Al menos el 46 por ciento de los parlamentarios ha enfrentado en los últimos cinco años alguna causa judicial. En diversos tipos de diligencias, son 21 senadores y 53 diputados los que han debido enfrentar a la justicia.
Los casos de gran connotación pública como los relacionados con delitos tributarios y financiamientos irregulares de campañas, han motivado una mayor fiscalización ciudadana al actuar de los senadores y diputados.
El caso Penta-SQM ha llevado a siete parlamentarios a enfrentar causas judiciales, de los cuales cinco están querellados y dos formalizados: el senador Iván Moreira y el diputado Felipe De Bussy.
Por otro lado, entre las causas judiciales más comunes se encuentran aquellas que se relacionan con el no pago de imposiciones, en los que se contabilizan 27 casos, con diversos montos involucrados. Causas que, en su mayoría, están cerradas.
Además de los procesos ya señalados, hay otros 11 que tienen relación con fraudes al fisco o delitos tributarios.
Otros hechos por sí mismos relevantes son la formalización por Caso Corpesca de Jaime Orpis, la investigación por el caso de becas Valech que involucró a Daniel Farcas, el caso de violación a los derechos humanos que involucró al diputado Rosauro Martínez y la causa que involucró a Marcelo Chávez por conducción en estado de ebriedad, caso en el cual fue denegado su desafuero.
Christian Urizar y Jorge Sabag quienes fueron formalizados por fraude al fisco tampoco fueron desaforados, en tanto Cristina Girardi y Gustavo Hasbún han enfrentado querellas por injurias y calumnias sin perder su fuero.
No así, Gaspar Rivas. El diputado que realizó duras declaraciones en contra del empresario Andrónico Luksic fue desaforado y enfrenta una querella por el mismo cargo de Girardi y Hasbún, sin embargo su proceso continúa vigente. El parlamentario estimó que en los casos donde sea fehaciente el delito cometido, debe ser causal de inhabilitación para continuar la labor legislativa.
“Esta es una situación que, la verdad, complica a la clase política de cara a la ciudadanía, y no hace más que corroborar que la gente tiene razón al desconfiar de sus parlamentarios. Pero en definitiva, eso claro que es indicativo que la poca legitimidad que tenía la clase política frente a la ciudadanía la pierde cada día más por sus actos, no por capricho del ciudadano. Y eso es incuestionable y una verdad que no puede ser desmentida por los propios parlamentarios”, expresó el diputado.
Por otro lado, el abogado querellante en el caso SQM, Carlos Hidalgo estima que estas situaciones que han enfrentado los parlamentarios los coloca en una posición reñida con el perfil que deberían tener quienes elaboran las leyes y devela una doble cara de algunos parlamentarios que no cumplen las normas que ellos mismos crean.
“Me parece muy bueno por un lado, porque eso quiere decir que está funcionando el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que cometen un ilícito deben ser investigadas y en ese sentido el hecho que sean parlamentarias o no en que se realice o no se realice esa investigación. Pero claramente habla de que hay prácticas extendidas en todo el espectro de partidos políticos y de parlamentarios que claramente están reñidas con lo que señala la ley”, declaró el jurista.
A juicio de la cientista política del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, la deslegitimidad del Parlamento viene desde antes de estos casos judiciales y se explica por la falta de conexión entre los diputados y senadores con sus representados, situación de desconfianza que se profundiza con estas demandas. Un elemento importante que recalcó es la necesidad de regulación en la relación entre el dinero y la política.
“Recién se ha empezado a ver y se ha cuestionado por parte de la ciudadanía ciertas prácticas que hasta hace poco no eran cuestionadas. Es decir, hay una ciudadanía más activa que ahora sí cuestiona prácticas porque ve que eso en los resultados finales de las políticas públicas les afecta. Y por lo tanto, en otro nivel de cosas tiene que haber una mejor regulación de la relación entre el dinero y la política”, explicó la académica.
Que los procesos judiciales concluyan como corresponde, regular el lobby apuntando a la igualdad de condiciones y potenciar la participación ciudadana, son ideas que planteó la académica ante una situación que ha puesto en tela de juicio el prestigio de la labor legislativa del país.
Al menos el 46 por ciento de los parlamentarios ha enfrentado en los últimos cinco años alguna causa judicial. En diversos tipos de diligencias, son 21 senadores y 53 diputados los que han debido enfrentar a la justicia.
Los casos de gran connotación pública como los relacionados con delitos tributarios y financiamientos irregulares de campañas, han motivado una mayor fiscalización ciudadana al actuar de los senadores y diputados.
El caso Penta-SQM ha llevado a siete parlamentarios a enfrentar causas judiciales, de los cuales cinco están querellados y dos formalizados: el senador Iván Moreira y el diputado Felipe De Bussy.
Por otro lado, entre las causas judiciales más comunes se encuentran aquellas que se relacionan con el no pago de imposiciones, en los que se contabilizan 27 casos, con diversos montos involucrados. Causas que, en su mayoría, están cerradas.
Además de los procesos ya señalados, hay otros 11 que tienen relación con fraudes al fisco o delitos tributarios.
Otros hechos por sí mismos relevantes son la formalización por Caso Corpesca de Jaime Orpis, la investigación por el caso de becas Valech que involucró a Daniel Farcas, el caso de violación a los derechos humanos que involucró al diputado Rosauro Martínez y la causa que involucró a Marcelo Chávez por conducción en estado de ebriedad, caso en el cual fue denegado su desafuero.
Christian Urizar y Jorge Sabag quienes fueron formalizados por fraude al fisco tampoco fueron desaforados, en tanto Cristina Girardi y Gustavo Hasbún han enfrentado querellas por injurias y calumnias sin perder su fuero.
No así, Gaspar Rivas. El diputado que realizó duras declaraciones en contra del empresario Andrónico Luksic fue desaforado y enfrenta una querella por el mismo cargo de Girardi y Hasbún, sin embargo su proceso continúa vigente. El parlamentario estimó que en los casos donde sea fehaciente el delito cometido, debe ser causal de inhabilitación para continuar la labor legislativa.
“Esta es una situación que, la verdad, complica a la clase política de cara a la ciudadanía, y no hace más que corroborar que la gente tiene razón al desconfiar de sus parlamentarios. Pero en definitiva, eso claro que es indicativo que la poca legitimidad que tenía la clase política frente a la ciudadanía la pierde cada día más por sus actos, no por capricho del ciudadano. Y eso es incuestionable y una verdad que no puede ser desmentida por los propios parlamentarios”, expresó el diputado.
Por otro lado, el abogado querellante en el caso SQM, Carlos Hidalgo estima que estas situaciones que han enfrentado los parlamentarios los coloca en una posición reñida con el perfil que deberían tener quienes elaboran las leyes y devela una doble cara de algunos parlamentarios que no cumplen las normas que ellos mismos crean.
“Me parece muy bueno por un lado, porque eso quiere decir que está funcionando el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que cometen un ilícito deben ser investigadas y en ese sentido el hecho que sean parlamentarias o no en que se realice o no se realice esa investigación. Pero claramente habla de que hay prácticas extendidas en todo el espectro de partidos políticos y de parlamentarios que claramente están reñidas con lo que señala la ley”, declaró el jurista.
A juicio de la cientista política del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, la deslegitimidad del Parlamento viene desde antes de estos casos judiciales y se explica por la falta de conexión entre los diputados y senadores con sus representados, situación de desconfianza que se profundiza con estas demandas. Un elemento importante que recalcó es la necesidad de regulación en la relación entre el dinero y la política.
“Recién se ha empezado a ver y se ha cuestionado por parte de la ciudadanía ciertas prácticas que hasta hace poco no eran cuestionadas. Es decir, hay una ciudadanía más activa que ahora sí cuestiona prácticas porque ve que eso en los resultados finales de las políticas públicas les afecta. Y por lo tanto, en otro nivel de cosas tiene que haber una mejor regulación de la relación entre el dinero y la política”, explicó la académica.
Que los procesos judiciales concluyan como corresponde, regular el lobby apuntando a la igualdad de condiciones y potenciar la participación ciudadana, son ideas que planteó la académica ante una situación que ha puesto en tela de juicio el prestigio de la labor legislativa del país.
Al menos el 46 por ciento de los parlamentarios ha enfrentado en los últimos cinco años alguna causa judicial. En diversos tipos de diligencias, son 21 senadores y 53 diputados los que han debido enfrentar a la justicia.
Los casos de gran connotación pública como los relacionados con delitos tributarios y financiamientos irregulares de campañas, han motivado una mayor fiscalización ciudadana al actuar de los senadores y diputados.
El caso Penta-SQM ha llevado a siete parlamentarios a enfrentar causas judiciales, de los cuales cinco están querellados y dos formalizados: el senador Iván Moreira y el diputado Felipe De Bussy.
Por otro lado, entre las causas judiciales más comunes se encuentran aquellas que se relacionan con el no pago de imposiciones, en los que se contabilizan 27 casos, con diversos montos involucrados. Causas que, en su mayoría, están cerradas.
Además de los procesos ya señalados, hay otros 11 que tienen relación con fraudes al fisco o delitos tributarios.
Otros hechos por sí mismos relevantes son la formalización por Caso Corpesca de Jaime Orpis, la investigación por el caso de becas Valech que involucró a Daniel Farcas, el caso de violación a los derechos humanos que involucró al diputado Rosauro Martínez y la causa que involucró a Marcelo Chávez por conducción en estado de ebriedad, caso en el cual fue denegado su desafuero.
Christian Urizar y Jorge Sabag quienes fueron formalizados por fraude al fisco tampoco fueron desaforados, en tanto Cristina Girardi y Gustavo Hasbún han enfrentado querellas por injurias y calumnias sin perder su fuero.
No así, Gaspar Rivas. El diputado que realizó duras declaraciones en contra del empresario Andrónico Luksic fue desaforado y enfrenta una querella por el mismo cargo de Girardi y Hasbún, sin embargo su proceso continúa vigente. El parlamentario estimó que en los casos donde sea fehaciente el delito cometido, debe ser causal de inhabilitación para continuar la labor legislativa.
“Esta es una situación que, la verdad, complica a la clase política de cara a la ciudadanía, y no hace más que corroborar que la gente tiene razón al desconfiar de sus parlamentarios. Pero en definitiva, eso claro que es indicativo que la poca legitimidad que tenía la clase política frente a la ciudadanía la pierde cada día más por sus actos, no por capricho del ciudadano. Y eso es incuestionable y una verdad que no puede ser desmentida por los propios parlamentarios”, expresó el diputado.
Por otro lado, el abogado querellante en el caso SQM, Carlos Hidalgo estima que estas situaciones que han enfrentado los parlamentarios los coloca en una posición reñida con el perfil que deberían tener quienes elaboran las leyes y devela una doble cara de algunos parlamentarios que no cumplen las normas que ellos mismos crean.
“Me parece muy bueno por un lado, porque eso quiere decir que está funcionando el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que cometen un ilícito deben ser investigadas y en ese sentido el hecho que sean parlamentarias o no en que se realice o no se realice esa investigación. Pero claramente habla de que hay prácticas extendidas en todo el espectro de partidos políticos y de parlamentarios que claramente están reñidas con lo que señala la ley”, declaró el jurista.
A juicio de la cientista política del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile María Cristina Escudero, la deslegitimidad del Parlamento viene desde antes de estos casos judiciales y se explica por la falta de conexión entre los diputados y senadores con sus representados, situación de desconfianza que se profundiza con estas demandas. Un elemento importante que recalcó es la necesidad de regulación en la relación entre el dinero y la política.
“Recién se ha empezado a ver y se ha cuestionado por parte de la ciudadanía ciertas prácticas que hasta hace poco no eran cuestionadas. Es decir, hay una ciudadanía más activa que ahora sí cuestiona prácticas porque ve que eso en los resultados finales de las políticas públicas les afecta. Y por lo tanto, en otro nivel de cosas tiene que haber una mejor regulación de la relación entre el dinero y la política”, explicó la académica.
Que los procesos judiciales concluyan como corresponde, regular el lobby apuntando a la igualdad de condiciones y potenciar la participación ciudadana, son ideas que planteó la académica ante una situación que ha puesto en tela de juicio el prestigio de la labor legislativa del país.
