Las acusaciones constitucionales que complican a la ministra Javiera Blanco

La segunda acusación será presentada este miércoles por Chile Vamos. Con esta medida el bloque opositor busca aclarar las adulteraciones de las pensiones de Gendarmería, así como también, los nombramientos de la institución.

La segunda acusación será presentada este miércoles por Chile Vamos. Con esta medida el bloque opositor busca aclarar las adulteraciones de las pensiones de Gendarmería, así como también, los nombramientos de la institución.

Este martes el diputado independiente René Saffirio presentó una acusación constitucional contra la ministra de Justicia Javiera Blanco.

La denuncia contó  con el respaldo de 11 parlamentarios, entre ellos,  dos pertenecientes al bloque de Chile Vamos y tres independientes.

Lista de parlamentarios que apoyaron la acusación

Lista de parlamentarios que apoyaron la acusación

La medida liderada por Saffirio apunta a esclarecer la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En este sentido, el parlamentario explicó que su acusación se produce porque la cartera de Justicia ha desprotegido los Derechos Humanos de los infantes. Asimismo, el diputado resaltó los puntos que serán discutidos durante la acusación constitucional: “El primero tiene que ver con el incumplimiento de Chile de los acuerdos internacionales en materia de infancia, la declaración universal de DD.HH. y la declaración de niños, niñas y adolescentes. El segundo guarda relación con la infracción constitucional que impone a los ministros de Estado informar sobre sus actos de fiscalización”, dijo.

“Un tercero tiene que ver con el incumplimiento de normas que están contenidas en la ley orgánica del Ministerio de Justicia y que dicen relación con las responsabilidades de la acusada de supervisar y estar resolviendo las dificultades que se presentan en los servicios bajo su dependencia, en este caso particular, el Sename”, añadió.

Saffirio también señaló que en dicha ocasión la secretaria de Estado deberá responder por datos que en su opinión son desconocidos, como por ejemplo, cuántos niños dependen del Sename, cuántos están enfermos y cuántos han fallecido.

Por otro lado, Chile Vamos presentará mañana una segunda acusación constitucional que se relaciona con las irregularidades de Gendarmería.

Según el diputado, jefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, en su acusación constitucional se interpelará por posibles adulteraciones de pensiones  y nombramientos irregulares en la institución.

En este sentido, Ricardo Riveros, presidente de la Asociación de Sub Oficiales de Gendarmería (ANSOG), valoró la iniciativa del bloque opositor: “Todos los temas de irregularidades que han ocurrido en Gendarmería y en servicios dependientes de la cartera de Justicia tienen que clarificarse de una vez por todas. Aquí hay muchas especulaciones sobre muchos temas y las responsabilidades políticas recaen justamente en la figura del ministro de Estado”, recalcó.

Riveros también explicó que las irregularidades respecto de los cargos es algo que se viene repitiendo desde hace años. “Aquí cada gobierno pone a su gente. Tuvimos la oportunidad de tener por tres años oficiales de carrera al mando de la institución, pero  nuevamente nos vemos con la realidad de que se politiza Gendarmería”, manifestó.

En tanto, el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz criticó las acusaciones: “Nos parece que son acusaciones que no cuentan con fundamentos, pero adicionalmente nuestra invitación es a que nos concentremos en temas importantes. Hay demasiadas tareas que hacer”, destacó.

El procedimiento constitucional comienza con una acusación. Esta debe estar respaldada por un mínimo de 10 diputados y un máximo de 20. Posteriormente, la Cámara deberá elegir al azar una comisión compuesta por cinco diputados, quienes deben informar sobre si proceden o no a la acusación.En esta oportunidad, y en la arista referida al Sename los parlamentarios seleccionados son: Issa Kort (UDI), Karol Cariola (PC), Iván FLores (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Leonardo Soto (PS).

De esta manera, la Cámara Baja quedará en facultades para examinar la acusación y votar sobre ella. A partir de ello, la acusada tendrá un plazo máximo de 10 días para presentar sus descargos.





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