A comienzos de 1965, la escritora francesa Marcelle Auclair visitó en París la Embajada de España y le solicitó información sobre las circunstancias de la muerte de Federico García Lorca, de quien era muy amiga. “Es para una biografía”, dijo entonces.
El embajador consultó naturalmente con su jefe, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, quien un poco fuera de juego le pidió consejo a Camilo Alonso Vega, el ministro de Gobernación, en una carta el 24 de mayo. Como Vega no le contestó, le volvió a escribir el 2 de junio, donde le repitió la inquietud y le comentó que también consultó a Fraga, entonces ministro de Información y con los años fundador del Partido Popular. Allí sugirió la idea sobre abrir los archivos para sacar a la luz las circunstancias de la muerte de Lorca y así darle la información a la escritora francesa.
Finalmente Vega respondió el 25 de junio con una frase algo vaga: “Me inquieta la idea”. Luego le recomendó comunicar a la escritora que no se pudo establecer oficialmente “la forma en que el suceso ocurrió”. También agregó que “quizás más adelante si existiesen poderosas razones” podría llegar a abrir los archivos.
Dos semanas después, un oficial de policía de la Jefatura Superior de Granada redactó un informe de menos de dos carillas con un relato detallado sobre las circunstancias de la detención y muerte del poeta, dirigido al gobernador civil franquista de Granada, que dependía del ministro de Gobernación, Vega. En ese informe se le atribuyó al Gobierno Civil de entonces -encabezado por el Comandante Valdés, temido por su severidad e inclemencia- la detención, prisión, traslado y ejecución por orden de la autoridad política -junto a otro detenido cuya identidad se desconoce- del gran escritor.
Este es el primer registro oficial que da cuenta de las circunstancias de la muerte de Lorca. Allí se afirma que existió una orden de detención emitida por el Gobierno, que hubo un amplio operativo militar para detenerlo, detalla su estadía en un calabozo y su traslado al paraje de Viznar, Granada, donde fue ejecutado y enterrado. Sin embargo, aún falta un eslabón que ligue al documento de 1965 con los papeles policiales de 1936 donde tuvo que haber quedado registrado las circunstancias de la muerte del poeta.
Aquel informe confidencial del gobierno franquista fechado en 1965 fue entregado de forma anónima a la Fundación por la Recuperación de la Memoria Histórica en España y dio impulso a la investigación por la muerte del poeta andaluz en un juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Esto es posible gracias al mecanismo de jurisdicción universal, que permite que un país investigue crímenes de lesa humanidad que no son investigados en el país donde ocurrieron.
La mega causa por los crímenes del franquismo instruida por la Justicia argentina lleva seis años de desarrollo, decenas de exhortos y miles de páginas. La querella ahora busca que el Estado español certifique la autenticidad del documento recién revelado y de todos los documentos relacionados en sus archivos para probar que a Lorca lo mató el Estado franquista.
A comienzos de 1965, la escritora francesa Marcelle Auclair visitó en París la Embajada de España y le solicitó información sobre las circunstancias de la muerte de Federico García Lorca, de quien era muy amiga. “Es para una biografía”, dijo entonces.
El embajador consultó naturalmente con su jefe, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, quien un poco fuera de juego le pidió consejo a Camilo Alonso Vega, el ministro de Gobernación, en una carta el 24 de mayo. Como Vega no le contestó, le volvió a escribir el 2 de junio, donde le repitió la inquietud y le comentó que también consultó a Fraga, entonces ministro de Información y con los años fundador del Partido Popular. Allí sugirió la idea sobre abrir los archivos para sacar a la luz las circunstancias de la muerte de Lorca y así darle la información a la escritora francesa.
Finalmente Vega respondió el 25 de junio con una frase algo vaga: “Me inquieta la idea”. Luego le recomendó comunicar a la escritora que no se pudo establecer oficialmente “la forma en que el suceso ocurrió”. También agregó que “quizás más adelante si existiesen poderosas razones” podría llegar a abrir los archivos.
Dos semanas después, un oficial de policía de la Jefatura Superior de Granada redactó un informe de menos de dos carillas con un relato detallado sobre las circunstancias de la detención y muerte del poeta, dirigido al gobernador civil franquista de Granada, que dependía del ministro de Gobernación, Vega. En ese informe se le atribuyó al Gobierno Civil de entonces -encabezado por el Comandante Valdés, temido por su severidad e inclemencia- la detención, prisión, traslado y ejecución por orden de la autoridad política -junto a otro detenido cuya identidad se desconoce- del gran escritor.
Este es el primer registro oficial que da cuenta de las circunstancias de la muerte de Lorca. Allí se afirma que existió una orden de detención emitida por el Gobierno, que hubo un amplio operativo militar para detenerlo, detalla su estadía en un calabozo y su traslado al paraje de Viznar, Granada, donde fue ejecutado y enterrado. Sin embargo, aún falta un eslabón que ligue al documento de 1965 con los papeles policiales de 1936 donde tuvo que haber quedado registrado las circunstancias de la muerte del poeta.
Aquel informe confidencial del gobierno franquista fechado en 1965 fue entregado de forma anónima a la Fundación por la Recuperación de la Memoria Histórica en España y dio impulso a la investigación por la muerte del poeta andaluz en un juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Esto es posible gracias al mecanismo de jurisdicción universal, que permite que un país investigue crímenes de lesa humanidad que no son investigados en el país donde ocurrieron.
La mega causa por los crímenes del franquismo instruida por la Justicia argentina lleva seis años de desarrollo, decenas de exhortos y miles de páginas. La querella ahora busca que el Estado español certifique la autenticidad del documento recién revelado y de todos los documentos relacionados en sus archivos para probar que a Lorca lo mató el Estado franquista.
A comienzos de 1965, la escritora francesa Marcelle Auclair visitó en París la Embajada de España y le solicitó información sobre las circunstancias de la muerte de Federico García Lorca, de quien era muy amiga. “Es para una biografía”, dijo entonces.
El embajador consultó naturalmente con su jefe, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, quien un poco fuera de juego le pidió consejo a Camilo Alonso Vega, el ministro de Gobernación, en una carta el 24 de mayo. Como Vega no le contestó, le volvió a escribir el 2 de junio, donde le repitió la inquietud y le comentó que también consultó a Fraga, entonces ministro de Información y con los años fundador del Partido Popular. Allí sugirió la idea sobre abrir los archivos para sacar a la luz las circunstancias de la muerte de Lorca y así darle la información a la escritora francesa.
Finalmente Vega respondió el 25 de junio con una frase algo vaga: “Me inquieta la idea”. Luego le recomendó comunicar a la escritora que no se pudo establecer oficialmente “la forma en que el suceso ocurrió”. También agregó que “quizás más adelante si existiesen poderosas razones” podría llegar a abrir los archivos.
Dos semanas después, un oficial de policía de la Jefatura Superior de Granada redactó un informe de menos de dos carillas con un relato detallado sobre las circunstancias de la detención y muerte del poeta, dirigido al gobernador civil franquista de Granada, que dependía del ministro de Gobernación, Vega. En ese informe se le atribuyó al Gobierno Civil de entonces -encabezado por el Comandante Valdés, temido por su severidad e inclemencia- la detención, prisión, traslado y ejecución por orden de la autoridad política -junto a otro detenido cuya identidad se desconoce- del gran escritor.
Este es el primer registro oficial que da cuenta de las circunstancias de la muerte de Lorca. Allí se afirma que existió una orden de detención emitida por el Gobierno, que hubo un amplio operativo militar para detenerlo, detalla su estadía en un calabozo y su traslado al paraje de Viznar, Granada, donde fue ejecutado y enterrado. Sin embargo, aún falta un eslabón que ligue al documento de 1965 con los papeles policiales de 1936 donde tuvo que haber quedado registrado las circunstancias de la muerte del poeta.
Aquel informe confidencial del gobierno franquista fechado en 1965 fue entregado de forma anónima a la Fundación por la Recuperación de la Memoria Histórica en España y dio impulso a la investigación por la muerte del poeta andaluz en un juzgado de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Esto es posible gracias al mecanismo de jurisdicción universal, que permite que un país investigue crímenes de lesa humanidad que no son investigados en el país donde ocurrieron.
La mega causa por los crímenes del franquismo instruida por la Justicia argentina lleva seis años de desarrollo, decenas de exhortos y miles de páginas. La querella ahora busca que el Estado español certifique la autenticidad del documento recién revelado y de todos los documentos relacionados en sus archivos para probar que a Lorca lo mató el Estado franquista.
