidel: “Se trataría de un testigo que a diferencia de José Peralino no se ha retractado, sino que ha confirmado sus dichos en la Fiscalía. Así existirían otras líneas de investigación que el Ministerio Público no ha desarrollado y que exculpan a nuestros representados”.
Los inculpados se mantienen en prisión preventiva, lo que es cuestionado por el abogado a quien le resulta incomprensible que el único antecedente en su contra sea el testimonio de una persona que además es coimputado en la causa (José Peralino) y que se retracta judicialmente.
En tanto, el Juzgado de Garantía admitió a tramitación la querella por obstrucción de información contra el Ministerio Público, por lo que ahora sería este último el encargado de investigar. Sebastián Saavedra espera que esta diligencia no sea a cargo del fiscal Alberto Chiffelle, quien ha sido criticado por su parcialidad en causas donde están involucrados comuneros mapuches.
El abogado se refirió a las características de los antecedentes que han sido puestos a disposición de las defensas sobre la antena telefónica. “Tenemos las capacidades técnicas de las antenas pero no sabemos si se refieren al año 2013, 2014, 2015 o 2016, no existen intervenciones telefónicas del día de los hechos. Respecto de Luis Tralcal Quidel y la información respecto del motel en que pasó la noche, se nos hizo solo entrega de copias de ciertos días”, indicó.
Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, opinó que el procedimiento en general es discutible desde que se utiliza una norma excepcional como es la ley antiterrorista. “ El mismo fiscal Chiffelle es quien ha participado en investigaciones previas de casos similares, como caso Tur bus, caso San Leandro y Tres Luces, que derivaron en la absolución de los imputados e incluso en la necesidad del Estado de pagar costas a quienes estuvieron cerca de dos años en prisión preventiva. Entonces hay una mala práctica de parte del Estado en que la línea investigativa directa de cualquier hecho que ocurra en la Araucanía se vincula directamente con personas mapuches”, recalcó el jurista.
En la misma línea, el historiador Pablo Marimán opinó que se le da una señal a la sociedad y a los mapuches en particular, de que nadie está a salvo de que se le involucre en hechos en los que jamás haya participado. “Es una tremenda torpeza. No se da ninguna señal clara para el presente y el devenir político que se vaya a encontrar durante este Gobierno favorable a resolver crisis momentáneas como la de los detenidos, inserta una crisis mayor como es los derechos del pueblo mapuche. A esto es lo que atacan muchos de los fiscales en sus persecuciones judiciales”, aseveró.
Con todo, Marimán sentenció que no se logrará una negociación y diálogo con las autoridades para resolver el conflicto en la Araucanía mientras hayan personas detenidas en la condición de presos políticos o que son injustamente involucrados en montajes.
El Juzgado de Garantía de Temuco fijó para este miércoles al mediodía una nueva audiencia en contra de los 11 comuneros mapuche sospechosos del ataque al matrimonio Luchsinger- Mackay.
En esta oportunidad se evaluará el cierre de la indagatoria al que los defensores de los imputados se oponen rotundamente, puesto que según ellos, habría un testigo protegido que ha declarado ante la policía y el Ministerio Público la responsabilidad de personas distintas a los acusados.
Lo anterior lo explicó Sebastián Saavedra, abogado de Luis y Juan Tralcal Quidel: “Se trataría de un testigo que a diferencia de José Peralino no se ha retractado, sino que ha confirmado sus dichos en la Fiscalía. Así existirían otras líneas de investigación que el Ministerio Público no ha desarrollado y que exculpan a nuestros representados”.
Los inculpados se mantienen en prisión preventiva, lo que es cuestionado por el abogado a quien le resulta incomprensible que el único antecedente en su contra sea el testimonio de una persona que además es coimputado en la causa (José Peralino) y que se retracta judicialmente.
En tanto, el Juzgado de Garantía admitió a tramitación la querella por obstrucción de información contra el Ministerio Público, por lo que ahora sería este último el encargado de investigar. Sebastián Saavedra espera que esta diligencia no sea a cargo del fiscal Alberto Chiffelle, quien ha sido criticado por su parcialidad en causas donde están involucrados comuneros mapuches.
El abogado se refirió a las características de los antecedentes que han sido puestos a disposición de las defensas sobre la antena telefónica. “Tenemos las capacidades técnicas de las antenas pero no sabemos si se refieren al año 2013, 2014, 2015 o 2016, no existen intervenciones telefónicas del día de los hechos. Respecto de Luis Tralcal Quidel y la información respecto del motel en que pasó la noche, se nos hizo solo entrega de copias de ciertos días”, indicó.
Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, opinó que el procedimiento en general es discutible desde que se utiliza una norma excepcional como es la ley antiterrorista. “ El mismo fiscal Chiffelle es quien ha participado en investigaciones previas de casos similares, como caso Tur bus, caso San Leandro y Tres Luces, que derivaron en la absolución de los imputados e incluso en la necesidad del Estado de pagar costas a quienes estuvieron cerca de dos años en prisión preventiva. Entonces hay una mala práctica de parte del Estado en que la línea investigativa directa de cualquier hecho que ocurra en la Araucanía se vincula directamente con personas mapuches”, recalcó el jurista.
En la misma línea, el historiador Pablo Marimán opinó que se le da una señal a la sociedad y a los mapuches en particular, de que nadie está a salvo de que se le involucre en hechos en los que jamás haya participado. “Es una tremenda torpeza. No se da ninguna señal clara para el presente y el devenir político que se vaya a encontrar durante este Gobierno favorable a resolver crisis momentáneas como la de los detenidos, inserta una crisis mayor como es los derechos del pueblo mapuche. A esto es lo que atacan muchos de los fiscales en sus persecuciones judiciales”, aseveró.
Con todo, Marimán sentenció que no se logrará una negociación y diálogo con las autoridades para resolver el conflicto en la Araucanía mientras hayan personas detenidas en la condición de presos políticos o que son injustamente involucrados en montajes.
