El alegato final de la presidenta suspendida Dilma Rousseff ante el pleno del Senado que la juzga por supuestos delitos de responsabilidad fiscal ha tenido por columna vertebral que se está produciendo un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional en Brasil.
En un discurso a veces emotivo y por momentos de tono elevado con aquéllos que defienden su destitución definitiva, Rousseff ha dicho que lo que está en juego ahora no es su mandato, sino la democracia brasileña.
La ex guerrillera ha recordado también que ya ha visto la muerte de cerca en dos ocasiones: una cuando fue torturada durante la dictadura brasileña y otra como consecuencia de la enfermedad, y que hoy sólo teme la muerte de la democracia.
En este sentido, Rousseff ha dicho que un gobierno “usurpador” como el de Michel Temer sentenciará a muerte los avances logrados en los mandatos del Partido de los Trabajadores (PT) al frente del gobierno.
“Estamos a un paso de una gran ruptura del orden constitucional, a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado”, dijo la mandataria, haciendo alusión a esta última etapa de juicio político.
Defendió que ha demostrado a lo largo del proceso que siguió todas las normas, reglas, metas, autorizaciones y previsiones pertinentes, por lo que las acusaciones siguen siendo a su parecer “infundadas”.
“Los resultados fiscales negativos son consecuencia de la desaceleración económica. Esconden la crisis de 2015, en 2015 tuvimos una caída del ingreso a lo largo del año de 180 mil millones menos, que no estaban previstos en la ley presupuestaria y tuvimos la mayor contingencia de la historia”, precisó.
Dijo que ante la situación debió de inmediato haber realizado una nueva contingencia, pero no lo hizo, basado en el respeto al pueblo. “La responsabilidad con la población justifica la decisión, si nosotros hubiésemos aplicado en julio la contingencia propuesta por los acusadores, se habría recortado 96 por ciento de los recursos disponibles para los gastos de la Unión, un recorte importante”, agregó.
Para el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, la Presidenta Dilma Rousseff está siendo usada como chivo expiatorio ante la gran cantidad de casos de corrupción que surgieron en Brasil “la clase política brasileña está intentando lavar sus culpas por intermedio del sacrificio de la Presidenta”, señaló.
En esa línea se refiero a la tibia defensa hecha por el Partido de los Trabajadores a Dilma Rousseff “el PT que es parte de este engranaje ha hecho algunas maniobras simbólicas y vemos un cuadro donde el partido se ha avenido a este escenario de destitución de la Presidenta con la opción que se adelanten las elecciones y pueda optar nuevamente a la presidencia”, agregó.
Dilma Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas “pedaladas fiscales”.
Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores han denunciado que se trata de un golpe de Estado que se desarrolla bajo la figura de juicio político.
De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada por un período de 8 años.
Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.
El alegato final de la presidenta suspendida Dilma Rousseff ante el pleno del Senado que la juzga por supuestos delitos de responsabilidad fiscal ha tenido por columna vertebral que se está produciendo un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional en Brasil.
En un discurso a veces emotivo y por momentos de tono elevado con aquéllos que defienden su destitución definitiva, Rousseff ha dicho que lo que está en juego ahora no es su mandato, sino la democracia brasileña.
La ex guerrillera ha recordado también que ya ha visto la muerte de cerca en dos ocasiones: una cuando fue torturada durante la dictadura brasileña y otra como consecuencia de la enfermedad, y que hoy sólo teme la muerte de la democracia.
En este sentido, Rousseff ha dicho que un gobierno “usurpador” como el de Michel Temer sentenciará a muerte los avances logrados en los mandatos del Partido de los Trabajadores (PT) al frente del gobierno.
“Estamos a un paso de una gran ruptura del orden constitucional, a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado”, dijo la mandataria, haciendo alusión a esta última etapa de juicio político.
Defendió que ha demostrado a lo largo del proceso que siguió todas las normas, reglas, metas, autorizaciones y previsiones pertinentes, por lo que las acusaciones siguen siendo a su parecer “infundadas”.
“Los resultados fiscales negativos son consecuencia de la desaceleración económica. Esconden la crisis de 2015, en 2015 tuvimos una caída del ingreso a lo largo del año de 180 mil millones menos, que no estaban previstos en la ley presupuestaria y tuvimos la mayor contingencia de la historia”, precisó.
Dijo que ante la situación debió de inmediato haber realizado una nueva contingencia, pero no lo hizo, basado en el respeto al pueblo. “La responsabilidad con la población justifica la decisión, si nosotros hubiésemos aplicado en julio la contingencia propuesta por los acusadores, se habría recortado 96 por ciento de los recursos disponibles para los gastos de la Unión, un recorte importante”, agregó.
Para el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, la Presidenta Dilma Rousseff está siendo usada como chivo expiatorio ante la gran cantidad de casos de corrupción que surgieron en Brasil “la clase política brasileña está intentando lavar sus culpas por intermedio del sacrificio de la Presidenta”, señaló.
En esa línea se refiero a la tibia defensa hecha por el Partido de los Trabajadores a Dilma Rousseff “el PT que es parte de este engranaje ha hecho algunas maniobras simbólicas y vemos un cuadro donde el partido se ha avenido a este escenario de destitución de la Presidenta con la opción que se adelanten las elecciones y pueda optar nuevamente a la presidencia”, agregó.
Dilma Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas “pedaladas fiscales”.
Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores han denunciado que se trata de un golpe de Estado que se desarrolla bajo la figura de juicio político.
De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada por un período de 8 años.
Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.
El alegato final de la presidenta suspendida Dilma Rousseff ante el pleno del Senado que la juzga por supuestos delitos de responsabilidad fiscal ha tenido por columna vertebral que se está produciendo un golpe de Estado, una ruptura del orden constitucional en Brasil.
En un discurso a veces emotivo y por momentos de tono elevado con aquéllos que defienden su destitución definitiva, Rousseff ha dicho que lo que está en juego ahora no es su mandato, sino la democracia brasileña.
La ex guerrillera ha recordado también que ya ha visto la muerte de cerca en dos ocasiones: una cuando fue torturada durante la dictadura brasileña y otra como consecuencia de la enfermedad, y que hoy sólo teme la muerte de la democracia.
En este sentido, Rousseff ha dicho que un gobierno “usurpador” como el de Michel Temer sentenciará a muerte los avances logrados en los mandatos del Partido de los Trabajadores (PT) al frente del gobierno.
“Estamos a un paso de una gran ruptura del orden constitucional, a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado”, dijo la mandataria, haciendo alusión a esta última etapa de juicio político.
Defendió que ha demostrado a lo largo del proceso que siguió todas las normas, reglas, metas, autorizaciones y previsiones pertinentes, por lo que las acusaciones siguen siendo a su parecer “infundadas”.
“Los resultados fiscales negativos son consecuencia de la desaceleración económica. Esconden la crisis de 2015, en 2015 tuvimos una caída del ingreso a lo largo del año de 180 mil millones menos, que no estaban previstos en la ley presupuestaria y tuvimos la mayor contingencia de la historia”, precisó.
Dijo que ante la situación debió de inmediato haber realizado una nueva contingencia, pero no lo hizo, basado en el respeto al pueblo. “La responsabilidad con la población justifica la decisión, si nosotros hubiésemos aplicado en julio la contingencia propuesta por los acusadores, se habría recortado 96 por ciento de los recursos disponibles para los gastos de la Unión, un recorte importante”, agregó.
Para el analista internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, la Presidenta Dilma Rousseff está siendo usada como chivo expiatorio ante la gran cantidad de casos de corrupción que surgieron en Brasil “la clase política brasileña está intentando lavar sus culpas por intermedio del sacrificio de la Presidenta”, señaló.
En esa línea se refiero a la tibia defensa hecha por el Partido de los Trabajadores a Dilma Rousseff “el PT que es parte de este engranaje ha hecho algunas maniobras simbólicas y vemos un cuadro donde el partido se ha avenido a este escenario de destitución de la Presidenta con la opción que se adelanten las elecciones y pueda optar nuevamente a la presidencia”, agregó.
Dilma Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas “pedaladas fiscales”.
Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores han denunciado que se trata de un golpe de Estado que se desarrolla bajo la figura de juicio político.
De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada por un período de 8 años.
Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.
