La comisión especial de la Cámara de Diputados despachó un informe negativo de la acusación constitucional contra la Ministra de Justicia, Javiera Blanco, por las irregularidades en las pensiones de funcionarios de Gendarmería.
La acusación promovida por Chile Vamos es la segunda en ser rechazada con tres votos a favor y dos en contra, estos últimos del diputado independiente René Saffirio y la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat.
La parlamentaria justificó su sufragio con que la Secretaria de Estado tuvo un actuar omisivo del deber de supervigilancia y cometió faltas a la probidad administrativa al conducir a terceros de la dirección de Gendarmería para que ciertas personas se beneficiaran al momento de jubilar.
Luego de la votación, Marcela Sabat sostuvo que se verifica nuevamente un “blindaje político” por parte de la Nueva Mayoría a la ministra, en perjuicio de las políticas públicas para mejorar el servicio.
“Sabíamos que íbamos a tener un voto político con búsqueda finalmente en la forma. Había dos capítulos que daban una verificación de infracciones a la ley como causales a la Constitución cuando se acusa a una ministra de Estado e hicieron caso omiso al fondo de la acusación que tenía que ver justamente con verificar esas infracciones a la ley”.
En tanto, el presidente de la Comisión que analizó la acusación constitucional, diputado PS Marcelo Schilling, desmintió que se estuviera protegiendo a la titular de Justicia.
“Creo que todo el proceder en estos ocho días de la Comisión hablan de lo contrario al aceptar que vinieran personas a testimoniar para entregar elementos del juicio que ayudaran a probar la existencia de tales o cuales irregularidades o ilícitos y se corriera el riesgo de que la comisión fuera descalificada porque nosotros no teníamos que entrar al mérito del asunto ni allegar elementos de prueba a las acusaciones que tiene el libelo”.
En cuanto a los motivos por los que los parlamentarios se mostraron en contra de la acusación, el diputado demócratacristiano, Jaime Pilowsky, sostuvo que ni siquiera el coordinador de la inculpación de mostró ser gran defensor de la acción que imposibilitaría por cinco años a la actual ministra de ejercer cargos públicos.
“No hay muchos argumentos para seguir sosteniendo que fue una acción directa de la ministra. Dice otorgamiento a algunos funcionarios de Gendarmería de aumentos considerables a sus remuneraciones, grados, escalas, etcétera, y la verdad es que quedó claro durante la exposición que tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho, la ministra no realizó ninguna acción que fuera posible de juzgamiento por parte del ordenamiento jurídico constitucional para realizar esos actos”.
El informe de la Comisión Especial fue despachado con este rechazo a la Sala de la Cámara de Diputados que este miércoles 7 de septiembre deberá revisarlo.
La Secretaria de Estado además de este libelo enfrenta otro por los problemas en el Servicio Nacional de Menores, el que será revisado hoy por los parlamentarios de la corporación.