La jefa y subjefa de la bancada comunista y de Izquierda Ciudadana, diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, asistieron al Consejo de Defensa del Estado para solicitar a la entidad que se involucre en la indagación al holding Laureate.
Las parlamentarias dieron cuenta de que las instituciones dependientes del grupo económico se financian con aranceles, Crédito con Aval del Estado y el Fondo de Desarrollo Institucional, que significa aporte directo del Estado. En consecuencia, esperan que el CDE con sus atribuciones judiciales investigue si hay o no un daño a los intereses patrimoniales del fisco.
La diputada Karol Cariola afirmó que el grupo Laureate con su defensa a las declaraciones de la Ministra de Educación que lo inculpan, se estaría “pisando la cola”, puesto que hay información de una auditoria solicitada por la Universidad Andrés Bello donde se comprueban servicios educativos no prestados. “Se comprobó que entre el 2010 y 2013, la UNAB traspasó a Laureate 30 mil millones de pesos gracias a cuatro contratos firmados con sociedades ligadas a los controladores. En relación a esos contratos, el informe establece que no existe documentación que haga efectiva la presentación de estos servicios ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para la universidad”, dijo.
En tanto, la parlamentaria Camila Vallejo sostuvo que recurrieron al CDE porque cuenta con buenos profesionales para llevar a cabo una profunda investigación. “Esta fórmula de triangulaciones, contratos interrelacionados, es ya conocida en nuestro país, sobre todo en educación como una manera de evadir la ley respecto al lucro. Aquí es un grupo económico que no solo está vulnerando la legislación chilena en materia educacional al prohibirse el lucro, sino además está atentando contra nuestra soberanía política”, expresó.
La vicepresidenta de la Fech, Javiera Reyes, también participó de la petición al CDE y enfatizó en que el Estado debe hacerse cargo del futuro de los estudiantes pertenecientes a las instituciones dependientes de Laureate. “El precedente que marca esta situación debe dejar claro para la Reforma en la Educación Superior, que el Estado no puede seguir aportando a instituciones que lucran y que no cumplen con ser un aporte para el país y nuestras necesidades como sociedad”, precisó.
En un afán de resguardo de derecho de los estudiantes a la educación, las legisladoras indicaron que se ha propuesto en el contexto de discusión de la ley de presupuesto, que se aliste un fondo de expansión de matrículas de universidades del Estado. La idea es que éstas se hagan cargo de los alumnos que se ven expuestos a situaciones complejas como sucede en el conflicto con el grupo Laureate.
En cuanto al pronunciamiento del Ejecutivo, la última declaración de la Ministra de Educación Adriana Delpiano fue que “las ganancias pueden ser legales en la medida que sean a través de otro tipo de sociedades, pero eso no quita que el espíritu de la ley de educación superior es que no se lucre con la educación”.
El Ejecutivo ha sido cuestionado parte de rectores y estudiantes por su tardía respuesta después de conocer las denuncias. En efecto, parlamentarios oficialistas están reuniendo firmas para citar a la Secretaria de Estado a que brinde explicaciones, tal como fue con la implementación de las nuevas universidades regionales esta semana.
La jefa y subjefa de la bancada comunista y de Izquierda Ciudadana, diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, asistieron al Consejo de Defensa del Estado para solicitar a la entidad que se involucre en la indagación al holding Laureate.
Las parlamentarias dieron cuenta de que las instituciones dependientes del grupo económico se financian con aranceles, Crédito con Aval del Estado y el Fondo de Desarrollo Institucional, que significa aporte directo del Estado. En consecuencia, esperan que el CDE con sus atribuciones judiciales investigue si hay o no un daño a los intereses patrimoniales del fisco.
La diputada Karol Cariola afirmó que el grupo Laureate con su defensa a las declaraciones de la Ministra de Educación que lo inculpan, se estaría “pisando la cola”, puesto que hay información de una auditoria solicitada por la Universidad Andrés Bello donde se comprueban servicios educativos no prestados. “Se comprobó que entre el 2010 y 2013, la UNAB traspasó a Laureate 30 mil millones de pesos gracias a cuatro contratos firmados con sociedades ligadas a los controladores. En relación a esos contratos, el informe establece que no existe documentación que haga efectiva la presentación de estos servicios ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para la universidad”, dijo.
En tanto, la parlamentaria Camila Vallejo sostuvo que recurrieron al CDE porque cuenta con buenos profesionales para llevar a cabo una profunda investigación. “Esta fórmula de triangulaciones, contratos interrelacionados, es ya conocida en nuestro país, sobre todo en educación como una manera de evadir la ley respecto al lucro. Aquí es un grupo económico que no solo está vulnerando la legislación chilena en materia educacional al prohibirse el lucro, sino además está atentando contra nuestra soberanía política”, expresó.
La vicepresidenta de la Fech, Javiera Reyes, también participó de la petición al CDE y enfatizó en que el Estado debe hacerse cargo del futuro de los estudiantes pertenecientes a las instituciones dependientes de Laureate. “El precedente que marca esta situación debe dejar claro para la Reforma en la Educación Superior, que el Estado no puede seguir aportando a instituciones que lucran y que no cumplen con ser un aporte para el país y nuestras necesidades como sociedad”, precisó.
En un afán de resguardo de derecho de los estudiantes a la educación, las legisladoras indicaron que se ha propuesto en el contexto de discusión de la ley de presupuesto, que se aliste un fondo de expansión de matrículas de universidades del Estado. La idea es que éstas se hagan cargo de los alumnos que se ven expuestos a situaciones complejas como sucede en el conflicto con el grupo Laureate.
En cuanto al pronunciamiento del Ejecutivo, la última declaración de la Ministra de Educación Adriana Delpiano fue que “las ganancias pueden ser legales en la medida que sean a través de otro tipo de sociedades, pero eso no quita que el espíritu de la ley de educación superior es que no se lucre con la educación”.
El Ejecutivo ha sido cuestionado parte de rectores y estudiantes por su tardía respuesta después de conocer las denuncias. En efecto, parlamentarios oficialistas están reuniendo firmas para citar a la Secretaria de Estado a que brinde explicaciones, tal como fue con la implementación de las nuevas universidades regionales esta semana.
La jefa y subjefa de la bancada comunista y de Izquierda Ciudadana, diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, asistieron al Consejo de Defensa del Estado para solicitar a la entidad que se involucre en la indagación al holding Laureate.
Las parlamentarias dieron cuenta de que las instituciones dependientes del grupo económico se financian con aranceles, Crédito con Aval del Estado y el Fondo de Desarrollo Institucional, que significa aporte directo del Estado. En consecuencia, esperan que el CDE con sus atribuciones judiciales investigue si hay o no un daño a los intereses patrimoniales del fisco.
La diputada Karol Cariola afirmó que el grupo Laureate con su defensa a las declaraciones de la Ministra de Educación que lo inculpan, se estaría “pisando la cola”, puesto que hay información de una auditoria solicitada por la Universidad Andrés Bello donde se comprueban servicios educativos no prestados. “Se comprobó que entre el 2010 y 2013, la UNAB traspasó a Laureate 30 mil millones de pesos gracias a cuatro contratos firmados con sociedades ligadas a los controladores. En relación a esos contratos, el informe establece que no existe documentación que haga efectiva la presentación de estos servicios ni tampoco ha sido posible identificar los beneficios específicos para la universidad”, dijo.
En tanto, la parlamentaria Camila Vallejo sostuvo que recurrieron al CDE porque cuenta con buenos profesionales para llevar a cabo una profunda investigación. “Esta fórmula de triangulaciones, contratos interrelacionados, es ya conocida en nuestro país, sobre todo en educación como una manera de evadir la ley respecto al lucro. Aquí es un grupo económico que no solo está vulnerando la legislación chilena en materia educacional al prohibirse el lucro, sino además está atentando contra nuestra soberanía política”, expresó.
La vicepresidenta de la Fech, Javiera Reyes, también participó de la petición al CDE y enfatizó en que el Estado debe hacerse cargo del futuro de los estudiantes pertenecientes a las instituciones dependientes de Laureate. “El precedente que marca esta situación debe dejar claro para la Reforma en la Educación Superior, que el Estado no puede seguir aportando a instituciones que lucran y que no cumplen con ser un aporte para el país y nuestras necesidades como sociedad”, precisó.
En un afán de resguardo de derecho de los estudiantes a la educación, las legisladoras indicaron que se ha propuesto en el contexto de discusión de la ley de presupuesto, que se aliste un fondo de expansión de matrículas de universidades del Estado. La idea es que éstas se hagan cargo de los alumnos que se ven expuestos a situaciones complejas como sucede en el conflicto con el grupo Laureate.
En cuanto al pronunciamiento del Ejecutivo, la última declaración de la Ministra de Educación Adriana Delpiano fue que “las ganancias pueden ser legales en la medida que sean a través de otro tipo de sociedades, pero eso no quita que el espíritu de la ley de educación superior es que no se lucre con la educación”.
El Ejecutivo ha sido cuestionado parte de rectores y estudiantes por su tardía respuesta después de conocer las denuncias. En efecto, parlamentarios oficialistas están reuniendo firmas para citar a la Secretaria de Estado a que brinde explicaciones, tal como fue con la implementación de las nuevas universidades regionales esta semana.
