Este 11 de septiembre se cumplen 43 años desde el Golpe cívico que militar que instauró en el poder el régimen dictatorial que encabezó Augusto Pinochet. Desde entonces transcurrieron 17 años de sangrienta dictadura en la cual miles de chilenos fueron ultimados o torturados y vejados por agentes represivos, muchos de los cuáles, hasta hoy, gozan de total impunidad.

Es esta situación la que inquieta y despierta las críticas de los familiares de víctimas de la violencia de Estado, que han visto con frustración los escasos avances en materia de verdad, justicia y reparación por parte de los gobiernos de la post dictadura.

“El Poder Ejecutivo tranzó con la dictadura la impunidad” afirma la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien afirma que permitir esa situación es volverse cómplice de los criminales.

Han pasado 26 años de post dictadura, ¿cuál es el balance que realizan al interior de la Agrupación respecto de avances en verdad y justicia?

Evaluar avances es bastante complejo porque da la sensación de que el poder judicial cada día cierra causas pero si una avalúa el fondo de estos procesos y de lo que ha significado en avances uno siente que es insuficiente lo que ha ocurrido. La verdad sigue siendo a medias y en la medida de lo posible fundamentalmente porque tenemos unas fuerzas armadas junto a civiles cómplices que son parte de un pacto de silencio que no ha permitido avanzar en estas causas. Uno no puede negar que hubo jueces que hicieron enormes esfuerzos por avanzar en verdad y justicia, pero son los mínimos, la inmensa mayoría siguieron la misma lógica desde la dictadura y le mejor evidencia es la aplicación de la media prescripción.

El poder legislativo en tanto no ha tenido un rol distinto, particularmente la derecha que ha tenido una actitud inclaudicable en impedir la creación de leyes que permitan avanzar en verdad y justicia, siempre ha apuntado a la impunidad y el poder ejecutivo, que tranzó con la derecha la impunidad como parte de la herencia dictatorial, junto con la constitución y el modelo económico, que nos tiene en esta lógica, hasta hoy, de relativización del terrorismo de Estado, con avances en algunos periodos pero con muchos retrocesos. Muchos de ellos se han transformado en cómplices, cuando uno permite esto se transforma en cómplice de la impunidad. Si la impunidad no ha sido más obscena es por la acción de las organizaciones de familiares que lo han impedido. Hoy día enfrentamos cosas importantes, exigimos el cierre definitivo del penal de Punta Peuco, no se sostiene su existencia, pero junto con ello demandar hoy, de forma inmediata, terminar con la justificación y ofensiva judicial, de un sector de la iglesia y de los medios de comunicación de pintar a los condenados como unos pobres viejitos para lograr su libertad.

Hoy se está en riesgo de que lo que se avanzó se pierda con la posible liberación de criminales como Miguel Krassnoff ¿Cómo enfrenta esta situación?

Me parece que lo que está pasando en el Poder Judicial es tan extremadamente grave, es un retroceso de lo que se ha avanzado, ya son varios criminales a los que la Corte de Apelaciones les ha entregado la libertad. Hace dos días salió en libertad González Betancourt, un agente de la dictadura de la Dicomcar que fue capaz en 1985 ser parte de un operativo que detiene a tres militantes del PC y él personalmente se acerca a uno de ellos y lo degüella, es un degollador, él es parte de un aparato represivo creado por Carabineros y nos hemos enterado de que la Corte de Apelaciones acogió un recurso por Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los criminales más crueles de la dictadura, está al nivel de un Hitler, de un Pinochet, está condenado a más de 400 años de cárcel, es responsable de innumerables crímenes y hoy la Corte de Apelaciones ordena a Gendarmería evaluar por qué le niega la libertad a un sujeto tan peligroso como ese. Aquí el tema no es de los familiares, no es decir “pobres familiares que han sufrido tanto”, lo que hay que asegurar es que esto no vuelva a ocurrir y accione como las que está haciendo la Corte de Apelaciones son inaceptables y en esa misma dirección no podemos entender que no exista pronunciamiento del gobierno, aquí no se trata de cada 11 de septiembre hacer una misa y recordar, hay que recordar esa fecha pero todos los días se deben hacer las acciones que estén a su alcance para que esto no vuelva a ocurrir, somos un país presidencialista y por lo mismo el rol de la figura del presidente es fundamental.

Da la impresión que pasan estas cosas y desde el gobierno giran la cabeza hacia otro lado.

Es que el gobierno no puede continuar en esta lógica, aquí hay un programa donde el tema de derechos humanos, la lucha contra la impunidad no interesa. Tienen que jugar su rol los partidos políticos los parlamentarios y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad para asegurar el nunca más. Chile es parte de legislaciones y tratados internacionales en todo ámbito y particularmente Chile se jacta de tener muchos vínculos y por su seriedad respecto de cumplir con esos acuerdos pero en el tema de derechos humanos los incumple de manera grosera. Hace pocos días en uno de los poderes del Estado se rechaza la posibilidad de conocer la verdad del Informe Valech, se entienden los votos de la derecha, pero de la Nueva Mayoría es inentendible, que se diga que es para proteger la intimidad de las víctimas, como Pepe Auth, es una burla, dan ganas de cachetearlo si lo tuviera en frente, pero nosotros seguiremos luchando, a pesar de la persecución y de las amenazas, las cuales son permitidas porque hay un gobierno que guarda silencio.

¿Con este silencio el gobierno avala la impunidad?

Son señales y esto de mantenerse al margen de situaciones tan graves como lo que ocurrió con los 50 años de secreto y no dar un golpe de timón y no respaldar con fuerza esa iniciativa la señal que se da es que no es un tema importante y que se permite la impunidad.

¿Entonces la palabra que resume a estos años de post dictadura es impunidad?

Sí. Ha habido una gran resistencia por verdad y justicia que honra a la sociedad chilena, pero la impunidad que impera es responsabilidad de aquellos que han tenido la posibilidad de cambiar las cosas y no lo han hecho.