La privatización de derechos sociales que consagra la Constitución de 1980 es lo que buscan cambiar los movimientos sociales a través de distintas demandas que comprometen las necesidades de los ciudadanos.
En ese sentido, el Ejecutivo inició un proceso constituyente por medio de cabildos, que para los estudiantes si bien resulta un avance en participación ciudadana, les preocupa que sean sólo consultivos y no vinculantes. Así lo expuso el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocero de la Confech, Patricio Medina, quien además reconoció que le ha faltado al movimiento estudiantil socializar su apuesta por la Asamblea Constituyente.
“Mismas voces de derecha han dicho que cualquier reforma va a ser bloqueada en el Tribunal Constitucional, entonces nos parece importante que el Ejecutivo pueda tener una propuesta pronta de Asamblea Constituyente o Bicameral porque se teme mucho que las reformas educacionales sean bloqueadas posterior a la votación en la Cámara”, expresó el dirigente.
Medina aseguró que los próximos mensajes de las movilizaciones estudiantiles serán enfocados en los cambios a la Carta Magna.
Asimismo, trabajadores dan cuenta de cómo las transformaciones son impedidas por la ley fundamental y se inclinan por una Asamblea Constituyente donde se reúnan los ciudadanos y elijan representantes. El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, resaltó el abuso que facilita el texto vigente.
“Esta Constitución se hizo para cuidar a los empresarios, proteger al capital, a los poderosos y quitarles derechos a los jóvenes, a los ancianos, a los ciudadanos. Esta es una Constitución ilegítima que ha permitido que nos despojen de nuestras empresas públicas, del agua, de la salud, de los bienes públicos. Se permitió además la instalación de un Código del Trabajo, conocido como Plan Laboral, que hasta hoy tiene aplastado y sumido en la miseria al movimiento sindical chileno”, señaló el vicepresidente de la multigremial.
En tanto, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, le atribuyó a las autoridades de turno la definición de cuánto del presupuesto nacional se destina a la salud de las personas, sobre lo que él consideró se está al debe, puesto que Chile se ubica dentro de los países de la OCDE que menos aporta a este sector.
También identificó problemas conceptuales del derecho a la salud en la Constitución.
“Garantiza el derecho al acceso a la salud, no el derecho como tal. El garantizar el derecho supone una obligación del Estado, recursos, generar las condiciones para que el derecho pueda ser realidad, independiente de las condiciones de cada ciudadano, sobre todo económicas y sociales”, indicó Maturana.
De igual forma, la demanda ciudadana por aumento de las pensiones se instaló con una fuerza inusitada en nuestro país este año dando mayor impulso a las exigencias por el cambio de la Constitución y el modelo económico.
La privatización de derechos sociales que consagra la Constitución de 1980 es lo que buscan cambiar los movimientos sociales a través de distintas demandas que comprometen las necesidades de los ciudadanos.
En ese sentido, el Ejecutivo inició un proceso constituyente por medio de cabildos, que para los estudiantes si bien resulta un avance en participación ciudadana, les preocupa que sean sólo consultivos y no vinculantes. Así lo expuso el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocero de la Confech, Patricio Medina, quien además reconoció que le ha faltado al movimiento estudiantil socializar su apuesta por la Asamblea Constituyente.
“Mismas voces de derecha han dicho que cualquier reforma va a ser bloqueada en el Tribunal Constitucional, entonces nos parece importante que el Ejecutivo pueda tener una propuesta pronta de Asamblea Constituyente o Bicameral porque se teme mucho que las reformas educacionales sean bloqueadas posterior a la votación en la Cámara”, expresó el dirigente.
Medina aseguró que los próximos mensajes de las movilizaciones estudiantiles serán enfocados en los cambios a la Carta Magna.
Asimismo, trabajadores dan cuenta de cómo las transformaciones son impedidas por la ley fundamental y se inclinan por una Asamblea Constituyente donde se reúnan los ciudadanos y elijan representantes. El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, resaltó el abuso que facilita el texto vigente.
“Esta Constitución se hizo para cuidar a los empresarios, proteger al capital, a los poderosos y quitarles derechos a los jóvenes, a los ancianos, a los ciudadanos. Esta es una Constitución ilegítima que ha permitido que nos despojen de nuestras empresas públicas, del agua, de la salud, de los bienes públicos. Se permitió además la instalación de un Código del Trabajo, conocido como Plan Laboral, que hasta hoy tiene aplastado y sumido en la miseria al movimiento sindical chileno”, señaló el vicepresidente de la multigremial.
En tanto, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, le atribuyó a las autoridades de turno la definición de cuánto del presupuesto nacional se destina a la salud de las personas, sobre lo que él consideró se está al debe, puesto que Chile se ubica dentro de los países de la OCDE que menos aporta a este sector.
También identificó problemas conceptuales del derecho a la salud en la Constitución.
“Garantiza el derecho al acceso a la salud, no el derecho como tal. El garantizar el derecho supone una obligación del Estado, recursos, generar las condiciones para que el derecho pueda ser realidad, independiente de las condiciones de cada ciudadano, sobre todo económicas y sociales”, indicó Maturana.
De igual forma, la demanda ciudadana por aumento de las pensiones se instaló con una fuerza inusitada en nuestro país este año dando mayor impulso a las exigencias por el cambio de la Constitución y el modelo económico.
La privatización de derechos sociales que consagra la Constitución de 1980 es lo que buscan cambiar los movimientos sociales a través de distintas demandas que comprometen las necesidades de los ciudadanos.
En ese sentido, el Ejecutivo inició un proceso constituyente por medio de cabildos, que para los estudiantes si bien resulta un avance en participación ciudadana, les preocupa que sean sólo consultivos y no vinculantes. Así lo expuso el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y vocero de la Confech, Patricio Medina, quien además reconoció que le ha faltado al movimiento estudiantil socializar su apuesta por la Asamblea Constituyente.
“Mismas voces de derecha han dicho que cualquier reforma va a ser bloqueada en el Tribunal Constitucional, entonces nos parece importante que el Ejecutivo pueda tener una propuesta pronta de Asamblea Constituyente o Bicameral porque se teme mucho que las reformas educacionales sean bloqueadas posterior a la votación en la Cámara”, expresó el dirigente.
Medina aseguró que los próximos mensajes de las movilizaciones estudiantiles serán enfocados en los cambios a la Carta Magna.
Asimismo, trabajadores dan cuenta de cómo las transformaciones son impedidas por la ley fundamental y se inclinan por una Asamblea Constituyente donde se reúnan los ciudadanos y elijan representantes. El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Nolberto Díaz, resaltó el abuso que facilita el texto vigente.
“Esta Constitución se hizo para cuidar a los empresarios, proteger al capital, a los poderosos y quitarles derechos a los jóvenes, a los ancianos, a los ciudadanos. Esta es una Constitución ilegítima que ha permitido que nos despojen de nuestras empresas públicas, del agua, de la salud, de los bienes públicos. Se permitió además la instalación de un Código del Trabajo, conocido como Plan Laboral, que hasta hoy tiene aplastado y sumido en la miseria al movimiento sindical chileno”, señaló el vicepresidente de la multigremial.
En tanto, el presidente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, le atribuyó a las autoridades de turno la definición de cuánto del presupuesto nacional se destina a la salud de las personas, sobre lo que él consideró se está al debe, puesto que Chile se ubica dentro de los países de la OCDE que menos aporta a este sector.
También identificó problemas conceptuales del derecho a la salud en la Constitución.
“Garantiza el derecho al acceso a la salud, no el derecho como tal. El garantizar el derecho supone una obligación del Estado, recursos, generar las condiciones para que el derecho pueda ser realidad, independiente de las condiciones de cada ciudadano, sobre todo económicas y sociales”, indicó Maturana.
De igual forma, la demanda ciudadana por aumento de las pensiones se instaló con una fuerza inusitada en nuestro país este año dando mayor impulso a las exigencias por el cambio de la Constitución y el modelo económico.
