Más vale encender una vela que maldecir en la oscuridad, dice el proverbio. Lo mismo leemos en la página oficial de Amnistía Internacional, institución que surge en 1961 a raíz de la detención injustificada de dos estudiantes portugueses, acusados de brindar por la libertad. El abogado británico Peter Benenson, indignado ante la situación, decidió iniciar una campaña de gran repercusión, mediante el periódico “The Observer”. Su llamada a la acción se reprodujo en los diarios a nivel mundial, lo que contribuyó a la generación de un nuevo movimiento global, que se funda sobre la idea de que todas las personas pueden actuar en conjunto y solidariamente en defensa de la justicia y la libertad; en favor de los derechos humanos.
Esta organización mundial se financia principalmente mediante donaciones de personas particulares. “Estas donaciones personales y no afiliadas permiten que Amnistía Internacional (AI) mantenga una independencia plena de todo gobierno, ideología política, interés económico o religión”, señalan. Por lo mismo, Amnistía no pide ni acepta dinero de gobiernos o partidos políticos para su actividad de investigación en derechos humanos, y solo recibe el apoyo de empresas previamente investigadas.
Amnistía Internacional se desenvuelve principalmente en tres áreas: campañas y acción, investigación y defensa, promoción y captación de apoyos. “Con nuestra minuciosa investigación y nuestro decidido trabajo de campaña, ayudamos a combatir los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Llevamos a torturadores ante la justicia. Cambiamos leyes opresivas. Y liberamos a personas encarceladas únicamente por expresar su opinión”.
La investigación acuciosa y comparada que sus expertos realizan sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos y empresas, permite a Amnistía Internacional influir en los responsables de la toma de decisiones; les permite ejercer presión para que se respeten los derechos fundamentales. Expresión de esta labor investigativa es el Informe anual, que documentó la situación de los derechos humanos en 160 países durante 2015.
Su campo de acción es amplio: control de armas, conflictos armados, abuso de las empresas, (de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas y 49 son países.), pena de muerte, derechos carcelarios, desaparición, tortura, pueblos indígenas, inmigrantes, derechos sexuales y reproductivos, discriminación, libertad de expresión, justicia internacional y lo que la contingencia exija.
Los logros de este movimiento global no han sido menores. Luego de 12 años de campaña contra la tortura, y gracias a las presiones ejercidas, Naciones Unidas aprueba la Convención contra la Tortura, en 1984. En 1993, Amnistía Internacional inicia una campaña por la creación de una Corte Penal Internacional (CPI) para ajusticiar a los genocidas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, la que se establece en 2002. La CPI es un tribunal permanente que investiga y juzga crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades nacionales no lo hacen. Hasta el momento, las investigaciones y enjuiciamientos de la Corte Penal Internacional se han centrado sobre todo en África. Sin embargo, también ha iniciado exámenes preliminares en Afganistán, Colombia, Georgia , Honduras, Irak, Ucrania y Palestina. Por último, recientemente, en 2014, y tras décadas de presión por parte de simpatizantes de Amnistía , entró en vigencia el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.
Relaciones de solidaridad como estas pueden apuntar a la construcción de una sociedad más justa, libre e igualitaria; si actuamos con la convicción de que es mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad, aunque la sombra que proyecte la luz de esa vela en la oscuridad no sea ni más ni menos que el insignificante reflejo de nuestra condición humana; débiles y temerosos ante el poder, egocéntricos e indolentes. Mejor es encender una vela, aunque la sombra que proyecte su luz no sea ni más ni menos que el insignificante reflejo de nuestra condición humana: decididos y valientes, solidarios y empáticos. Una expresión de esta complejidad aterradora es la ONU: con su férrea denuncia de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante la dictadura y en innumerables situaciones más, con su Consejo de Seguridad y sus miembros permanentes, que ejercen su derecho a veto, que en nombre de la paz y la seguridad nacional apoyan guerras. Y en especial, con sus silencios, ausencias e inoperancia en unos cuantos casos, inevitablemente determinados por la estructura del Consejo de Seguridad.
En Chile, la solidaridad internacional jugó un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos en la lucha antidictatorial. Instituciones como ACNUR, el CIM; personas como Roberto Kozak, Harald Edeistam, Frodde Niles; embajadas como las de México, Francia, Alemania, Italia, salvaron muchas vidas o contribuyeron en mayor o menor grado a ese fin. No se deben olvidar tampoco las sucesivas condenas a la dictadura por parte de la Asamblea General de ONU, los lapidarios informes de la Comisión de Derechos Humanos, la designación y destacada actuación de los Relatores Especiales designados para investigar las violaciones a los derechos humanos en Chile. A ello hay que añadir el apoyo económico entregado a las organizaciones de derechos humanos, por instituciones como OXFAM, Pan para el Mundo, Comunidad Europea, Consejo Mundial de Iglesias, etc., que les permitieron realizar su labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales. El impacto de esta solidaridad se tradujo en el creciente desprestigio y aislamiento de la dictadura y formó parte del proceso de lucha y movilización que condujo a su término.
