En el preciso instante de revisar nuestro calendario anual, sobran los innumerables sucesos históricos acaecidos en el mes de septiembre, cuyas consecuencias se palpan gravitantemente hasta los tiempos actuales. Ellas, por cierto, heridas muy profundas y devastadoras que no logran cicatrizar, producto de la huella ocasionada por la etapa más oscura, siniestra y macabra de la historia chilena, por más que los trasnochados seguidores del pinochetismo intenten desentenderse de aquello.

Evidentemente, que el quebrantamiento de la institucionalidad democrática hace 43 años y sus posteriores consecuencias, representa el acontecimiento más cruento de lo que se entiende como el período republicano de Chile. Fueron 17 años en que el miedo, el odio, la represión, la violencia y la miseria se apoderaron de nuestro país. Por tanto, el análisis y la reflexión durante estos días acerca de este hecho y sus repercusiones, resultan ser inevitables.

En ese contexto histórico y político, el triunfo del “NO” el 5 de octubre de 1988 marcó un hecho relevante, rodeado de anhelos y esperanzas para las chilenas y chilenos, puesto que implicó poner fin a la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet. Deseos relacionados con recuperar la democracia y la libertad en todas sus expresiones, y conquistado aquello, hacer justicia respecto a las violaciones a los Derechos Humanos y al terrorismo de Estado que caracterizó a esta macabra etapa en Chile.

No obstante, muchas de estas ilusiones y sueños se disiparon, desencadenando en una promesa fallida. Muestra de aquello, ha sido la incapacidad y/o falta de voluntad de generar transformaciones profundas en áreas en las que el régimen dictatorial consiguió prolongar su ideario, como las profundas desigualdades en la salud, la educación, la vivienda, trabajo, pensiones entre otras tantas.

Igualmente o más irrisorio aún, es el recuento y el análisis que puede efectuarse acerca de la incapacidad de la justicia chilena para que el principal responsable de los atropellos, torturas y asesinatos cometidos por el gobierno de facto, no fuese juzgado ni encarcelado. Este hecho puntual, quedará sin duda en los anales de nuestra historia como la principal deuda y como el brebaje más amargo en materia judicial.

Asimismo, indigna que pasados 26 años desde el epílogo de la dictadura cívico-militar, persistan los denominados “pactos de silencio” que han impedido esclarecer lo ocurrido, como por ejemplo, que recientemente seis diputados oficialistas se opusieran a culminar con el secretismo de la Comisión Valech. Esto, representa una de las peores lecciones históricas para las actuales y futuras generaciones, en relación al modo de hacer memoria y justicia en una materia que no ha estado exenta de ocultismos hacia la ciudadanía, lo cual implica un retroceso en el aprendizaje y concientización social respecto al valor e importancia de la dignidad humana. Lamentablemente, ésta sigue siendo violada prolongadamente a raíz de las profundas desigualdades sociales y económicas en materia laboral, educacional, de salud, de vivienda, género y previsional. Cuando suceden estas situaciones, hablar de dignidad se torna muy complejo.

En tal sentido, el rol discursivo y comunicacional ha sido protagónico en su afán de articular y legitimar los cánones de una institucionalidad ilegítima en su génesis, capaz de crear una realidad que insistentemente pretende discriminar, segregar y despojar al sujeto político de su condición como tal hasta la fecha, haciendo creer en la conciencia colectiva que la política o el hacer política se remite exclusivamente a la administración del Estado. Sin duda alguna, que el discurso ha cumplido con creces su tarea de despolitizar a la sociedad utilizando reiteradamente esa acepción que a muchos cientistas sociales y de la comunicación nos genera escozor: el sujeto “apolítico”.

En definitiva, estos hechos nos convocan a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro como sociedad. A criticar y a cuestionar con fuerza ideas absurdas y brutales, tales como, “no quedarnos anclados en el pasado” o “no quedarnos empantanados en una época que no vivimos, que no teníamos uso de razón o que no habíamos nacido”. ¿Cómo no hacerlo, si las profundas desigualdades sociales, económicas, de salud, educacionales, previsionales que todavía nos repercuten nacieron en dictadura? La lógica del actual sistema y sus poderes fácticos han sido exitosos en reafirmar y legitimar a ese pensamiento que insulta a la construcción histórica de un pueblo y su dignidad. Cabe recordar, que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Por ende, resulta una obligación y un imperativo como profesionales de las ciencias sociales, de la comunicación y de la sociedad entera, proseguir en la construcción de un lenguaje –y “ergo” de una realidad- que concientice acerca de lo que fue despojado en esos oscuros y criminales 17 años: la dignidad y condición de seres humanos y políticos.