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Año XI, 17 de septiembre de 2019

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Comunidad mapuche se enfrenta a familia Pinochet por demanda de tierras

Producto de un fallo del primer Juzgado de letras de Osorno, la comunidad indígena Llanquileo tendrá que desalojar los predios del fundo El Pafu de la comuna de Puyehue. La sentencia corresponde a un juicio iniciado por Julio Ponce Lerou. En tanto, desde la comunidad dicen estar tranquilos, pese a que ya han sido expulsados en otras oportunidades.

Abril Becerra

  Lunes 22 de agosto 2016 11:51 hrs. 
Fotos Micro-redes Comunidades Mapuche José Painecura Carahue  

Foto: Felipe PoGa

El 30 de julio de 2016 el primer Juzgado de Letras de Osorno dio cuenta de un fallo que sentenció a la comunidad Llanquileo a abandonar sus tierras.

El juicio comenzó en 1990 cuando el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, exhibió unos documentos que acreditaron la posesión del fundo. Posteriormente, la batalla quedó en manos de su hija Francisca Ponce Pinochet, quien denunció una toma “ilegítima” del predio.

El sector en cuestión corresponde al fundo El Pafu ubicado a 10 kilómetros aproximadamente de Laguna Espejo de la comuna de Puyehue, un área netamente agrícola que fue habitada por los comuneros a principios de 1900.

Según los testimonios presentes en el fallo, en la zona existió una “ocupación permanente e intensiva” de la cultura mapuche huilliche. En este sentido, el documento especifica que la principal actividad económica de la comunidad fue la agricultura y la ganadería. También relata que en el lugar se establecieron “sitios e hitos ceremoniales como un Trayen ko (salto de agua sagrado, el cual además es riquísimo en hierbas medicinales)  y un winkul (pequeño cerro o loma que (…) tiene un gen o espíritu protector)”.

De acuerdo a la contestación de la demanda, en 1999 la comunidad fue desalojada por carabineros y militares, quienes “quemaron los enseres domésticos”. “De esta manera, – los miembros de la comunidad indígena – tuvieron que subsistir en hogares y albergues proporcionados por la Ilustre Municipalidad de Puyehue al efecto,  por un lapso de tres meses, luego de los cuales tuvieron que incluso vivir en  la calle, en un medio urbano que no estaban acostumbrados”, añade el texto.

Posteriormente, en 2014 la comunidad volvió a habitar el terreno.

Hoy y de cara al fallo Juan Guerrero Castro, líder de la comunidad, dijo estar tranquilo: “Actualmente viven en el sector 21 familias, la mayoría agricultores. Nosotros somos nacidos y criados aquí y también criamos a nuestros hijos en este lugar”, comentó.

“Aquí llegaron mis abuelos en 1920 cuando no habían caminos y construcciones. Hemos estado siempre viviendo en este lugar”, relató.

El dirigente también señaló que la batalla judicial ha sido difícil. En esta línea, explicó que la familia Ponce Pinochet ha ejercido influencias en el caso. “Ellos, a través de la plata han arreglado documentos y además, en el tiempo de Pinochet tuvieron acceso a las escrituras lo que les permitió adjudicarse las tierras”, subrayó.

Esta semana el juicio vivió otro giro. Esto, porque el martes 16 de agosto la comunidad apeló al fallo, lo que retrasó su desalojo.

Según Juan Guerrero existen otras comunidades, además de la que lidera, que tienen procesos judiciales abiertos por demandas de tierras. En este sentido, expresó que “el Estado tiene una deuda con el pueblo mapuche, porque no los reconoce como personas ancestrales”. Esto, pese a estar  inscritos en el Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas de la Conadi.

El caso y la Ley Indígena 

El juicio contra la comunidad también coloca de manifiesto el peso que posee la Ley Indígena en este tipo de fallos.

Esto, ya que según el Artículo 1 de esta normativa “el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional  desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura”.

“Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender su ampliación”, dice.

Según Ana Llao, ex consejera de Conadi, “el Estado ha sido silencioso” porque no ha tomado las decisiones correspondientes pese a que existe una ley. “El Gobierno no ha cumplido lo que dice la Ley Indígena, tampoco ha cumplido lo que dice el Convenio 169. Entonces nos encontramos con un Estado indolente que ha dejado que los que tienen el poder económico sigan cometiendo injusticias y atrocidades contra los mapuche”, subrayó.

Además, Ana Llao fue crítica respecto del rol de la Conadi. De acuerdo a ello manifestó que  “esta institución esta intervenida políticamente”.

“La Conadi en vez de resolver estos temas está resolviendo los compromisos de los gobiernos. Está respondiendo a favores políticos, entonces no es una institución que está preocupada por velar por los derechos de los indígenas que es el objetivo por el cuál nació”, recalcó.

En este contexto, Juan Guerrera Castro indicó que por ahora han actuado solos, sin apoyo de organismos estatales o parlamentarios. Sin embargo, recalcó estar a la espera de la apelación realizada la semana recién pasada.